Superado el ataque imprevisto y de agravio descomunal de la pandemia COVID-19 a la salud, bienestar y actividades de argentinos y de todo el mundo, aún en etapa de su final dominado interpretando que las autoridades de todos los niveles del país han tenido actuación ponderable evitando contagios, debemos decididamente ocuparnos en corregir y superar las distorsiones y organización disruptiva que comprimen la sociedad argentina.
El problema esencial socio político económico de Argentina es que se obliga a una parte de su población, la de mayor productividad, a financiar y sostener involuntariamente a otra con menores recursos, capacitación y voluntad de desafíos. No significa esto una valoración humana, si no una descripción de perjuicio social que muchos indicadores como los de pobreza (30% o más), salarios reales (PBI Per Cápita de los de mayor descenso mundial), nivel educativo de los peores del mundo para igual medida), productividad (de las más bajas entre países similares), exportaciones (sólo 12% de la realidad alcanzada por competidores de iguales condiciones y situaciones décadas atrás cuando éramos iguales).
Esta pésima performance es responsabilidad de todos los argentinos que elegimos propuestas y representantes que prometen bienestar sin compromisos; lo es en mayor medida de dirigentes políticos y gremiales que culpan a otros poderes locales y mundiales sin asumir su mayor responsabilidad. La realidad es que se apropian de recursos que cautivan sin voluntad del dueño-aportante por más que son por leyes prebendarias, con resultados disminuídos para beneficiarios.
La dirigencia empresarial y muchos de los propios empresarios son más proclives a conquistar ventajas que les aseguren mercado interno y precios altos aunque reducido volumen, también a ser contratistas del estado por obras o acuerdos, antes que desafiar la creación de un sistema productivo de inserción internacional al gran mercado, posibilidades de crecimiento y de riquezas que ofrezcan a argentinos mucho mayor intercambio comercial, mejor calidad y menores precios. Esto exige esfuerzos y competencia para la que tienen condiciones, pero aceptan prebendas sin desafiar la superación de la organización y cultura argentina de los últimos tiempos, que tiene evidentes resultados de decadencia y pobreza. Así permanece la dirigencia inclinándose por un clientelismo que le promete poder, con perjuicios a la población en el mediano y largo plazo.
Una vivencia que transmiten con insistencia los dirigentes políticos, autoridades elegidas en ejercicio, es que los menos pudientes tienen derechos sociales y necesidades que hay que satisfacerles con obligaciones y entregas inmediatas; hay que abastecerles sus necesidades desde el gobierno y organizaciones al efecto. No hay políticas y acciones de estado que transformen esta cultura de impotencia y pobreza, cambiando al círculo virtuoso de creación de fuentes de riqueza y trabajo útiles para los protagonistas humana y socialmente, que los haga personas para participar, dar y recibir, y dejar de ser cosificados.
Es hora de responsabilidades ciertas no mediáticas ni clientelares de la dirigencia argentina política, gremial, empresarial, de organizaciones y del conjunto social no discapacitado, de planear, proponer y accionar en el marco republicano, la transformación del sistema político-social actual de ciudadanos capaces pero espectadores de planes dadivosos de insuficiente y angustiante supervivencia, en actores de trabajos productivos que aporten bienes y servicios de utilidad social. Esto deberá hacerse indefectiblemente con el paso de esta sociedad prebendaria, decadente y de progresiva pobreza como en la que estamos, a una de ciudadanos que no siendo discapacitados desafíen y consigan promisorios objetivos de bienestar y grandeza. Que convoque al desafío del trabajo y la acción en reemplazo de interminables peticiones degradantes sin compromiso.
Es indispensable desobligar efectivamente en tiempo prudencial, a quienes trabajan, producen y ganan dentro de la ley, a mantener a otros con capacidades suficientes que no pueden hacerlo por la imprevisibilidad demagógica de un conjunto dirigencial y ciudadano resistente a asumir sus obligaciones naturales. Los resultados de la no transformación son siempre de mayor pobreza. Los argumentos son de oposición ajena, cuando verdaderamente es la propia incapacidad dirigencial en plantear claros diagnósticos, y sus soluciones posibles que existen; claro que sin promesas irrealistas, y eliminando las corrupciones y ventajas personales que el sistema público argentino anida.
Las reformas se basan esencialmente en disminuír sí o sí la fenomenal carga impositiva que agobia a quienes producen, para que esos recursos malgastados se transformen en inversiones productivas y creen fuentes de trabajo serviciales, las que convocarán inexorablemente a los actuales peticionantes. Claro que simultáneamente se debe racionalizar el gasto público improductivo. Tareas ambas no fáciles, sí posibles y probables en la medida que la dirigencia se responsabilice, lo explique claramente a pesar de su inexistente rédito político inmediato, y sea servicial antes que para servirse. Es para estadistas, que es hora aparezcan.
Otro de los pilares es la eliminación de la maraña de regulaciones, que también agobian a quienes trabajan sin resultar positivas, y solo alimentan la burocracia invalidante y proclive a corrupción y clientela. Estamos jugando en tiempo de descuento y no hay justificaciones para que autoridades y dirigencia se desentiendan de estas correcciones y sus resultados.
He aquí algunos de los desafíos que los argentinos debemos transformar en realizaciones.
