EL FINANCIERO Y CRONISTA – La fundación Libertad y Progreso (LyP) presentó un conjunto de propuestas económicas para la recuperación en el escenario pospandemia, entre las que destaca una reducción de la carga tributaria sobre el sector privado, flexibilización laboral y sindical y una reestructuración de la coparticipación federal. Además, contempla cambios en materia de subsidios, de empleo público y comercial. También impulsan una convertibilidad peso-dólar custodiada por un banco internacional.
La organización liberal reveló haber pedido una audiencia con el presidente, Alberto Fernández, hace unos meses para profundizar los detalles de la propuesta, a falta de pocos días de que el Gobierno anuncie su paquete de 60 medidas económicas para salir de la crisis, que conducirá este año a una recesión de dos dígitos.
Impuestos y coparticipación
Las propuestas de LyP apuntan a una simplificación del sistema tributario y una reducción de la carga sobre los contribuyentes, para lo que proponen la eliminación de gravámenes de escaso peso recaudatorio, bajar alícuotas y simplificar los procedimientos. “Esto demandará hacer más eficiente el gasto público para llevarlo a niveles que sean pagables con una imposición razonable”, señaló.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en Argentina coexisten 165 impuestos pero solamente 11 recaudan el 90% de los ingresos.
Particularmente, LyP propone un rediseño de la coparticipación federal y las potestades tributarias de Nación para que sean las provincias las que se encarguen de cobrar los impuestos a las Ganancias para personas humanas, a los Combustibles, Bienes Personales y tributos internos.
Además, considera que debería eliminarse Ingresos Brutos, que tendría que ser reemplazado por un impuesto provincial a las ventas que se calibre con la alícuota del IVA para que empalme con la distribución vigente. También apuntaron que debería eliminarse la ‘coparticipación vertical’ y que se cree un fondo de redistribución horizontal que converja con el esquema vigente.
Como los porcentajes quedarían fijos de antemano, cualquier incremento del gasto de alguna provincia debería financiarse con un incremento de los impuestos provinciales.
Mercado laboral
Desde el punto de vista laboral, LyP sostiene que debería igualarse la edad jubilatoria entre ambos sexos y fijarse inicialmente en 65 años, para luego ser incrementada hasta 70 años a lo largo de una década. La iniciativa contempla que a las madres se les reduzca un año por cada hijo que tengan, hasta un máximo de siete.
La organización propone una mayor flexibilidad sindical que permita priorizar los acuerdos laborales a nivel empresa por sobre los convenios colectivos, por rama. De esta manera, la representación gremial alcanzaría a los trabajadores de la misma compañía.
Además, sugiere derogar el artículo n° 84 de la Ley de Contrato de Trabajo, en pos de “aumentar la productividad y reducir sobrecostos”: “El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se le provean”, indica la norma.
También considera necesaria una baja de costos y riesgos de contratación y despido, para lo que propone una eliminación de la indemnización para los empleados que sean contratados luego de la reforma y que la compensación ante los despidos se otorguen a través de distintos fondos o de seguros de desempleo mayores. Otra alternativa planteada es la ‘mochila austríaca’, aplicada en el país europeo en 2003, que contempla un pago mensual extra de la empresa al empleado equivalente 1,53% bruto, libre de impuestos.
Las sumas acumladas pueden ser utilizada por el trabajador ante un despido o bien ser retirada al momento de su jubilación. Se llama mochila porque los fondos acumulados ‘acompañan’ al trabajador durante toda su vida laboral, aunque cambie de empleo.
Otras medidas
En relación con la asistencia social, la propuesta apunta a incentivos fiscales y previsionales para la contratación de personas de sectores de menores ingresos e impulsa una auditoría internacional para revisar la asignación de las pensiones por invalidez y determinar si hubo “asignación fraudulenta”.
El documento también enfatiza la necesidad de una reducción hasta la eliminación de los subsidios a la energía y al transporte, “en un plazo prudencial”, con subsidios a la demanda para amortiguar los costos, como la tarifa social. LyP también impulsa una reestructuración de la administración pública nacional, con normas de contratación atadas a resultados y la reducción del Gabinete a ocho ministerios con estructuras más acotadas que las actuales.
Además, busca incentivos para contratar a los eventuales empleados públicos desplazados, para lo cual propone una eximición de los aportes patronales durante dos años, subsidio sobre los gastos de capacitación y jubilación temprana en algunos casos. En cuanto al comercio exterior, LyP sostiene que el Gobierno debería acompañar al Mercosur en la concreción de acuerdos de libre comercio e impulsar dentro del bloque la reducción del arancel común y eliminar las aduanas con los países miembro.
La fundación impulsa una desregularización de la economía, con foco en las normas de la AFIP y el Banco Central, y leyes “intervencionistas” como la nueva ley de alquileres. En el plano monetario, LyP considera que las reservas deberían reforzarse con un swap o un préstamo sólo utilizable como respaldo y que cuando alcancen el nivel de la base monetaria al tipo de cambio libre vigente se establezca una convertibilidad peso-dólar. A diferencia del esquema de los ’90, proponen que el depositario de las reservas debería ser una institución financiera internacional.
