Enrique Blasco Garma refuta a Manuel Solanet.
A la muy valiosa exposición de mi amigo Manuel Solanet hago llegar las siguientes consideraciones. En las sociedades abiertas, las convicciones personales no se imponen por la fuerza del Estado. Ni siquiera la religión. F. Hayek sostiene “El atributo más conspicuo del liberalismo, que lo distingue tanto del conservadorismo como del socialismo, es que las creencias morales, respecto de conductas privadas que no interfieren directamente con la esfera de protección de terceras personas, no justifican coerción”.
Una ley prohibiendo el aborto conlleva que los funcionarios persigan y sancionen a quienes lo realicen. La fuerza pública interfiriendo decisiones de la madre respecto de su propio embrión. Siendo los padres los mayores interesados en el bienestar de su familia, el Estado no debiera interferir. La decisión de abortar puede contrariar nuestras más profundas convicciones y ser incluso repulsiva. Pero ello no justificaría exigir al Estado sancionar a los padres y a quienes lo ayuden. Las leyes debieran ser justas, aplicables a todos por igual. Sin embargo, cada situación es particular y personas de mayores medios abortan sorteando sanciones. Al tiempo que se dan numerosos embarazos de niñas, producto de violaciones en el ámbito familiar o de vecinos. Son las que tienen menos recursos para criar hijos en convivencia satisfactoria y resultan las más contrariadas por las prohibiciones de la ley.
Porque la prohibición de abortar abre la puerta a poblaciones más conflictivas, creo las instituciones de la salud debieran facilitar abortar a las niñas y personas más violentadas.
Por las mismas razones, no puede exigirse efectuar abortos a quienes los objeten según expone fundadamente Manuel Solanet, o no sean satisfactoriamente remunerados.
