La Ley de Góndolas y la interminable manía regulatoria

Hace pocos días, durante las sesiones extraordinarias del Senado, se aprobó lo que se ha dado en llamar Ley de Góndolas. Los impulsores del proyecto sostienen que, la intención de la ley, es lograr una equitativa exhibición de productos y evitar las posiciones dominantes de productos en grandes supermercados. En consecuencia, la ley, en sus puntos centrales, dispone un 30% de tope en el espacio de exhibición disponible por marca y no menos de cinco proveedores de un mismo producto por góndola. Asimismo, en las islas de exhibición y espacios próximos a las cajas de pago, resuelve que debe existir un espacio no menor al 50% que esté destinado a exponer productos elaborados por pymes.

La ley también prohíbe que las marcas alquilen espacios preferenciales en los supermercados para presentar su oferta de manera más destacada. Respecto a los productos de menor valor, no podrán tener poca visibilidad o estar ubicados en lugares de incómodo alcance para el consumidor.

En los días posteriores a la aprobación de la ley, se escucharon objeciones basadas en la dificultad para aplicar los criterios de la nueva norma, la limitada producción de pymes para responder a volúmenes de demanda supermercadistas y los problemas de empleabilidad de los repositores. Si bien es cierto que estas complicaciones serán consecuencias derivadas de la regulación, no vamos a caer aquí en el error y la miopía de analizar la mayor o menor practicidad y aplicabilidad de una ley pasando por alto el tema central: sus implicancias morales. No caben consideraciones de segundo orden sin antes destacar el escandaloso atropello a la propiedad privada y a los acuerdos libres implícitos en esta nueva legislación.

Mientras se debaten otras ideas respecto de cuál es el mejor sistema para garantizar “el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo”, debemos tener muy en claro que la democracia requiere de permanente vigilancia para mantener el poder en brete y preservar las autonomía individuales. Por consiguiente, para que los gobiernos hagan el menor daño posible y su radio de acción esté acotada a sus funciones específicas; los marcos institucionales y los límites al poder, resultan absolutamente indispensables.

En los países prósperos, se le otorga mucha relevancia a la continua custodia de estos aspectos ya que representan los cimientos para la preservación de la libertad, los incentivos al propio progreso y la cooperación social. Estos valores son los que, en última instancia, permiten gozar de altos standards de prosperidad social, cultural y económica.

La ley a la que nos referimos en esta breve nota, representa otro avance del Gobierno sobre la vida y la propiedad de los ciudadanos. Y, cuando decimos “gobierno”, no hacemos solamente una crítica a la presente dirigencia política sino a todas las que en los últimos ochenta años se han dedicado, de forma creciente e ininterrumpida, a invadir la vida de los argentinos y a disponer con descaro y prepotencia del fruto de su trabajo.

Originalmente el monopolio de la fuerza suponía -quizás ingenuamente- la facultad del gobierno para ejercer el mandato ciudadano de la defensa de los derechos y la preservación de la igualdad ante la ley. Sin embargo, los hechos han demostrado que la fuerza monopólica ha sido utilizada para volverse contra los mandantes.

En el caso que nos ocupa es importante subrayar que, en una sociedad civilizada y respetuosa, los propietarios de los supermercados -como cualquier otra asociación que ejerce una actividad lícita- deberían estar facultados para establecer contratos con quienes quieran y en los términos que libremente acuerden. Los comerciantes deberían tener la libertad de vincularse con la cantidad de proveedores que consideren oportuno, poder definir qué marcas se exhibirán en su establecimiento, vender los productos que crean prioritarios, determinar su cantidad, calidad y variedad; así como también su ubicación o protagonismo en las góndolas y todo aquello que estimen conducente para llevar adelante buenos negocios.

Si la gente considera deficiente la propuesta supermercadista, enviará al mercado las señales con la correspondiente intensidad para advertir a otros empresarios sobre necesidades insatisfechas. Si el proyecto nuevo sustenta los costos y ofrece atractivas ganancias a los accionistas, se creará un supermercado exclusivo de productos elaborados por pyme, de fabricación artesanal o lo que sea que la gente esté demandando.

Las pyme no van a prosperar porque el Gobierno obligue a los supermercados a colocar sus productos cerca de las líneas de caja, sino cuando decida no vivir más de ellas mediante impuestos insoportables y una impenetrable maleza de regulaciones y controles que las ahoga miserablemente.

Se debe comprender de una buena vez que el mercado es precisamente donde se encuentran oferentes y demandantes para hacer transacciones voluntarias de bienes y servicios. Es ahí donde, en cada transacción, ambas partes se benefician y, mediante la estructura de precios, se optimizan los siempre escasos recursos.

El cliente no es un infante que requiere un tutor o protector, buscará siempre sacar máximo provecho de sus transacciones, como ocurre con cada acción humana. El público no es ni más ni menos que el juez supremo que premia o envía a la quiebra a las empresas que compiten por satisfacerlo; es quien, con su compra o abstención, juzgará si la variedad y calidad de la oferta, se ajustan a los parámetros que busca.

Pero, lamentablemente, la Ley de Góndolas es otra demostración de la burocracia constructivista que pretende extender sus manías paternales a los planos más increíbles y solo acaba por evidenciar un desconocimiento supino acerca de qué es el mercado y cómo funciona.

La plaza supermercadista no es distinta a cualquier otra. En todo mercado, si se quiere obtener rédito, deberá uno esforzarse para satisfacer a la respectiva contraparte. El mercado, en un contexto de libertad, de respeto a la propiedad privada y donde sean posibles transacciones voluntarias y sin intervenciones exógenas, permite maximizar la utilización de los recursos, aporta a la movilidad social la dinámica necesaria y está siempre sujeto a las cambiantes preferencias de los consumidores.

Por el contrario, en mercados intervenidos, se pierden las referencias para el cálculo económico y los proyectos de inversión. En ese clima, ya no interesa mucho el cliente sino el poder de lobby de empresas o cámaras para pedir privilegios al gobierno a costa de otros.

¿Qué pasaría si una organización mafiosa, con suficiente poder como para imponer sus designios, obligara a la Asociación de Tenistas Profesionales a ubicar por decreto en la final de Wimbledon a un joven amateur? Pues bien, no solo sería un ataque a la libertad y la propiedad de todos los que han puesto esfuerzo e inversiones en el tour profesional, sino que se derrumban los incentivos a todos los niveles implicados en el negocio del tennis. El tenista que resultare injustamente promovido, se estaría valiendo de las inversiones de tiempo, esfuerzo y dinero de los demás contendientes. Es la mejor forma de aniquilar una estructura espontánea que, antes del atropello y basados en la cooperación social, había logrado la máxima optimización posible.

Así como decíamos que, en el mercado libre, la gente es aquel juez que premia o envía a la quiebra a las empresas conforme a su capacidad o ineficiencia para servir a su prójimo, en mercados intervenidos políticamente, los gobiernos son un verdugo implacable que envían a la quiebra a empresas eficientes y promueven a los amigos del poder.

Los “formadores de precios”

La parla sobre “formadores de precios” en un proceso económico abierto constituye un mito que contradice todas las experiencias. No hay más que prestar atención a las series estadísticas de precios en épocas de una menor dispersión de ofertas en nuestro medio, donde los precios no se incrementaban debido a que la inflación monetaria era sustancialmente menor a la actual. Este es el cáncer: la manipulación de la moneda por parte de la llamada autoridad monetaria y no la cantidad de comerciantes en un rubro. El tema central en este aspecto es que el mercado esté abierto a todo el que quiera competir.

Si realmente se apunta a retomar la senda del crecimiento y a ayudar a las empresas y a la gente de a pie, se debe bajar el gasto público, terminar con la asfixiante red de trabas como la que propone esta ley -la cual se suma a otras 69.000 regulaciones vigentes- y reducir drásticamente más 160 impuestos existentes en la actualidad.

El autor es Magister en Economía y Administración – @nygbertie