Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
EL PAÍS – Uno de los textos que más me atraen es el inscripto por un graffiti del mayo francés: “seamos realistas, pidamos lo imposible”. Y las izquierdas son en verdad realistas pues de tanto empujar al fondo de los asuntos en gran medida marcan las agendas. Esto ocurre mientras muchos de los partidarios de la libertad son timoratos y en la práctica se adaptan a lo “políticamente correcto” con lo que ceden posiciones a grandes trancos.
En materia educativa, es interesante el ejemplo reciente de Polonia que exhibe un éxito rotundo al haber ascendido al primer puesto de las pruebas PISA preparadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) debido a que luego de décadas de pésimos resultados, finalmente abrió la competencia y dejó de imponer estructuras curriculares desde el vértice del poder político y dio lugar a que cada institución educativa decida acerca del contenido de sus asignaturas.
Uno de los pilares de cualquier educación que se precie de tal consiste en fomentar el pensamiento independiente y en la capacidad de cuestionar el statu quo. Y no se trata de sostener que en las instituciones estatales no hay excelentes profesores y profesoras. Además no sería consistente con mi propia trayectoria fuera de las casas de estudio privadas si pensara que toda la enseñanza estatal es deficiente, puesto que fui profesor titular en cinco carreras en la Universidad de Buenos Aires. También fui director del Departamento de Doctorado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata.
En primer lugar un asunto terminológico: no es pertinente aludir a la “educación pública” puesto que la educación privada es también para el público, se trata de educación estatal lo cual de entrada suena mal del mismo modo que lo es el periodismo estatal, el arte estatal y equivalentes.
En la mayor parte de los países hoy, la denominada educación privada no es en rigor privada puesto que las secretarías y ministerios de educación están encargados de aprobar las respectivas estructuras curriculares. Estos procedimientos ilustran la columna vertebral del fascismo: se permite que la propiedad quede registrada a nombre de privados pero el gobierno usa y dispone de ella. En un país civilizado, los ministerios y las secretarías de educación deberían dejarse sin efecto y las acreditaciones, en los casos en los que se requieren, serían realizadas, tal como sucedía originalmente, a través de academias e instituciones privadas que, en el proceso, además, sirven de auditorías cruzadas y en competencia de responsabilidades por la calidad de los programas desarrollados en colegios y universidades.
Debe comprenderse que todos pagamos impuestos, especialmente los más pobres que pueden no haber visto nunca un formulario fiscal. Esto es así porque aquellos que son contribuyentes de jure reducen sus inversiones, lo cual, a su turno, contrae salarios e ingresos en términos reales, una secuencia que tiene lugar debido a que las tasas de capitalización constituyen la única explicación por la que se eleva el nivel de vida. Desde otra perspectiva, los costos por estudiante en las entidades estatales de educación son en general más elevados que en instituciones privadas, por la misma razón que opera “la tragedia de los comunes” ya que lo que es de todos no es de nadie.
Se ha sugerido el sistema de vouchers. Es cierto que este sistema exhibe un non sequitr : esto significa que de la premisa de que otras personas debieran ser forzadas a financiar la educación de terceros no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que el voucher (subsidios a la demanda) permite que el candidato en cuestión elija la entidad privada que prefiere. En cualquier caso, los vouchers también significan que principalmente son los pobres los que se ven obligados a financiar los estudios de los más pudientes por las razones antes apuntadas.
Se ha dicho repetidamente que la educación es un bien público, pero esta afirmación no resiste un análisis técnico ya que no calza en los principios de no-rivalidad y no-exclusión propios de los bienes públicos.
Una misma línea argumental es aplicable al “derecho a la educación”. No hay tal cosa. Un derecho implica que como contrapartida hay una obligación. Si alguien obtiene como salario 100 en el mercado laboral, hay una obligación universal de respetar ese ingreso. Pero si la misma persona alega que tiene “derecho” a obtener 200 que no obtiene con su trabajo lo cual es sin embargo garantizado por el aparato estatal, esto significa que otras personas serán compelidas a financiar la diferencia, lo cual lesionará sus derechos. Esta es la razón por la que el “derecho a la educación” -el reclamo sobre el bolsillo ajeno- es un pseudoderecho.
Por último, es muy cierto que la educación es fundamental pero más importante aun es el estar bien alimentado y ninguna persona de sentido común, a esta altura, propondrá que la producción de alimentos esté en manos del estado porque la hambruna es segura.
