Editorial
Durante las últimas décadas, Brasil transita uno de los más acelerados procesos de envejecimiento poblacional. La esperanza de vida del brasileño se ha incrementado desde los 54,1 años en 1960 hasta los 75,5 años en 2017. Ya se estima, con estadísticas demográficas, que en 2050 Brasil triplicará la cantidad de adultos mayores en relación a 2017. Uno de los grandes problemas que tiene el país es sobre el sistema previsional.
La parte de los ingresos de la masa de contribuyentes es cada vez más chica en relación al cada vez creciente aumento del gasto de los beneficiarios. Por esta razón, el sistema previsional brasileño es insostenible y debe adaptarse sí o sí a los requerimientos del siglo XXI. El déficit en seguridad social pasó de representar el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) hasta el 3% del PBI. De continuar ésta situación y no se reformase nada el déficit superaría ampliamente el 20% para 2050. Es necesario recalcar que el actual sistema previsional es de reparto: los actuales activos financian a los pensionados y si éstos no lo llegan a cubrir, esa parte la financia el Tesoro Nacional, lo que implica asumir un enorme pasivo con los actuales aportantes incrementando fuertemente la deuda pública e imposibilita cualquier equilibrio en las cuentas fiscales a futuro.
No es casualidad que una de las primeras reformas que hizo hincapié Jair Bolsonaro, fue la previsional, que ya tiene la aprobación definitiva del Senado. La nueva reforma acepta modificar el sistema de jubilaciones y, por primera vez, establece una edad mínima de retiro de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, tanto para los que trabajan en el sector público como para los que están en el privado. Asimismo, el aporte será de 15 años para las mujeres y de 20 para los hombres del sector privado, y de 25 años para los funcionarios públicos, tanto hombres como mujeres. Mientras que para obtener una jubilación completa las mujeres deberán haber hecho aportes durante 35 años y los hombres, durante 40. Esto permitirá en 10 años un ahorro fiscal de u$s200.000 millones. Lo que supondrá un gran respiro en materia fiscal y contribuirá a impulsar un crecimiento económico en el largo plazo.
Por otra parte, el Gobierno de Bolsonaro ha avanzado hacia un nuevo pacto federativo entre la Unión, los estados y los municipios con el objetivo de equilibrar la distribución de recursos y responsabilidades entre las diversas entidades de la Federación. El Gobierno envió al Congreso Nacional el Proyecto de Ley Complementario 149/2019, que formaliza “El Plan de Promoción del Balance Fiscal” tiene como objetivo apoyar a los estados en el corto plazo y proporcionar incentivos para el reequilibrio fiscal en el mediano plazo.
El plan establece un conjunto de objetivos y compromisos entre la Unión y las entidades subnacionales, lo que permite a la Unión otorgar garantías para operaciones de crédito, condicionadas a la promoción del ajuste fiscal estructural permitiendo la recuperación de la capacidad de pago de las entidades en 4 años. Si no se cumplen los objetivos de ajuste acordados, las entidades subnacionales pierden el derecho a los beneficios. Es fundamental éste punto ya que uno de los desafíos es buscar la forma de que los estados y los municipios tengan las cuentas fiscales equilibradas y no se tienten de subir el gasto cuando a los políticos se les antoje.
Por último, para incrementar la productividad la política económica de Bolsonaro se complementa con una apertura comercial orientada a negociar acuerdos de libre comercio entre países. Al abrirse al mundo y facilitar el acceso a los bienes e insumos externos y promover la especialización de cada país por medio de las ventajas comparativas, se permitirá un incremento de la producción y el consumo, consiguientemente una suba del bienestar. Asimismo, una mayor competitividad fomentará la eficiencia de los productores nacionales, aumentando la productividad.
A su vez, se busca profundizar la reforma el mercado laboral, una flexibilización que adecúe a las transformaciones propias del siglo XXI. Se buscará actualizar y modernizar los Estándares Reguladores de Seguridad y Salud Ocupacional (NR) y la consolidación y simplificación de los decretos laborales. El objetivo es garantizar la salud y seguridad de los trabajadores mediante reglas más simples, más claras y más racionales que no suponen una carga innecesaria para las empresas con la imposición de requisitos que contribuyen poco a este propósito.
En conclusión, de llevarse adelante todas estas reformas, y luego de la aprobación de la más importante, Brasil se perfila como uno de los grandes actores de la región en los próximos años con un crecimiento de la riqueza y el bienestar de los brasileños. Nuestro vecino debería servir de ejemplo para los políticos argentinos que se muestran temerosos de encarar las reformas económicas necesarias para crecer.
