Por Manuel Solanet (h) para INFOBAE – El Gobierno emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declara servicios públicos a la telefonía, el acceso a Internet y la televisión por cable. Antes de analizar el objeto de este DNU vale la pena meditar un momento sobre el modo de legislar este tema. Si la urgencia se refería a brindar acceso a Internet a toda la población, difícilmente un decreto acelere esto cuando la solución depende de inversiones en infraestructura que consume tiempo y mucho dinero en ser realizadas. Parecería más bien que la urgencia era por no tener que pasar por el trámite legislativo que impone la Constitución.
Independientemente de las formas, vale la pena analizar las consecuencias que serán provocadas por el DNU para ver si logrará el objetivo de “Internet para todos” que pregona el Gobierno. En orden cronológico sucederá más o menos lo siguiente: al principio los consumidores probablemente paguemos tarifas más baratas que las actuales en términos reales y el servicio seguirá siendo parecido, ya que el deterioro de la infraestructura es más lento que el cambio de precios. Aun así, algunos aspectos de estos servicios cambiarán en poco tiempo. Por ejemplo, probablemente algunos canales de la TV por cable empezarán a ser dados de baja. Luego, a medida que la infraestructura necesite mantenimiento y las tarifas no alcancen para esas erogaciones, la calidad (velocidad, imagen, cortes, etc.) se irá deteriorando. Y ni soñemos con mejoras tecnológicas, a esas las conoceremos por lo que nos cuenten nuestros amigos o parientes que vivan en el exterior.
Sin cambio de rumbo este es un destino inexorable, recordemos algunos ejemplos. Hace muy poco, para poder hablar por teléfono (algo tan básico como oír y ser entendido) le pedíamos a nuestro interlocutor que pasáramos el llamado a una línea fija de teléfono. Un poco más atrás en el tiempo los avisos clasificados de venta de departamentos especificaban si el mismo tenía o no teléfono. Y el que tenía teléfono valía más caro. A los jóvenes esto quizás les parezca absurdo, pero fue la realidad durante mucho tiempo y fue consecuencia, nada más y nada menos, que la pretensión de cobrar por algo menos de lo que costaba. El resultado es siempre el mismo: cuando se controlan los precios sacándolos de su equilibrio, se ajusta la oferta. Para seguir ilustrándolo, en otra industria, veamos los resultados de la introducción de regulaciones en la comercialización del trigo hace algo menos de una década con el objetivo “que no falte el pan en la mesa de los argentinos”. La consecuencia, la producción anual de trigo (¡en el granero del mundo!) cayó de 15 millones a 10 millones de toneladas.
El ejemplo del trigo tiene ciertas similitudes con los servicios de comunicación por la alta frecuencia de las decisiones de inversión. Por la naturaleza, la decisión de siembra de trigo es anual. Las consecuencias se ven, por lo tanto, en un año. En el caso de las comunicaciones, las mejoras y cambios tecnológicos son constantes y acelerados. Uno de los efectos de esta legislación va a ser la casi desaparición de nuevas inversiones. Por lo tanto, vayámonos olvidando de los 5G, el mayor ancho de banda y vamos acostumbrándonos a los canales de viejas series enlatadas. Para muestra basta un botón, después del decreto, Telecom suspendió una inversión de USD 600M.
Tampoco se puede decir que, al menos en el mercado de telefonía, no había competencia. La penetración, con 50 millones de líneas móviles, es muy alta. Y la lucha de las compañías por captar abonados era intensa. Todos hemos vivido la experiencia, y sufrido la insistencia, de vendedores para que nos cambiemos de compañías de telefonía.
La defensa del consumidor por medio de regulación de mercados debe limitarse a aquellos que sean monopolios naturales con pocos cambios tecnológicos. La distribución de agua potable sería un claro ejemplo de esto. En los demás casos, el mercado es mucho mejor administrador que el Estado. Si hubiera algunas excepciones que atender deberían ser atendidas como lo que son, excepciones.
La mejor forma de optimizar la calidad de vida de la gente es fomentar la competencia en la provisión de bienes y servicios. Sólo así se logra calidad, bajo costo y variedad de oferta. Limitando el libre mercado resulta en todo lo contrario: mala calidad, altos costos y escasa variedad para el consumidor. Y también puede suceder que, como consecuencia de la menor competencia, las empresas prestadoras terminen obteniendo una rentabilidad mayor que la que hubieran obtenido en competencia.
En conclusión, este decreto erra de principio a fin. Su resultado a mediano y largo plazo será que todos los argentinos tendremos un servicio de comunicaciones de mala calidad, difícil acceso y con una relación costo/beneficio muy alta. Conocemos el final de la película y cualquier similitud con la realidad no será pura coincidencia.
