Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.
Profesor de Finanzas e Historia Económica, Director del Centro de Estudios de Historia Económica y miembro del Comité Académico del Máster de Finanzas de la Universidad del CEMA (UCEMA). Profesor de finanzas en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (2013-14). Licenciado en Economía UBA (1985) Master of Business Administration (MBA) de la la Universidad de Chicago (1990). Autor de numerosos libros y artículos académicos sobre historia, economía y finanzas.
LA NACIÓN – La decisión del Poder Ejecutivo de disponer la intervención del Grupo Vicentin mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) pone de manifiesto tanto la desprolijidad de los funcionarios que han impulsado la medida como sus motivaciones ideológicas. En este aspecto hay un claro paralelismo con la intervención de YPF y posterior expropiación de Repsol en 2012. Hay al menos diez razones de peso para criticar esta medida:
1) El presidente Alberto Fernández ha instituido la arbitrariedad como principio guía de su gobierno. Esta expropiación es una decisión más acorde a un régimen absolutista y autoritario que a una democracia republicana con todas sus instituciones funcionando.
2) El Poder Ejecutivo ha violado el principio constitucional de división de poderes al interrumpir arbitrariamente un proceso judicial en curso, avasallando de hecho el Código de Comercio. Las leyes concursales establecen de que manera se dirimen las diferencias entre deudores y acreedores en casos como este. Además, la intervención mediante un DNU desnaturaliza el uso de este instrumento por parte del Poder Ejecutivo, ya que no había ni necesidad ni urgencia.
3) Vicentin sigue operando sus plantas y pagando sueldos. Con la intervención, el Gobierno pretende interrumpir negociaciones en curso entre los accionistas y diversos grupos locales y extranjeros para resolver la difícil situación financiera de la empresa. Estas negociaciones implicaban la cesión de su participación accionaria a interesados que no solo tienen experiencia en la gestión de este tipo de negocio sino que también estaban dispuestos a aportar el capital necesario para resolver los problemas financieros de la empresa.
4) Los interventores nombrados por el Gobierno que tendrán la responsabilidad de supervisar la gestión de la empresa en los próximos 60 días para preservar los puestos de trabajo y “asegurar la continuidad de sus operaciones” no tienen experiencia alguna en gestión de empresas, menos aún de la complejidad financiera y operativa de Vicentin. Por lo tanto tendrán que aprender en sus puestos, lo cual implica una beca costosísima para los contribuyentes argentinos.
5) El hecho de que el Banco de la Nación Argentina sea el principal acreedor bancario de Vicentin es un argumento falaz para justificar la expropiación. Su carta orgánica deja en claro que se trata de una entidad bancaria autárquica que, por ley, debe operar con total autonomía presupuestaria y administrativa. Alegar que su rol de acreedor justifica la expropiación de sus clientes es una aberración jurídica y comercial que desnaturaliza la función de esta entidad y sienta un precedente peligroso. Además, los préstamos del BNA representan poco más del 25% de la deuda financiera total de la empresa. Si hubo irregularidades en el otorgamiento de sus préstamos esto debe ser investigado por la justicia. Si el BNA no es capaz de evaluar créditos correctamente el Estado debería cerrarlo y abandonar la actividad bancaria.
6) La creación de un fideicomiso para que luego de la intervención YPF Agro gestione las operaciones de la empresa como fiduciario es otro dislate. YPF es una sociedad mixta que incluye accionistas privados. Consecuentemente, esta medida arbitraria beneficia a estos accionistas en detrimento de otros posibles interesados en adquirir Vicentin. Además, el modelo de negocios YPF Agro es esencialmente distinto. Nada asegura el éxito de su gestión, por más profesional que sea. A lo largo de la historia, el Estado Argentino ha demostrado una incapacidad notoria de gestionar empresas de manera rentable y eficiente. Por lo tanto, es de esperar que además 1500 millones de dólares de deuda adicional se carguen sobre los hombros de los argentinos los déficits operativos que esta irresponsable aventura empresaria pueda generar en los próximos años.
7) La expropiación de Vicentin es inconsistente no solo con los dichos del mismo presidente de semanas atrás sino también con los argumentos con los que justifica sus otras políticas. Preservar las fuentes de trabajo en Vicentin pero eliminarlas con una cuarentena “boba” no es coherente.
8) El ministro Guzmán se ha cansado de explicarles a los acreedores del país que la sustentabilidad de la deuda pública es esencial en cualquier acuerdo de restructuración. Sin embargo, con esta decisión el Gobierno asume nada menos que casi 1500 millones de dólares de deuda comercial y financiera de Vicentin. Además, no solo tendrá que pagar una indemnización considerable a sus accionistas sino aportar entre 300 y 400 millones de dólares más en capital de trabajo. No solo es una incoherencia sino también una torpeza innecesaria justo en momentos en que parecen prosperar las negociaciones con los bonistas extranjeros.
9) La intervención y expropiación será seguramente bienvenida por algunos acreedores financieros de la empresa, ya que, dados los precedentes históricos, tendrán más probabilidad de cobrar la totalidad de sus préstamos que bajo el concurso preventivo en curso. Si fuera así, implicaría una redistribución de ingresos de los contribuyentes a los acreedores tanto públicos como privados.
10) La “soberanía alimentaria” es un concepto vacío. Vicentin es una empresa esencialmente exportadora por lo cual su situación concursal de ninguna manera pone en peligro el abastecimiento de alimentos a la población. En todo caso son las políticas del Gobierno que provocan la estampida de depósitos bancarios y por ende la falta de financiamiento para exportar, las que pusieron en peligro esa supuesta “soberanía”. La aplicación de este principio como guía de la política del gobierno implica que cualquier empresa de la cadena alimenticia corre riesgo de ser expropiada.
Este avance sobre el sector privado es otra señal preocupante de que el Gobierno tiene en mente un modelo de país que no solo hará más pobres a los argentinos sino también menos libres
Por todas las razones expuestas, la intervención y expropiación de Vicentin agrega incertidumbre en momentos en los que la inversión privada es esencial para la recuperación de la maltrecha economía argentina y la creación de puestos de trabajo. Aquellos empresarios que en estos días han relativizado o justificado públicamente esta torpe, arbitraria e inconstitucional decisión del Gobierno cometen un grave error. En su afán de congraciarse con los funcionarios de turno están cavando su propia fosa (basta ver la experiencia del Grupo Eskenazi).
No se trata defender a Vicentin, ni a sus accionistas y ni la gestión que llevó a la empresa a su situación actual. Se trata de defender principios elementales que deben regir el funcionamiento de una democracia y que están plasmados en nuestra Constitución. Este avance sobre el sector privado es otra señal preocupante de que el Gobierno tiene en mente un modelo de país que no solo hará más pobres a los argentinos sino también menos libres.
Por: Emilio Ocampo
