Economista especializado en Desarrollo Económico, Marketing Estratégico y Mercados Internacionales. Profesor en la Universidad de Belgrano. Miembro de la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y Miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.
Lic. en Administración de Empresas. Magister en Economía Aplicada de la UCA. Doctorando en Economía en la UCA.
Por Agustín Etchebarne e Iván Cachanosky para INFOBAE
No es tan sorprendente que el Gobierno avance sobre la empresa Vicentin. Fernanda Vallejos había anticipado que el kirchnerismo quería quedarse con acciones de empresas privadas que el Estado tuviera que ayudar, en medio de una crisis brutal generada por una cuarentena mal administrada. El caso de Vicentin está claro que no se debe exclusivamente a la cuarentena, porque además está entre las empresas que producen bienes esenciales y en uno de los rubros menos afectados por la crisis actual. Vicentin es una empresa que venía mal hace rato y ha sido ayudada por el Banco Nación, algunos dicen de una manera desproporcionada. Además, es una empresa que ha invertido en los últimos 20 años en plantas de biodiesel, contrayendo deuda con distintas instituciones (en su mayoría internacionales). Sin embargo, como Argentina nunca solucionó su déficit fiscal de carácter estructural, llegó un momento donde los prestamistas nos dijeron “¡Basta!” al financiamiento, allá por el 2018. Entonces, renovar las líneas de crédito comenzó a volverse más difícil. Y ni hablar después de las elecciones PASO cuando el riesgo país se disparó para quedarnos totalmente fuera de los mercados internacionales que ya internalizaban que retornaba el populismo a la Argentina.
Es cierto que en EEUU y en Europa, en situaciones críticas, el Estado ha tomado en garantía acciones de empresas privadas a cambio de ayudarlas a enfrentar situaciones acuciantes de falta de liquidez. Pero hay enormes diferencias con la situación argentina. La expectativa en esos países es que, una vez superado los problemas, cuando la empresa logra devolver el paquete de ayuda recupera la tenencia de sus acciones. La intervención que hace el Estado en esos casos se funda sobre la idea de evitar el riesgo sistémico que puede generar la quiebra de una gran empresa, en términos de cortar la cadena de pagos y el consecuente efecto dominó que puede producir cuando el estado general de la economía se encuentra en situación preocupante. Quienes apoyan ese tipo de intervención dirían que para esos casos especiales el proceso habitual de concursos preventivos (el famoso chapter 11 de los Estados Unidos) podría no ser suficiente. No vamos a debatir hoy las debilidades que tienen esos razonamientos. Simplemente porque el caso argentino es diferente, y es mucho más grave ya que los desequilibrios económicos son estructurales y de raíz.
En Argentina el Gobierno ya nombró un “interventor” por decreto, lo cual ya es en sí mismo cuestionable. Segundo, advierte que la intervención será seguida por la expropiación de la empresa (cosa que debiera hacerse por ley). Tercero, más grave aún, el propio Presidente dice que “de esta manera estaremos un paso más delante de la soberanía alimentaria”.
La intervención del Estado para ayudar a las empresas privadas que sufren problemas de liquidez o de solvencia es sanamente debatible. También es cierto que el estrés financiero que sufre Vicentin, con una deuda que asciende a casi USD 1.600 millones, afecta a una enorme cantidad de sectores y de empleados. Pero la palabra expropiación en los labios de un gobierno que ha elogiado al dictador Maduro, cuyos miembros participan de los encuentros de los partidos comunistas y socialistas en Puebla y en el Foro de Sao Paulo, generan honda preocupación, ya que lo alejan de que sea una intervención con los tintes mencionados de un país desarrollado como Estados Unidos o países de Europa. Además, no es la primera empresa expropiada, y lo más grave es que probablemente no será la última. Sólo basta con hacer un poco de memoria para recordar que integrantes de este gobierno han sabido tener un fuerte apetito por este tipo de conductas: apropiación del ahorro previsional, reformas de carta orgánica para financiar al Tesoro, YPF, entre otras. El propio Presidente anticipa, para intentar minimizarlo, que alertaremos una vez más a la población sobre la potencial debacle económica que puede sobrevenir en nuestro país si seguimos los pasos de Venezuela. Pero si intentaba minimizar el efecto en las expectativas, agudizó la angustia de los empresarios y de una buena parte de los analistas con el tercer punto: el argumento de la “soberanía alimentaria” es un insulto a la inteligencia de los argentinos. El sector alimentario argentino es probablemente el uno de los más eficiente del mundo. Es un sector que es capaz de producir calorías equivalentes a las necesarias para alimentar a más de 400 millones de personas. Es un sector castigado brutalmente por los excesivos impuestos y regulaciones de un modo inaudito y sin igual en el mundo entero. En contrapartida, sabemos que el Estado jamás puede ser empresario, porque ser empresario implica asumir riesgo con tu propio capital. Es por eso que Alberdi decía que “lo único bueno que se puede hacer con un banco público, es cerrarlo”. Se quejan ahora de que el BNA habría sido demasiado laxo con los préstamos en los últimos años, pero esa es la esencia del Estado cuando hace de banquero. En concreto, los funcionarios no arriesgan su propio dinero y, en cambio, pueden recibir mil modos diferentes de favores de las empresas beneficiadas. Además, el Estado se verá imposibilitado de ser un buen gestor de empresas porque carecerá de toda visión innovadora, y sus fracasos serán solventados por los contribuyentes que cubrirán sus déficits anuales. Como el caso de Aerolíneas Argentinas que ya nos ha costado más de USD 7000 millones de dólares y costará mucho más próximamente. El socialismo ha demostrado que es capaz de fundir al país petrolero por excelencia de América Latina donde ya escasea hasta la gasolina, como también ha generado desastres de miseria, hambre y corrupción en todos los casos, sin ninguna excepción, donde ha logrado instalarse.
Fernández todavía goza de una popularidad alta por haber tomado la decisión unilateral y apresurada de encerrarnos en una suerte de prisión domiciliaria para frenar la pandemia. Pero la taba ya se está dando vuelta en el aire, y la popularidad ha empezado a descender y se desplomará en los próximos meses con el crecimiento exponencial de las quiebras de empresas. Tendrá entonces dos alternativas, profundizar los cepos, la represión de las libertades económicas y los controles estatales; o bien, encarar con madurez las reformas estructurales que nos lleven al camino de la libertad y del progreso. Va a ser difícil transitar caminos intermedios. En ese contexto, la expropiación de Vicentín anticipa cuál de los dos caminos es el elegido.
