La intervención del Estado nacional aumentó en los últimos meses. Algunas medidas son entendibles, en este período inédito, pero los economistas alertan sobre el daño a largo plazo.
La Argentina está cada vez más regulada. La cuarentena impuesta por la pandemia del Covid-19 ha funcionado como escenario ideal para acentuar algunas de las regulaciones preexistentes en el país o para crear otras diferentes.Hay situaciones excepcionales, pero que, vistas en perspectiva, no dejan de sorprender: por caso, sólo se puede salir a caminar al aire libre día de por medio, según la terminación de DNI; no es posible viajar por la provincia si no se tiene una razón excepcional, y está vedado recibir a un amigo en casa.Sin embargo, hay otras regulaciones mucho más profundas, que afectan la vida económica del país, sobre las que pesa una sospecha gigantesca: no se irán cuando el virus pase.
La más reciente y sorpresiva es la que declaró servicio público esencial las tecnologías de la comunicación, en las que ya no habrá precio por los servicios prestados, en el marco de cierta competencia, sino tarifa regulada por el Estado.Si en los últimos 10 años el sector invirtió 10 mil millones de dólares y todavía no terminó de hacer pie el 5G y el 37 por ciento de los hogares no cuenta con internet fija, ¿se podrá seguir avanzando? En una industria de alto capital intensivo, ¿quién pondrá los dólares que hacen falta para garantizar al menos que funcione lo que está?Eso es lo que se pregunta el economista Alieto Guadagni. “La gran pregunta es si después de la regulación van a aumentar las inversiones de riesgo o no, porque, si no aumentan, el país no va a crecer”, manifestó.“No tiene sentido poner regulaciones que impidan la asunción de los riesgos empresariales con buenas inversiones productivas, porque, si no las hay, es un pasaporte a la pobreza”, remarcó Guadagni.
El listado intervencionista del Estado nacional es extenso y variado.En la góndola hay una canasta de precios máximos en los que los aumentos se autorizan de manera discrecional y se imponen multas si no hay provisión.La tasa mínima de interés del plazo fijo también tiene su norma, entre tantas adicionales que han rodeado al sistema bancario.Por caso, las extracciones de cajeros automáticos de una red no propia, que tenían cargo, hoy son sin costo (en algún otro lado se cobra) hasta el 31 de diciembre, y en septiembre, por segunda vez, los bancos deberán refinanciar los saldos de las tarjetas en hasta 12 meses al 40 por ciento anual.Ajuste congelado
El ajuste por UVA de los créditos también fue congelado por seis meses y es probable que se extienda.Los alquileres estrenaron ley regulatoria durante la pandemia.En realidad, este segmento afrontó una doble intervención: el decreto 320/20, que postergó los aumentos durante seis meses e impidió el desalojo durante la cuarentena, que vence en septiembre y sería extendido, y una ley que llevó de dos a tres años el plazo de contrato para residenciales y dispuso un aumento anual con base en una fórmula que todos presumen que será más alta que la que se venía aplicando.La consecuencia, según advierten en las cámaras inmobiliarias, es que la oferta de alquileres será menor y más cara.Con otra contra: provoca un gran desincentivo a quienes construyen para alquilar, un motor clave en la provincia.
Con el histórico faltante de dólares que afecta a la Argentina, las importaciones siempre tuvieron sus vaivenes. El actual es muy restrictivo: hay unas 46 empresas que irán a la Justicia porque no consiguen licencias de importación. Y para incentivar la fabricación de notebooks nacionales, se pondrá arancel cero a la importación de partes (90 por ciento se importa) y se les cargará 20 por ciento a las que ingresan terminadas.Las tarifas de servicios públicos son un sector naturalmente regulado, dado que se trata de actividades monopólicas.De todos modos, la cuenta es sencilla: las inversiones que garantizan o amplían el servicio se pagan con tarifa o las asume el Estado.A eso, en suspenso este 2020, se le han agregado otras cuestiones: no se puede aumentar la tarifa (aun con mayores costos comprobados); no se puede cortar el servicio por falta de pago, y residenciales y comercios pueden adeudar hasta seis boletas entre marzo y diciembre, las que podrán pagar en 30 cuotas al 24 por ciento anual.
La mora ronda el 35 por ciento en el caso de Epec, el 27 por ciento en Ecogas y el 20 ciento en Aguas Cordobesas, cuando nunca superó el cuatro por ciento.ColegiosLos colegios privados también tienen su regulación, aunque no dispuesta por decreto, sino por un acuerdo generalizado entre las partes: no bajaron las cuotas “puras”, pero eliminaron servicios adicionales; no aplicaron aumentos y, sobre todo, no pueden cuestionar la continuidad de un alumno por falta de pago. La mora hoy ronda el 60 por ciento.
El mercado laboral, rígido y con alta carga impositiva, hoy atraviesa una regulación extrema, que es la prohibición de despedir.La empresa que decide cerrar, porque considera ya inviable su negocio, está obligada a llegar a un acuerdo por las buenas con sus empleados. Si no, tendrá juicios.Desde el 13 de diciembre, previo a la pandemia, se dispuso por decreto que, en caso de despidos, hay que afrontar no una indemnización, sino dos.Pero la más cuestionada es una regulación dispuesta en plena pandemia, con una prisa injustificada y sin escuchar las múltiples voces que objetaban.Se trata de la regulación del teletrabajo, que impuso la reversibilidad, es decir, la opción siempre abierta al trabajador que acepta el home office de volver a la oficina en cuanto lo pida.“Regular eso en la mitad de un proceso como este, donde lo que se necesita es flexibilidad y no rigidez, es complejo, sobre todo para los sectores de la economía del conocimiento, a los que ya le frenaste la ley del software y les enviaste una nueva ley que está trabada y que permitiría un salto en la productividad para compensar los puestos de trabajo que se van a perder en los sectores que no son dinámicos”, plantea la economista Marina Dal Poggetto.
Más de fondoHay dos preguntas de relevancia que se ciernen sobre este proceso. La primera tiene que ver con los mecanismos institucionales que dispusieron estas intervenciones.“La cuarentena le ha dado un espacio al Gobierno, que tiene una vocación de regular intensa y que lo está haciendo a través de decretos de necesidad y urgencia, avanzando sobre temas que hubieran requerido de una discusión parlamentaria.
Lo hemos visto esta semana con la declaración de servicios públicos a las empresas tecnológicas y de internet”, considera el economista Manuel Solanet, director de Políticas Públicas de la fundación Libertad y Progreso. “El kirchnerismo tiene una vocación ideológica por la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Lo hubiera hecho de todas maneras, pero está aprovechando la circunstancia de la cuarentena para hacerlo con mayor velocidad e intensidad”, sostiene.La segunda pregunta es si las nuevas regulaciones son realmente efectivas, más allá del cortísimo plazo. Convencido de que no habrá inversiones con ellas, Guadagni asegura que las decisiones son graves porque “revelan cierta ignorancia del funcionamiento real de la economía productiva”.“Esto compromete el futuro y en el fondo termina en más pobreza. Sacando a Venezuela, Argentina es el país más pobre del Latinoamérica; tenemos más pobres que Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay”, sostiene. Y se pregunta si estas medidas “ayudan a salir de este retroceso que es inédito en el mundo”.
En la misma línea se ubica Solanet. “No soy un absoluto en esto; donde hay monopolios naturales se impone la regulación, pero en los demás casos atenta contra la eficiencia del sistema, genera pobreza y corrupción. Las regulaciones tienen que ser la excepción y no la regla”, remarca.¿Sirven?
“Es difícil promover con impulso fiscal el crecimiento; por eso insisto mucho en dar incentivos a la inversión privada. La situación de Argentina no es una que invite a los inversores, y esto tiene que cambiar”, sostiene el economista Eduardo Levy Yeyati.Idea: Foro de empresariosCríticas al DNU presidencial sobre servicios públicos.El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) expresó ayer su preocupación por el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández sobre las telecomunicaciones. “Argentina necesita de reglas claras y de previsibilidad para crecer. La decisión de declarar a la telefonía celular y fija, a las prestaciones de internet y a la TV paga como servicios públicos, de congelar sus precios y de someterlos a una mayor regulación por parte del Estado va en línea contraria a esa situación”, aseguró Idea.Las actividades con más intervención del EstadoServicios públicosCongelamiento de tarifas, sin corte y con 30 cuotas para pagar hasta seis boletas. Se incrementó considerablemente la mora en el pago de los servicios.
Comunicaciones Declaradas servicio público, se regirán por tarifa y no por precio. Esto evita la competencia entre las distintas empresas y se restringirán las inversiones.
Góndolas Control de precios y multas sobre un listado de productos básicos. Los aumentos se autorizan de manera discrecional. Se imponen multas si no hay provisión.Mercado laboralDoble indemnización, prohibición de despidos y pago del 100% a trabajadores dispensados. Hay empresas que cierran porque consideran inviable seguir.
Inmobiliario Por seis meses se congelan los alquileres y se impide el desalojo. Una nueva ley extendió el plazo de contratos, agregó garantías y dispuso una fórmula de aumento anual.Sistema bancarioTasa mínima del 33% para plazos fijos, extracciones sin costo de cualquier banco y congelamiento de actualización de créditos por UVA.
