Abogado. Asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CRONISTA- Nuestro país ha completado su ciclo de inclusión prácticamente total al comprender a todos sus pobladores en ocupados dependientes o autónomos privados, empleados públicos nacionales provinciales y municipales, desocupados con subsidios y asistencia, subsidiados con cargo, y subsidiados graciables.
Con ello una parte de la población recibe ingresos provenientes de una actividad productiva de bienes o de servicios, y el resto se los financia con planes sociales, asistencia médica pública y privada, educación gratuita, y asistencia alimentaria. La Corte Suprema extendió la cobertura de los planes sociales a las mujeres detenidas con pena firme o con prisión preventiva con hijos menores de 5 años.
Este proceso de inclusión sistémica se denominó “flexiseguridad” y tuvo como objetivo que toda la población de un determinado país estuviere alcanzado por uno de los subsistemas de ingresos, y que nadie resultara excluido o marginado. A esos fines, se propiciaba un mercado laboral flexible con gran movilidad ascendente, un sistema de capacitación y entrenamiento muy operativo, y un régimen de desempleo y recolocación eficiente, en un contexto de crecimiento (Países Bajos, Ad Melkert 1995). Este desarrollo también de extendió a Dinamarca, y a modelos de Noruega, Suecia y Finlandia. Destacamos que son países con ingreso per cápita más altos de Europa, y de poblaciones muy reducidas con una calidad de vida superlativa.
El modelo, basado en países socialistas, ahora aplicado en los modelos populistas, tiene como eje de la problemática las proporciones de cada uno de los grupos precitados, y la lucha sistémica contra la pobreza la indigencia y sobre todo contra la desigualdad.
Salvando las enormes distancias, y teniendo en cuenta que nuestro país sigue con la economía retraída, parece fundamental salir de la decadencia y abordar
Cuando el sector productivo que recibe un ingreso en compensación a su trabajo y esfuerzo es menor al 30% de la población, como es nuestro caso, los impuestos y cargas sociales son altísimas acompañadas de una alta presión tributaria. El Estado elefantiásico, los impuestos regresivos y de proporcionas confiscatorias tienen como límite la cesación de pagos, tendencia que sigue en aumento dentro de la economía interna si se mantiene la estanflación (inflación + recesión) sin que se forjen las bases para fomentar la confianza, el ahorro, la inversión y el crecimiento sostenido.
En nuestro país poco más de diez millones de personas económicamente activas financian a más de treinta millones que por diversas causas sociales económicas o de la franja etaria no producen ni son productivas.
A medida que aumenta la proporción de la población que genera bienes y servicios retribuidos, los impuestos se moderan, y la distribución del ingreso para los grupos vulnerables se hace más razonable.
Otro tanto ocurre con la construcción de puentes de inclusión, según los cuales todos los grupos excluidos deben encontrarse bajo el cargo de que reciben la ayuda en la medida que se capaciten en un arte oficio o profesión con salida laboral y que compitan para lograr un puesto conveniente de trabajo remunerado. En la flexiseguridad el Estado asume como política clave la educación ligada a las nuevas tecnologías con salida laboral y al desarrollo de la investigación aplicada promoviendo entidades tales como la Fundación Leloir o los proyectos concretos del CONICET.
En nuestro país el proceso de gestación de los planes sociales y asistenciales lo inicia la gestión de Raúl Alfonsín con las Cajas PAN (Plan Alimentario Nacional) lo continúa la gestión de Carlos S. Menem con los Planes Trabajar, lo incrementan Nestor Kirchner y Cristina Fernández durante su gestión, los potencia Macri con incrementos en los montos y la extensión de los planes promovido por Carolina Stanley, y ahora los complementa la gestión de Alberto Fernandez con la Tarjeta Alimentaria del Plan Argentina contra el Hambre promovida por el Ministro Daniel Arroyo.
Las bases que se han tejido, en orden a lo que significa la flexiseguridad que el Estado debe afrontar son estratégicas y fundamentales. Ya se atenuaron los efectos de las necesidades más elementales, y se sigue adelante con los planes. Es razonable desalentar despidos y auxiliar a las empresas que esperan la reactivación mediante definiciones de políticas estatales como el caso de Vaca Muerta o la campaña en favor del turismo, o el desarrollo de nuevas inversiones de unicornios o de desarrollos tecnológicos. Sin embargo, el puente debe existir entre este momento y el tiempo que todavía pueden resistir los inversores sin que haya definiciones. Parece imprescindible contemplar en forma simultánea el imperativo de un acuerdo de refinanciación de la deuda externa con el relanzamiento de la economía apuntando a un futuro inmediato de crecimiento sustentable.
Ahora, que es imprescindible que se sienten las bases para que la economía se ponga en marcha y para ello es esencial poner atención en las necesidades de las empresas y en los conocimientos entrenamiento y capacitación que deben tener los futuros trabajadores. También habrá que articular las condiciones para que el mercado laboral pierda las rigideces actuales, contrarios a los principios más elementales de la productividad, y se adapten a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de organizar el trabajo.
La CGT, el Estado Nacional y los empleadores deberán afrontar una reformulación integral de los convenios colectivos celebrados en 1975 con muy pocas actualizaciones, y habrá que reanalizar un nuevo modelo de relaciones laborales que se adecue a los tiempos que están por venir.
