Emilio Apud es ingeniero industrial, director de YPF y ex Secretario de Energía y Minería de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.
CLARÍN – El ciudadano común debería preguntarse en qué lo beneficia la intromisión del Estado en actividades propias del sector privado.
El Soberano es el pueblo, según reza la Constitución Nacional, pero eso no cuenta dado el carácter de cumplimiento optativo que la mayoría de las administraciones en los últimos 80 años le ha asignado, en particular las peronistas. Difícilmente el Soberano tomaría decisiones en contra de sus intereses, pero sí lo hacen sus representantes recurriendo a relatos que las justifiquen.
Tal es el caso de las empresas estatizadas que hoy, en concepto de transferencias del tesoro para cubrir sus gastos de capital y corrientes, nos cuesta a los argentinos unos 18 millones de dólares diarios, en base a datos de ASAP y SIDIF de 2018. Es una carga asintomática que pagamos vía inflación, impuestos, cepos devaluaciones etc. La “soberanía” energética se lleva unos 7,6 millones diarios, la del transporte, que incluye la “de los cielos”, 10,3, y varias otras soberanías como, AySA, Correo, Radio y TV, Telam, cerca de un millón diario.
El relato gubernamental que justifica esta verdadera sangría del erario está orientado a buena parte de la población donde prevalecen sentimientos arraigados como nacionalismo, orgullo nacional, amenaza externa y la tirria al capitalismo, a las empresas, al clima de negocios, al éxito. Con ese respaldo emocional de la sociedad, el Gobierno recurre a conceptos abstractos como “empresa testigo” o “soberanía” y a pseudoargumentos solidarios como “proteger” y “rescatar” que aplica a la actividad que tienen bajo su mira estatizadora.
Estos argumentos, que serían considerados zonceras en casi todo el mudo, aquí tienen oídos receptivos y actúan como llaves maestras para intervenir irresponsablemente en la actividad privada. Que nuestra sociedad es permeable a estas cosas lo confirman recientes encuestas de opinión donde un 70% de la población consideraría conveniente la intervención estatal en la actividad económica.
“Empresa testigo” es un eufemismo de intervención en los precios y transacciones con fines políticos y soberanía, otro comodín utilizado frecuentemente por el Estado para someter al sector o actividad del ámbito privado al arbitrio político.
Ahora bien, el ciudadano común ¿no debería preguntarse en qué me beneficia la intromisión del Estado en actividades propias del sector privado? ¿Se justifica que paguemos 18 millones de dólares cada día para eso? ¿Qué significa pagar por “soberanías” ya sean energética, de los cielos, alimentaria, del correo, de las cloacas, etc. si por los resultados de la intervención estatal se degrada cada vez más nuestra calidad de vida? ¿No sería más conveniente para el país que el Gobierno se concentrara en mejorar áreas de indelegable incumbencia como Educación, Salud, Seguridad y Justicia y a corregir las situaciones que realmente nos hacen ser menos soberanos como la fiscal, la falta de moneda, el aislamiento del mundo, el endeudamiento, la seguridad jurídica?
Tenemos un serio problema económico, agravado por un grosero manejo de la pandemia que hace abstracción de la situación de colapso de nuestra economía, por más que se concluya con éxito la renegociación de la deuda.
Coincido con el ministro Guzmán en que “el problema económico se resuelve impulsando fuertemente las exportaciones”. Pero, para exportar se necesitan inversiones, tener la productividad y ser competitivos globalmente y una estrategia y conducta comercial para ganar participación en los mercados mundiales. Sin embargo, el actual gobierno, al igual que en su gestión 2003-2015, actúa en el sentido contrario generando señales que espantan a la inversión productiva, en particular de dos sectores claves para un proyecto exportador, el campo y la energía, minando la confianza de actuales y potenciales inversores con maniobras intervencionistas y expropiatorias de renta de las empresas en ambos sectores.
Durante el anterior Gobierno se expropiaron 15 empresas y en estos 6 meses de la nueva gestión ya hay decisiones concretas de mayor intervención, de expropiación de renta y de inseguridad jurídica que han afectado aún mas la deteriorada confianza en nuestro país clave para cualquier inversión productiva. Amén de las secuelas a futuro que estos atropellos jurídicos e institucionales generan, por ejemplo, los 16.000 millones de dólares que ya hemos pagado en diversas sentencias internacionales y otros 8.000 que se concretarán próximamente.
Como si esa rapiña no alcanzara, el Gobierno prueba ahora con expropiar una empresa, Vicentin, que maneja el 10% del comercio exterior de grano, invocando la seguridad alimentaria que de ninguna manera aplica a este sector.
Solo el intento de estatización de la cerealera afecta gravemente a un sector energético que ya venía vapuleado por las inconsistencias en su conducción política actual, con amagues de estatizaciones e intervenciones, que serían ilegales si no fuese por el paraguas de la “emergencia económica” ampliado por la interminable cuarentena y la inexplicable ausencia del Congreso y la Justicia.
El sector energético, en diez años, podría generar ingresos por exportaciones incluso mayores a las del campo si desarrollara Vaca Muerta. Pero, al pertenecer a una actividad industrial de capital intensivo y períodos de maduración de inversiones extensos, requiere de seguridad jurídica, reglas de juego clara, perdurables y creíbles. Sin embargo, el Gobierno a través de su ala kirchnerista está dando señales de profundizar el proceso que vació al sector durante sus 12 años de gestión.
El presidente Fernández, debería definirse y rechazar esas propuestas retrógradas y cortoplacistas fogoneadas desde el Instituto Patria y encarar una política energética con las instituciones genuinas de su administración, para ser consensuada luego con la industria, los sindicatos y la oposición. Aunque, después de la saga iniciada con la expropiación de Vicentin, será difícil que algo así suceda.
