Abogado. Asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CRONISTA – La cadena de pagos ya se rompió, con la determinación de los deudores de no pagar la deuda devengada, con los rechazos por la falta de fondos de los cheques diferidos, y con la parálisis y la facturación “cero” de la mayoría de las empresas que producen bienes o servicios.
El 80% de la economía está paralizada por la cuarentena, y todos los indicadores reflejan que el consumo está deprimido a niveles casi increíbles. Los emprendimientos minoristas, los trabajadores del monotributo y los trabajadores individuales y autónomos ya no tienen niveles de ingreso sustentable. En síntesis, todo se ha derrumbado y ahora surge la amenaza de que el mes de abril genere un estado general de parálisis, sin producción, sin facturación, sin compras sin pagos y sin cobranza.
No existen secretos, la cuarentena es incompatible con la actividad económica, y en la medida que se respete el primero se salvan vidas, si se trata de preservar la economía se salvan empresas.
Es una encrucijada difícil de resolver si no se recurre al valor intrínseco de los bienes jurídicamente tutelados por la Constitución Nacional y en ese plano se contraponen la vida humana y la salud frente al derecho de ejercer toda industria lícita y al de trabajar.
Algunas de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo tienen efectos parciales o antagónicos.
Los préstamos de tasa reducida para pagar los salarios duplican el pasivo, ya que luego habrá que pagar el crédito más los nuevos salarios devengados mientras continúa la facturación “cero”. La postergación de las cargas sociales duplica también el pago de las mismas en el mes de vencimiento sin que se haya recuperado un nivel de actividad razonable. Estos fenómenos dentro de una economía inestable tienen alguna justificación, en el medio de la pandemia no resuelven el problema de fondo, sino que lo agravan.
La continuidad de la cuarentena, y el escenario de abril mayo y junio nos coloca en la disyuntiva de que lo que haya que hacer hay que hacerlo ahora para llegar a julio con un mínimo de vida que permita rebotar y volver a crecer, obviamente desde el sótano. Los comités de crisis no hacen planes para los próximos veinte días, lo hacen para lo que resta del año como el corto plazo, y luego colocan en perspectiva el mediano y el largo.
Aún en actividades que se encuentran clasificadas como esenciales están pasando todo tipo de dificultades. En ellas más del 40% de la población no trabaja por encontrarse en el grupo de riesgo o por ser trabajadores con hijos bajo escolaridad a su cargo. Otro 15% es el ausentismo agravado por la sensibilidad de la pandemia. En rigor, se cuenta con más de la mitad de la dotación licenciada con salarios a cargo de la empresa. La otra tiene el peso de la producción bajo costos duplicados, y en condiciones operativas complejas, con graves problemas para cobrar las deudas, y con difícil acceso al crédito.
En el transporte de carga los camiones salen repletos para suministrar productos esenciales a los lugares más recónditos, y los choferes hacen una tarea denodada, pero regresan con el camión vacío. El gasoil se paga al contado los salarios otro tanto, y la rentabilidad es negativa. Cada operación que se hace, como en una arena movediza, la empresa se va hundiendo en la ciénaga.
Las empresas de menos de 100 trabajadores que están inoperativas ascienden a más del 75% en las más diversas actividades. Algunas se las ha tratado de incluir como esenciales, pero lo cierto es que aún cuando fueron reactivadas las clientela solo se aproximó en menos del 20% de los niveles anteriores a la cuarentena. Solo un 20% accedió a los créditos blandos, y muy pocos al REPRO y a los subsidios.
En síntesis, ya estamos inmersos en un estado cataléptico, afectando en particular a las actividades más vulnerables, sobre todo las que ya llevan casi un mes sin facturación, con mínima actividad amenazada la quiebra de hecho.
Que más habrá que hacer por los dos meses que quedan de veda, y por lo que significa regresar a la normalidad en el segundo semestre del año 2020.
Por lo pronto, va de suyo que hay que condenar a los que se aprovechan de la necesidad de toda la comunidad, a los usureros, a los piratas del comercio, a los que abusan de ser fabricantes o proveedores de productos esenciales, alimentos básicos, elementos de higiene y antisépticos, y sobre todo de los insumos médicos y de asistencia a la salud que imponen precios abusivos o usurarios. La usura en el contexto de la necesidad generada por una pandemia no tiene ninguna justificación ética y merece el repudio general.
El Estado tendrá que hacerse cargo de los salarios, más allá de lo ya concedido parcialmente, a través de un mecanismo que se ya que abril será un mes de profunda caída de los ingresos, pero mayo el cuadro se convertirá en terminal. En aquel momento la inmovilidad podría dejar un tendal de empresas quebradas o como ocurrirá con las pymes, sencillamente desaparecidas.
En rigor es imprescindible que las empresas lleguen a junio/julio con un mínimo de estado de salud, hibernadas, para poder dar el paso inicial para que revivan en condiciones razonables de supervivencia. Ya no alcanzan los créditos o los diferimientos, el Estado debe asumir las condonaciones y el pago total de los salarios de los trabajadores inactivos como lo han hecho los países más afectados por la pandemia.
