EL CRONISTA – Algunos remarcan la contradicción de un Presidente que, en un momento, dice no creer en lanzar planes y, luego, anuncia que dará a conocer 60 medidas para relanzar la economía. Lo primero es tener claro que no hay ninguna contradicción entre estos dichos. El Mandatario se refirió a que no presentará ningún programa económico como el que reclaman los economistas a los que, usualmente nos identifican como “ortodoxos”. Él y los funcionarios que lo acompañan no creen, como nosotros, que Argentina va de crisis en crisis por negarse a realizar las reformas estructurales que, los países que prosperan, implementaron en las últimas décadas.
Del mismo modo, tampoco piensan en el sector productivo como gestor de recuperación económica. Para ellos, la deuda era el verdadero escollo y no la consecuencia de no solucionar los problemas de fondo. Conseguida la reestructuración, indican que el Estado generará el crecimiento. Para ello, los funcionarios les dirán a trabajadores y empresarios cómo deben hacer sus respectivas actividades; los premiarán o castigarán según vayan o no en el rumbo señalado; y modificarán las reglas que determina el mercado y el funcionamiento de la economía por otras mejores, fruto de sus ingenios extraordinarios. Además, según su sabio criterio, invertirán mucho desde el sector público multiplicando el crecimiento, pagados con tributos e impuesto inflacionario que le sacarán a trabajadores y productores.
Puesto así, es entendible el anuncio de 60 medidas que seguramente implicarán: bajas de retenciones; subas de reintegros y otros privilegios, que se asignarán arbitrariamente a sectores que consideran hay que beneficiar para desarrollar la economía. Algunos serán aliviados de la carga que le impone al conjunto el excesivo “costo argentino” que, dicho sea de paso, nadie quiere resolver y, de hecho, es esperable que esta gestión incremente. Si esta carga no disminuye, ni siquiera los sectores elegidos para la “salvación”, se lanzarán a realizar grandes inversiones. Sólo podrán beneficiarse más del período de recuperación y el moderado crecimiento que es esperable en lo inmediato; para, luego, “surfear” mejor la crisis que sobrevendrá en el corto o mediano plazo.
¿Por qué? Sólo imaginémonos que la economía argentina, gravemente convaleciente de la crisis económica que se desató a partir de 2018, está cruzando la calle y lamentablemente la atropella el camión de la “cuarentena”. La llevan al hospital con un montón de huesos rotos y el médico que la atiende recomienda darle un analgésico especial para cada uno de los incontables dolores que tiene en el cuerpo; pero no trata los traumatismos ni las infecciones preexistentes que la tienen en una situación terminal. Es probable que logre aliviar coyunturalmente algunas de sus penurias y hasta sienta alguna mejora temporal; pero terminará falleciendo por falta de un tratamiento adecuado.
Es imposible pensar que la inversión va a fluir si el Estado no deja de gastar mucho más de lo que los argentinos pueden pagar. Estos niveles de expendio son garantía que en el futuro volveremos a reestructurar los bonos que se entregarán a cambio de los que se espera canjear actualmente. Tampoco es factible que el sector productivo crezca. Argentina está en el puesto 21, de 190 países, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. Según el mismo informe del Banco Mundial, si las PyMes pagaran todos sus impuestos, la mayoría quebraría. Además, recién el 3 de agosto, la mayoría de los argentinos dejará de trabajar para pagar gravámenes y empezará a hacerlo para sí y sus familias. Es imprescindible una reforma del Estado que lo ponga al servicio de los ciudadanos y no de la política; pero que además su gasto se pueda pagar con una presión tributaria aceptable.
Por otro lado, nuestros funcionarios se sorprenden de que haya tanta informalidad. Ya vimos cómo el sistema impositivo la incentiva; además hay más de 67.000 regulaciones que ellos siguen aumentando todos los días. Es imposible que un emprendedor o PyMe puedan cumplirlas. Sólo una gran empresa podría hacerlo, pagando un ejército de asesores y gestores.
Si se lograra reformar el Estado y desregular la economía, volverá la inversión productiva de argentinos y extranjeros. Sin embargo, lo harán tratando de contratar la menor cantidad de empleados posibles. Tenemos una legislación laboral, con bases arcaicas, que desincentiva la creación de puestos de trabajo productivo. Si se toma cualquiera de los últimos 20 años, en los que hubo algunos de fuerte crecimiento y gobiernos de todos los colores, y se elige cualquiera de ellos, más del 40% (posiblemente más del 50%) de los argentinos estaba desempleado, en la informalidad o con un seguro de desocupación disfrazado de empleo público inútil o plan asistencial.
La gestión de CAMBIEMOS demostró que se puede lograr alguna recuperación económica impulsada por un incremento de credibilidad coyuntural. Sin embargo, si no se resuelven los problemas de fondo, será sólo un “espejismo” al que seguirá una crisis. Los países que encararon las reformas estructurales de fondo, en los siguientes 20 años, lograron más que duplicar el poder adquisitivo de los salarios de sus trabajadores. Hoy, tienen bajo desempleo y llevaron la pobreza e inflación a un dígito. Mientras tanto, nosotros seguimos apostando a los milagros y esperando la próxima crisis.
