Editorial
El mundo enfrenta una pandemia por el coronavirus que ha alcanzado ribetes dramáticos en algunos países y regiones. Los riesgos de su rápida difusión se acrecientan en el marco de la globalización, el desarrollo y el abaratamiento del trasporte aéreo. Tratándose de un virus hasta ahora no conocido, no se ha logrado todavía una vacuna que lo neutralice. El número de afectados y muertos en Italia y España ha alcanzado valores que, si bien no llegan a los de casos históricos como la fiebre amarilla, la gripe española o la poliomielitis, han sobrepasado la respuesta de sus actuales sistemas sanitarios. Las redes sociales y los medios hicieron conocer al mundo casos en los que los médicos debieron decidir a quién dejaban morir. En esta época estas situaciones no son concebibles. Esto explica la falta de previsión y preparación de los sistemas de salud y la consecuente improvisación. Por otro lado, permite entender la rápida expansión de manifestaciones de temor y hasta de pánico, extendidas a casi todo el planeta.
En estas circunstancias, los gobernantes y políticos reciben la presión social y la mayoría de ellos la procesa de manera de mantener su apoyo político y de evitar asumir culpas futuras por incapacidad o falta de previsión. En general se conducen por los beneficios más que por los costos, que se perciben más tarde.
Libertad y Progreso cree que las medidas de prevención frente a la llegada del coronavirus a la Argentina no deben demorarse, pero que deben ser evaluadas y diseñadas teniendo en cuenta la minimización de sus efectos negativos económicos y sociales. Si no se estructuran esas medidas en forma adecuada, pueden producir un daño irreversible a personas y actividades productivas. Particularmente cuando deben prolongarse por los tiempos largos que se necesitan para vencer la epidemia. Siendo así, las cuarentenas obligatorias, el cierre de fronteras externas e internas, la suspensión de la operatoria bancaria, por ejemplo, dejan sin ingresos a cientos de miles de familias y producen la pérdida de empleos y la quiebra de emprendimientos. La salud de mucha gente seguramente se resentirá por estos efectos.
Deben buscarse caminos intermedios que alivien los daños económicos y sociales sin reducir sensiblemente el objetivo sanitario. El sector privado debería multiplicar los puestos de testeos. Con mejor información deberían levantarse o flexibilizarse las cuarentenas donde no sean estrictamente necesarias. Dada las necesidades de recursos que impone la crisis sanitaria y ya que no se cuentan con fondos extras para la actual contingencia, deben tomarse acciones para reducir el gasto público en áreas no prioritarias. Por ejemplo, la reducción de los salarios de los empleados públicos y el personal jerarquizado que no cumplan tareas por el aislamiento impuesto. Estos tendrán un ahorro por no tener que movilizarse a sus trabajos y el Estado contará con más recursos para atender la actual emergencia. Con el mismo objetivo, los que ocupan cargos políticos en el Estado deberían resignar una porción de sus ingresos. En definitiva, esto podría aliviar el sufrimiento de gran parte de la población ante la imposibilidad de desarrollar normalmente las actividades con las que se procuran sus ingresos.
La Fundación Libertad y Progreso acompaña y es solidaria en esta lucha. Considera que puede y debe contribuir a ella trabajando en el análisis y propuestas de forma de lograr los mejores resultados frente a la pandemia y al conjunto de la sociedad.
