Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso.Doctor en Administración por la Universidad Católica de La Plata y Profesor Titular de Economía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sus investigaciones han sido recogidas internacionalmente y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación. Se ha desempeñado como Rector de ESEADE y como consultor para la University of Manchester, Konrad Adenauer Stiftung, OEA, BID y G7Group, Inc. Ha recibido premios y becas, entre las que se destacan la Eisenhower Exchange Fellowship y el Freedom Project de la John Templeton Foundation.
LA PRENSA – Por más que existan ciertos temas sobre los cuales no es sensato esperar ningún tipo de resultado, eso no quiere decir que no haya que discutirlos, que no haya que llegar a ciertas conclusiones lógicas. Tal es el caso que plantea la propuesta expropiación de la empresa Vicentín.
Ya se ha comentado mucho acerca de los objetivos que pueda estar buscando el gobierno al avanzar contra la empresa como así también las consecuencias que esa medida puede ocasionar en el corto plazo, en relación a cuestiones tan importantes como la renegociación de la deuda; y otras de plazo permanente como es la importancia de generar condiciones que atraigan la inversión, tanto sea de capitales extranjeros como el capital local que se encuentra afuera. En general, todo lo que se ha dicho acerca de la mala oportunidad de la medida y de la violación de un proceso judicial y la propiedad privada tiene mucho sentido.
Pero no termina ahí el asunto, y acá es, como se verá, donde entramos en un terreno ya muy alejado del pensamiento promedio en la Argentina, pero no por ello menos cierto o importante. Ante las críticas que recibiera el gobierno por avanzar contra la empresa, éste ha respondido que el principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina, el que ya sería un acreedor prioritario en el proceso de resolución de la quiebra de la empresa. Sí, es curioso que un país en default se haga cargo de empresas en default.
No obstante, el hecho de que una empresa concursada tenga como principal acreedor a un banco estatal, y que el entonces gobierno de turno le otorgara sustanciosos créditos, no debería hacernos centrar solamente la atención en la empresa o las decisiones políticas que se impusieran al banco, sino en la existencia del mismo banco.
El problema de Vicentín es que hay un banco estatal, cumpliendo funciones que no podemos decir el mercado no pueda cumplir. Después de todo está lleno de bancos, tanto locales como extranjeros. Sabemos que cuando el estado se mete en algún negocio, éste se politiza. No ha de extrañarnos entonces que esto haya sucedido. Ahora nos encontramos con las consecuencias de tener un estado que se mete a prestamista de empresas privadas y nos dicen que la solución es equiparar a la empresa al banco. Es decir, ahora serán las dos del estado.
Y en realidad tendría que ser al revés. La conclusión debería ser que ambas son actividades del sector privado donde quien quiera asume el riesgo de exponer su capital a ciertas actividades y se la juega. Si le va bien, tendrá buenas ganancias, y si le va mal perderá su capital. Pero no parece que sea una actividad del estado estar prestando el dinero de los contribuyentes a ciertas empresas, que luego tienen argumentos débiles para frenar su expropiación.
¿Acaso la intermediación entre el ahorro y la inversión tiene las características de un “bien público”, que el mercado no podría proveer y hacen necesaria la provisión pública? No parece, pero el estado argentino quiere hacer algo de dinero con el dinero que nos recauda. Y como en tantas otras cosas no es bueno haciendo negocios, salvo los que terminan luego en escándalos. Sin un banco estatal de por medio, el asunto se hubiera restringido a la empresa y sus acreedores, que incluye a sus empleados y proveedores.
Más allá de eso, lo que está en cuestión es la existencia misma de un banco estatal en el negocio de la intermediación financiera, con incentivos débiles para ser eficiente porque sabe que no va a quebrar como Vicentín.
Entiendo que este planteo es delirante dado lo que se escucha discutir en la opinión pública argentina. Es políticamente incorrecto y prácticamente imposible. Pero faltan argumentos de peso para justificar la existencia de una institución que tiene 639 sucursales, 59 anexos operativos, 3 agencias móviles, 31 puestos de promoción, 5 dependencias en empresas clientes, y 16 sucursales electrónicas, 10 sucursales en el exterior y 1 oficina de representación: Pekín (China); 17.515 empleados en el ámbito nacional y 197 empleados en el exterior. Y ahora podría sumar una exportadora de aceite de soja.
