Por Miguel Angel Rouco – Marcelo Bonelli
El gobierno se encuentra en los últimos tramos de negociación con los acreedores externos y tal vez la próxima semana pueda lograr un principio de acuerdo para renegociar una parte de su endeudamiento. Las diferencias que por estas horas persisten entre las partes se enmarcan entre dos parámetros: el primero, la prórroga de jurisdicción de los nuevos bonos que se entregarán a los acreedores y el segundo que parte de las futuras colocaciones de bonos en el exterior, debe ir a pagar vencimientos de capital e intereses de los nuevos títulos reestructurados.
En el primero de los casos, se trata ni más ni menos que de la misma cláusula que estaba contenida en los bonos reestructurados en 2005 por Kirchner y Lavagna, algo a lo que el presidente y el ministro de Economía se niegan.
El trasfondo de esta tesitura se sostiene en que esta cláusula deja al descubierto la desconfianza de los inversores en las hipótesis trazadas por el ministro y avaladas por el Fondo Monetario Internacional, hacia futuro. En otras palabras, los acreedores dan por descontado que en un par de años, la Argentina vuelve a caer en default y quieren asegurarse que ante la eventualidad, contarán con el reaseguro de entablar una demanda en los tribunales de Nueva York o de Londres.
En línea con esto se inscribe la segunda diferencia. En la hipótesis de no poder cumplir con los pagos pactados en los nuevos bonos -hay que recordar que los bonos son la expresión numérica de un contrato de mutuo-, los acreedores exigen que si la Argentina lograra colocar nueva deuda con terceros, al menos la mitad de esa nueva emisión sea destinada a la cancelación de capital e intereses de los nuevos bonos reestructurados.
De alcanzarse un acuerdo final con los acreedores, éste obligaría a la administración Fernández a llevar adelante un fenomenal ajuste del gasto público y en lo inmediato a adecuar el tipo de cambio para que rápidamente ingresen dólares vía exportaciones.
Lo cierto es que los estímulos a las exportaciones en los últimos años han sido nulos o más bien escasos. Un trabajo publicado por la Fundación Libertad y Progreso (FLYP) da cuenta que han disminuido drásticamente la cantidad de empresas exportadoras.
El estudio indica que “entre 2007 y 2015, la Argentina perdió en promedio unas 800 empresas exportadoras por año; mientras que entre 2016 y 2019 se recuperaron en promedio 200. Apenas unas 10.200 sobre un total de 600.000 empresas realizaron exportaciones en 2019. De estas, el 90% son MiPyMEs. En comparación, en España, país con similar población a Argentina, exportan unas 200.000 empresas (6% del total)”.
Más adelante, el documento de FLYP puntualiza que “el Gobierno ha avanzado en múltiples medidas que ponen en riesgo la sustentabilidad de las empresas exportadoras argentinas: Derechos de exportación de hasta 33%; brecha cambiaria del 60%; restricciones cuantitativas para el acceso a insumos importados y una diplomacia que choca con nuestros socios comerciales y el MERCOSUR”.
Finalmente, el estudio de FLYP pone de relieve que al amparo de “una crisis macroeconómica local y un contexto internacional, el pronóstico se agrava. Las políticas actuales son similares a las aplicadas en el período de mayor caída de empresas exportadoras 2007-2015. La brecha cambiaria refleja el atraso del tipo de cambio oficial con respecto al Contado con Liquidación”.
¿Sobre esta base el ministro construyó sus hipótesis de crecimiento de la economía y que sirven de referencia para asegurar el repago de la deuda? No es casual que los acreedores a riesgo de aceptar una hipótesis de pago, exijan tantas cláusulas y precauciones ante la hipótesis de un eventual default. En este juego, la Argentina tiene altas probabilidades de perder.
