INFORMA WEB DE SANTIAGO – Desde la Fundación Libertad y Progreso realizan un análisis económico de cara a una salida de la cuarentena en el que preveen un escenario en el último trimestre de 2020 caracterizado por los siguientes puntos.
- Un elevado nivel de inflación consecuencia de una macrodevalución. La amplitud de la brecha cambiaria inducirá una pérdida y agotamiento de reservas, a pesar de sucesivas medidas de intervención y control cambiario.
- Caída de la demanda de dinero luego de haberse estabilizado durante la cuarentena.
- Elevado riesgo país a pesar de la reestructuración acordada de la deuda pública.
- Estancamiento del nivel de actividad, con dificultades de recuperación desde los bajos niveles de la cuarentena. Muy bajo nivel de inversión privada y pública.
- Déficit fiscal primario en niveles del orden de 4/5 puntos del PBI.
- Retraso salarial y de jubilaciones. Ídem planes sociales. Con fuertes reclamos.
El conjunto integrado de medidas, o sea el programa que se instrumente será determinante para una solución ordenada y la recuperación de la confianza que ponga en marcha un proceso positivo. Sólo con una fuerte recuperación de la inversión privada en un marco de reglas que promuevan la competitividad se podrá salir de la crisis transformando el círculo vicioso de la pobreza y el desequilibrio fiscal, en un círculo virtuoso que impulse un desarrollo sostenido y con estabilidad monetaria.
El cierre coyuntural de la brecha fiscal deberá reproducir la forma en que se lo logró entre 2002 y 2004: macrodevaluación no acompañada por salarios públicos, jubilaciones y planes sociales. Pero a diferencia de aquella política, se pondrá en marcha simultáneamente un programa estructural que lleve a la Argentina a un crecimiento del orden del 5% anual a partir de 2021, lo que permitiría crear cuatro millones de empleos privados productivos en cuatro años. Ello permitiría absorber el millón de jóvenes que ingresarán en ese período al mercado laboral, además de un millón de empleados públicos, un millón de receptores de planes sociales y un millón de personas que hoy están en la economía informal.
1 – Reforma laboral. Privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad. Ello requerirá que se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Esta reforma requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas (por DNU o por Ley). Asegurar la libertad sindical. Desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación y de la policía laboral. Modificar mediante decreto reglamentario, el Art. 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo, por DNU o Ley) compensándola por un fondo y seguro de desempleo. Puede tomarse como ejemplo el aplicado en Austria, conocido como “mochila austríaca”.
2 – Reforma de la administración nacional: Su objetivo es reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la gestión; asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar. Comprende: i) Cambios en las normas laborales del sector público para incorporar la gestión por resultados. Continuar con la digitalización y las mejoras en la tecnología informática. ii) Un Decreto con nueva estructura (hay un organigrama propuesto) en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164, de Empleo Público. Se definirán las unidades administrativas dependientes de cada uno de los ocho ministerios, hasta el nivel de direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría. iii) Designación de los ministros de la nueva estructura. En forma transitoria, por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios. En ese plazo cada nuevo ministro cubre los cargos de la nueva estructura dando prioridad al personal en disponibilidad. Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley N° 25.164 Art 11 (No cumplen tareas; pero cobran sueldos por uno o dos años. Así se evita el costo social de que queden sin ingresos.). iv) Incentivos a las empresas que los contraten: ej: eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.
3 – Reducción gradualde planes sociales a quienes menos los necesiten buscando incentivar darles empleo, por ejemplo, generalizando el plan “Empalme”. Supresión de fondos asignados a la Economía Popular. Auditoría internacional para revisar los excesos cometidos en la asignación fraudulenta de las prestaciones por invalidez.
4 – Reducción hasta la eliminación de los subsidios a la energía y al transporte, normalizando en un plazo prudencial las tarifas y precios, para que cubran los costos más una ganancia que incentive la inversión en el sector. El impacto sobre los estratos de menores ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda (Tarifa Social).
5 – Elevación de la edad jubilatoria en un proceso que se iniciará igualando mujeres y varones en 65 años anunciado llegar en una década a 70 años para ambos sexos. A las madres se les reconocerá el equivalente a un año por cada hijo hasta un máximo de 7 años.
6 – Reforma de la Coparticipación Federal. Envío al Congreso de una Ley para la devolución de potestades tributarias a las provincias (Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos). Reemplazo de Ingresos Brutos por Ventas (son provinciales) y calibración de éste con la alícuota del IVA (nacional) para empalmar con la distribución primaria vigente. Supresión de la coparticipación vertical. Compatibilidad con actual distribución secundaria mediante un Fondo de redistribución horizontal que produzca un empalme con sistema vigente, pero que al quedar inamovibles esos porcentajes, exija acompañar cualquier aumento de gasto de una provincia, con impuestos provinciales adicionales. De esa forma se alinearán los incentivos y se pretenderá a gastar menos y mejor.
7 – Eliminación gradual del impuesto al cheque y de los derechos de exportación a medida que se disminuya el gasto público, pero con un curso preestablecido por ley.
8 – Apertura externa. Acompañar a los socios del Mercosur en la concreción de acuerdos de libre comercio. Acordar en el Mercosur la forma de reducción del arancel externo común.
9 – Desregulación y simplificación normativa. Particularmente de la normas de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios. Desandar las normas intervencionistas (Ej. Ley de Alquileres). Facilitar el uso de dinero electrónico.
10 – Fortalecimiento y respaldo de la moneda: Luego que se restablezca el nivel de las reservas, que podrán reforzarse con un swap o un préstamo sólo utilizable como respaldo, y cuando alcancen el nivel de la base monetaria al tipo de cambio libre vigente, se establecerá la convertibilidad peso-dólar. A diferencia de la que se implementó entre 1992 y 2001, el depositario de las reservas asignadas a la convertibilidad y su manejo, será una institución financiera internacional (Ej: Banco de Ajustes de Basilea)
Las medidas 2 a 5 apuntan a lograr superávit fiscal genuino que permita disminuir la presión impositiva y disipe totalmente la presunción de un futuro default. Ese logro, acompañado del resto de las medidas, constituirán el eje del programa para recuperar la confianza y la inversión, asegurar la estabilidad, reducir genuinamente las tasas de interés y expandir el crédito. Estas medidas económicas deberán acompañarse por la consolidación de una justicia eficiente e independiente, por mejor seguridad y por estabilidad política. Así se impulsará la inversión, la competitividad y la creación de empleo privado. Esto último hará factible la reducción del empleo público y de los subsidios sociales. De esa manera el actual circulo vicioso de estancamiento, déficit e inflación, se convertirá en el círculo virtuoso del crecimiento, el empleo, el mejoramiento del salario real y la estabilidad.
