Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.
Han pasado ya tres meses desde la inauguración de los mandatos de algunos gobernadores y de nuevas legislaturas provinciales. No parece que se caigan muchas ideas. Lo que hemos visto es lo de siempre: más impuestos, abandonar compromisos para reducir el aumento del gasto o impuestos, otro tipo de gasto social, nuevos programas. Para los sectores productivos y/o para los contribuyentes, poco o nada, o más cargas.
Resulta que tiene una legislación particular, que obliga a su legislatura a aprobar cada año todo el código regulatorio del estado, o cae automáticamente. Curiosamente, eso es lo que ocurrió el 11 de abril de 2019. Tal vez por rencillas políticas en la legislatura, lo cierto es que no se aprobó esa renovación y todas dejaban de estar vigentes el 1 de julio de ese año. Estamos hablando de 8.200 páginas de regulaciones.
El gobernador, Brad Little, tenía ya un proyecto para reducir las regulaciones pero, de pronto, se encontró con esto. Lo primero que hizo fue pedir a todas las agencias del estado que tenían que presentar ante la División de Administración Financiera todas las regulaciones que querían mantener vigentes, antes del 10 de mayo, para que, en todo caso, las aprobara temporalmente. En enero de ese año el gobernador había aprobado dos decretos estableciendo que toda agencia que aprobara una nueva norma, tenía que derogar otras dos, algo que también aplicó Trump a nivel nacional y Macron en Francia.
El 21 de mayo el gobernador Little presentó su propuesta, por la que se eliminaban 139 capítulos completos y 79 parcialmente, el 34% de las regulaciones vigentes. Se abrió al comentario público hasta el 11 de junio. Las regulaciones aprobadas se publicaron el 19 de junio tras lo cual había otros 21 días de comentarios. El 19 de julio, Little propuso simplificar el 60% de las regulaciones hacia fines del 2019, buscando eliminar más que reformar normas.
Ahora, el 16 de enero de 2020, firmó dos decretos más. Uno se titula “Regulación base cero”, que crea un proceso de revisión del 20% de las normas cada año. El segundo se llama “Transparencia en Documentos para la Guía”, por los cuales las agencias tienen que explicar las normas en un lenguaje que sea comprensible para todos. También se aprobó una moratoria de nuevas normas para todo 2020, es decir no se dictarán nuevas. Como resultado de este proceso, Idaho redujo y simplificó un 75% de sus normas, unas 1800 páginas de regulaciones menos. El senador Hill calificó al estado como un “acumulador compulsivo” de normas y regulaciones.
Nada de esto parece estar en la mente de ninguno de los gobernadores, ni de los legisladores provinciales, más bien lo contrario. De todas formas, la experiencia plantea una discusión interesante: ¿es una cuestión de la cantidad de normas?
A veces una sola es mucho más destructiva que cientos de páginas de otras. Una resolución del Banco Central genera mayor descalabro económico que cuarenta leyes aprobadas en el Congreso, y cuyas resoluciones suelen ser para aprobar el día de la inmortalidad del cangrejo o cosas por el estilo. De todas formas, parece que no es lo mismo mil páginas del Boletín Oficial que una o diez.
Al respecto, Julio H. G. Olivera, un economista respetado por muchos, escribió un artículo muy interesante sobre este tema “El principio de Gossen y la estabilidad jurídica” donde plantea que, si hay un “punto de equilibrio” entre la demanda y la oferta de regulaciones, el estado debería pecar, digamos, hacia abajo. Porque si la “oferta” de regulaciones excede a su demanda, lo que tenemos son mercados negros, tal como lo vemos hoy en el mercado laboral, cambiario y tantos otros. Pero si es la “demanda” de regulaciones la que excede a la oferta, el mercado cierra esa brecha a través de contratos entre las partes. Idaho va por ese camino, nosotros por el otro. Si se trata de atraer inversiones y reactivar la economía, el resultado estará muy pronto a la vista.
