Cuando un deudor se presenta pidiendo una reestructuración, su acreedor debe recibir elementos que le aseguren el cumplimiento de lo que pueda acordarse. Un defaulteador reiterado, como lo ha sido el gobierno argentino, está obligado con más razón a demostrar que podrá pagar. Debería no solo exponer un programa creíble, sino que es posible que le pidan el inicio de su ejecución. Ahora bien, ¿qué componente del programa es el primero que mirarán los acreedores? Sin duda el resultado fiscal, para comprobar que el superávit financiero (superávit primario menos intereses) hará posible o no, pagar lo convenido. Si ese resultado fuera cero, se mantendría el stock de la deuda. Este sería el límite inferior aceptable para la Argentina, ya que lo más probable es que se nos exija reducir la deuda en los próximos años, y sin conceder quitas ahora.
El Gobierno iniciado el 10 de diciembre de 2019 tiene sólo la opción de un ajuste fiscal ordenado si no quiere reincidir en un default contra reglas que nos vuelvan a aislar del mundo. El primer problema del presidente Alberto Fernández es ideológico. Actúa representando una coalición política que combina populismo e izquierda. Es la peor combinación para sustentar el programa que hace falta.
La magnitud de la reducción del gasto necesaria para apoyar un acuerdo sobre la deuda es de 6 puntos del PBI. La factibilidad de este objetivo no debiera ponerse en duda si se tiene en cuenta que el gasto público (nación, provincias y municipios) pasó de 27,1 a 45,4 puntos del PBI entre 2003 y 2015. El análisis de las áreas de mayor aumento del gasto durante ese periodo permite identificar cuales componentes son susceptibles de reducciones. La propuesta de la Fundación Libertad y Progreso es la siguiente.
Ahorros en % del PBI
- Racionalización administrativa Gobierno Nacional: 0,8%
- Racionalización administrativa provincias: 1,7%
- Depuración de planes sociales: 1,0%
- Reducción de subsidios a energía y transporte: 1,0%
- Reducción de subsidios económicos y gastos trib. 0,6%
- Supresión de obras públicas no prioritarias: 0,9%
- Total 6,0%
Del total de 18 puntos de incremento durante 2002-2018, 3.4 corresponden al aumento del gasto previsional motivado por el incremento del número de jubilados y pensionados por efecto de las moratorias. Este componente de gasto no se puede reducir sensiblemente, pero si corregir gradualmente en el futuro el desequilibrio del sistema. Entre otras medidas está el aumento de la edad jubilatoria.
La Fundación Libertad y Progreso propuso en noviembre de 2019 un conjunto de reformas estructurales que deben ser ejecutadas coordinadamente para hacer factible la reducción de 6 puntos del PBI.
Solo con una fuerte recuperación de la inversión privada en un marco de reglas de competitividad se podrá salir de la crisis transformando el circulo vicioso de la pobreza y el desequilibrio fiscal, en un círculo virtuoso que de por resultado un desarrollo sostenido y con estabilidad monetaria. Se deben crear un millón de empleos privados por año. Ello permitiría absorber los jóvenes que ingresarán al mercado laboral, además de un millón de empleados públicos en cuatro años, Una parte sustancial de receptores de planes sociales y de personas que hoy están en la economía informal.
Para lograr el ajuste del gasto y su sustentabilidad son necesarias las siguientes reformas que liberen las fuerzas del sector privado.
1 – Reforma de la administración nacional: Su objetivo es reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la gestión. asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar. Comprende: i) Cambios en las normas laborales del sector público para incorporar la gestión por resultados. Continuar con la digitalización y las mejoras en la tecnología informática. ii) un Decreto con nueva estructura (hay un organigrama propuesto) en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164, de Empleo Público. Se definirán las unidades administrativas dependientes de cada uno de los ocho ministerios, hasta el nivel de direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría. iii) Designación de los ministros de la nueva estructura. En forma transitoria, por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios. En ese plazo cada nuevo ministro cubre los cargos de la nueva estructura dando prioridad al personal en disponibilidad. Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley N° 25.164 Art 11 (No cumplen tareas; pero cobran sueldos por uno o dos años. Así se evita el costo social de que queden sin ingresos.). iv) Incentivos a las empresas que los contraten: ej: eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.
2 – Reforma laboral. Privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad. Ello requerirá que se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Esta reforma requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas (por DNU o por Ley). Asegurar la libertad sindical. Desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación, y de la policía laboral. Modificar mediante decreto reglamentario, el Art 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo, por DNU o Ley) compensándola por un fondo y seguro de desempleo. Puede tomarse como ejemplo el aplicado en Austria, conocido como “mochila austríaca”.
3 – Reducción gradual de planes sociales a quienes menos los necesiten buscando incentivar darles empleo, por ejemplo, generalizando el plan “Empalme” Supresión de fondos asignados a la Economía Popular. Auditoría internacional para revisar los excesos cometidos en la asignación fraudulenta de las prestaciones por invalidez.
4 – Continuar con la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, normalizando en un plazo prudencial las tarifas y precios, para que cubran los costos más una ganancia que incentive la inversión en el sector. El impacto sobre los estratos de menores ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda (Tarifa Social).
5 – Elevación de la edad jubilatoria en un proceso que se iniciará igualando mujeres y varones en 65 años anunciado llegar en una década a 70 años para ambos sexos A las madres se les reconocerá el equivalente a dos años de aportes por cada hijo hasta un máximo de 7 años.
6 – Envío al Congreso de una Ley para la reforma de la Coparticipación Federal. Devolución de potestades tributarias a las provincias (Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos). Reemplazo de Ingresos Brutos por Ventas (son provinciales) y calibración de este con la alícuota del IVA (nacional) para empalmar con distribución primaria vigente. Supresión de la coparticipación vertical. Compatibilidad con actual distribución secundaria mediante un Fondo de redistribución horizontal que produzca un empalme con sistema vigente, pero que al quedar inamovibles esos porcentajes exija acompañar cualquier aumento de gasto de una provincia, con impuestos provinciales adicionales. De esa forma se alinearán los incentivos y se propenderá a gastar menos y mejor.
Mientras se logra modificar la coparticipación federal y sin esperar que ello ocurra se debe ratificar y ampliar el Acuerdo Federal firmado en 2016 poniendo metas de racionalización de las administraciones provinciales
7 – Anunciar la eliminación gradual del impuesto al cheque y de los derechos de exportación a medida que se disminuya el gasto público, pero con un curso preestablecido por ley.
8 – Trabajar en la concreción del Tratado de libre comercio Mercosur Unión Europea. Acordar con Brasil y los otros dos socios del Mercosur la forma reducción del arancel externo común. Iniciar la negociación de otros tratados bilaterales de libre comercio.
9 – Corregir las normas que impiden el uso de otras monedas, derogando el curso legal forzoso del peso. Facilitar el uso de dinero electrónico.
10 – Desregulación y simplificación normativa y simplificación del enjambre impositivo. Particularmente de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios. Desandar las normas intervencionistas (Ej. Ley de Alquileres, Ley de Góndolas).
Las medidas 1, 3 y 4 tienen por objetivo directo a reducir el gasto y lograr superávit fiscal (financiero) que permita disminuir la presión impositiva y reestructurar la deuda pública. Ese logro, acompañado de 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 constituirán el eje del plan a presentar al FMI y a los acreedores
Estas medidas económicas deberán acompañarse por la consolidación de una justicia eficiente e independiente, por mejor seguridad y por estabilidad política. Así se impulsará la inversión, la competitividad y la creación de empleo privado. Esto último hará factible la reducción del empleo público y de los subsidios sociales. De esa manera el actual circulo vicioso de estancamiento, déficit e inflación, se convertirá en el círculo virtuoso del crecimiento, el empleo, el mejoramiento del salario real y la estabilidad
