Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.
INFOBAE – La llegada de la pandemia generó temor y la gente ordenadamente cumplió con los requisitos básicos de aislamiento y distanciamiento social. A medida que fueron pasando las semanas y el anunciado pico de contagios era postergado una y otra vez, y con ello la cuarentena, el costo económico de fábricas, comercios y todo tipo de servicios cerrados o limitados comenzó a crecer, y así también la ansiedad de muchos.
La discusión sobre este tema, como suele pasar en los debates políticos en este país, fue enmarcada rápidamente entre las opciones de la vida o la billetera de un lado, o la inevitable pandemia y el hambre por el otro. Se presentó la discusión como moralmente inaceptable: indigno sería pensar en restricciones económicas cuando hay vidas en juego. Por cierto, uno de los principios básicos de la economía es que los recursos son escasos y que por lo tanto toda decisión de asignarlos tiene un componente económico, un costo de oportunidad.
Tan sólo plantear estos temas se convirtió en tabú, como si se tratara de ponerle un precio a la vida, lo que sería impensable. Sin embargo, esto ocurre todo el tiempo. Los jueces deciden qué compensación otorgar a los familiares de la víctima de un crimen, o a los de un accidente de trabajo. Incluso nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, de asegurarnos o no. Todos aquellos motoristas que andan por la calle solamente con seguro contra terceros, están señalando una cierta valoración de los riesgos que pueda tener su propia vida. ¿Cuánto dinero gasta usted para reducir al mínimo posible todas las posibilidades de accidentes que pudieran ocurrir tan sólo en su casa? En fin, hemos estado tomando decisiones “económicas” respecto a la vida hasta que nos enteramos ahora que está mal hablar de ello en una pandemia.
Obviamente que hay costos: más semanas de cuarentena significan más caída de la actividad económica. No voy a presentar una solución para este dilema, porque depende de valoraciones subjetivas y personales. Pero el primer paso debería ser intentar, al menos, saber cuáles son esos costos, y luego ver si estamos dispuestos a pagarlos. Por ahora los “emitimos”, se pagarán con la inflación más adelante.
En un reciente trabajo se analiza el tema del impacto que podrían tener distintas políticas de cuarentena y se propone un tratamiento diferenciado según la edad. Los autores son profesores del MIT: Daron Acemoglu, Victor Chernozhukov, Michael D. Whinston y el argentino Iván Werning. El título: “A Multi-Risk SIR Model with Optimally Targeted Lockdown” (NBER Working Paper 27102).
Dividen a la población en tres grupos: jóvenes de 20 a 49, con una tasa de mortalidad por el Covid-19 de 0,001; edad media de 50 a 64 años con una tasa de 0,01 y mayores de 65 años, con una tasa de 0,06. Con una política homogénea para todos estos grupos que busque mantener la mortalidad ocasionada por la pandemia por debajo de 0,02 el costo sería del 37,3% del PBI anual. Si un gobierno quisiera limitar el costo al 10% del PBI, debería aceptar una tasa de mortalidad del 1% de la población adulta.
El trabajo sugiere una política de aislamiento discriminando por edades, mucho menor en los menores de 65 años, que volverían a sus trabajos y los mayores quedarían en estricta cuarentena hasta que aparezca una vacuna. Con esa política, podría obtenerse una mortalidad de adultos menor al 0,2% con un costo de 24,8% del PBI, o un costo menor al 10% del PIB con una tasa de mortalidad del 0,48%. Esta separación se implementaría con un estricto control de quienes ingresan a un geriátrico, o con horarios diferenciados de atención por edades en comercio y servicios.
Por supuesto que hay muchos factores adicionales en el mundo real que no pueden considerarse en un modelo, que es una simplificación de esa realidad, pero la conclusión es que el dilema es básicamente: menor mortalidad a un mayor costo económico o, al revés, menor costo y mayor mortalidad. No podemos tener las dos cosas al mismo tiempo.
En fin, olvidémonos de los números y de los modelos, que pueden estar bien o mal. Después del fracaso del modelo del Imperial College, no han quedado con buena reputación. Estamos lejos de llegar a esa discusión.
El punto previo a resolver es si estamos dispuestos a conversar y a discutir en términos de vidas y de costos económicos. Se entiende, es terrible, pero nadie eligió este tema, ni esta situación, pero no quiere decir que no exista. Y hay otro tema aún más importante que deberíamos discutir antes: ¿quién va a hacer ese cálculo? ¿El Gobierno?
