Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.
Hay una grieta conceptual por la que, en cada tema nuevo que aparece ante la opinión pública, se desata el debate acerca del papel del Estado y el del mercado, tanto sea en su origen como en su posible solución. Eso ocurre también con el coronavirus. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Puede el mercado resolver semejante problema?
Desde el punto de vista teórico eso ha sido discutido muchas veces, pero dado el dramatismo del tema, veamos ahora el problema desde una perspectiva práctica. Lo cierto es que existe una estructura de “salud pública” y en tal caso es mejor que haga algo, y que lo haga bien. Por cierto que no es mucho lo que puede hacer al respecto antes de caer en medidas drásticas y compulsivas, que es lo que distingue a toda acción estatal.
Puede aconsejar, sugerir ciertas conductas, pero esto es algo que el mercado ya está haciendo en forma relativamente efectiva. Y cuando hablo del “mercado” en verdad me refiero a todo tipo de acciones voluntarias, tanto sea de personas como de organizaciones. Esta división se sigue de la tradicional definición que la ciencia política da sobre el Estado: es aquella agencia que detenta el monopolio del uso de la fuerza en un determinado territorio. Ningún otro que no sea el Estado puede usarla y si lo hace es un criminal o delincuente y el Estado lo perseguirá.
Esas acciones voluntarias se han generalizado: las personas cancelan viajes y reuniones, se vacunan contra la gripe por las dudas, compran más alcohol en gel o barbijos; las empresas cancelan viajes de su personal, aumentan el número y las horas de sus empleados que trabajan en casa, se preparan para que muchos más lo hagan; las universidades postergan sus clases o las dictan online, y muchos casos más. Los medios informan (a veces asustan) y se transmite información al instante de la situación que permite saber dónde ir o no o cómo prepararse.
Las empresas más vinculadas con la salud hacen más cosas todavía: se preparan para un aumento exponencial de la demanda de ciertos productos, los seguros de salud para una avalancha de pacientes (recordemos que cada paciente es un costo para ellas así que harán todo lo posible para que haya menos afectados por el virus) y los laboratorios se lanzan en una carrera veloz para ver quién desarrolla una vacuna o algo para hacer frente al virus. Todas están invirtiendo para lo que se viene.
Nada de esto es coordinado por nadie en particular, un ejemplo más de aquella famosa metáfora de la “mano invisible”, un proceso de transmisión de información e incentivos que va enviando señales a todas las personas y organizaciones respecto a lo que hay que hacer y así coordinar las acciones de cada uno.
¿Y el Estado? Por un lado tiene un arma tan poderosa como peligrosa, esto es, el poder. Puede cancelar vuelos, o imponer cuarentenas o aislar zonas completas. No puedo decir si eso es necesario o no, pero sí que muchas veces los incentivos de la política terminan generando más problemas que soluciones. Ante una situación como esta, el político tiene que mostrar que hace algo. Dentro de todo, tuvimos suerte en que la epidemia llegó después de las elecciones; si hubiera llegado antes hubiéramos visto todo tipo de exageraciones y oportunismo político.
Como dicen quienes más saben, el principal problema que va a enfrentar el Estado es el posible colapso de la estructura de salud pública. Claro, como ocurre con el sector privado, no podemos exigirle que tenga una apropiada a la circunstancia de la noche a la mañana.
Pero esto debería hacernos pensar, hacia adelante, acerca de la estructura estatal que realmente queremos. Si ahora alguien planteara que el Estado debería tener una estructura de hospitales y servicios de salud preparada para estas circunstancias, digamos con stocks de productos y remedios para hacer frente a catástrofes, con equipamientos modernos, tal vez uno podría señalar que al Estado no le sobran recursos, que tiene un alto déficit y que está al borde del default de su deuda.
Precisamente, como los recursos son escasos, deberíamos preguntarnos si en lugar de dicho gasto queremos tener, por ejemplo, un astillero estatal que no produce barcos, una fábrica militar que provee casi nada a las fuerzas armadas, un canal de televisión que muy pocos ven, una mina de carbón o una aerolínea que pierden dinero todo el tiempo. Cantidad de empleados públicos y asesores de diputados o senadores, embajadas donde no hacen falta, maestros con todo tipo de licencias, estudiantes universitarios que deambulan por las aulas y nunca se reciben, subsidios por aquí y subsidios por allá.
Ahí están las razones de que la estructura de salud pública esté amenazada con colapsar y que muchos argentinos se puedan ver afectados, e incluso morir. Por eso somos “débiles” frente al coronavirus.
