VIA PAÍS – El economista liberal Manuel Solanet advierte que el actual sistema de coparticipación federal permite “prácticas abusivas y centralistas” de Nación y que también lleva a que en las provincias no haya políticas enfocadas en reducir la evasión fiscal.
Solanet asegura que no habrá mejor distribución de los recursos sin que se cambie el actual sistema de recaudación y reparto verticalista por uno más horizontal.
¿Qué opinión tiene sobre la decisión de Nación de restarle fondos a la Capital Federal para transferirlos a la provincia de Buenos Aires?
Hay que objetar que no fue una medida anticipada como para que la Ciudad pueda reprogramar sus gastos. Por otro lado, medidas como estás muestran que hay un ejercicio de un centralismo abusivo.
¿Nación tiene competencia para hacer lo que hizo?
El Gobierno ha aprovechado las posibilidades que tiene de modificar por decreto los coeficientes de distribución secundaria de la Coparticipación Federal. Es un tema que se viene arrastrando porque este régimen lo permite y es una de las razones por las cuales habría que modificarlo con una reforma a fondo.
¿En qué debería consistir esa reforma a fondo?
Hay que devolverles a las provincias potestades tributarias que en algún momento tuvieron. Las provincias deben volver a hacerse cargo de cobrar y administrar los impuestos directos, como por ejemplo Ganancias sobre personas físicas, combustibles, bienes personales y los impuestos internos. En la recaudación del Gobierno nacional deberían quedar solo impuestos que cubran estrictamente su gasto.
¿Qué ocurriría con impuestos distorsivos como Ingresos Brutos?
Hay que reemplazarlo por otro a las Ventas Finales de Consumo y calibrar la alícuota de éste con la del IVA (nacional) para lograr un resultado de distribución primaria entre la Nación y el conjunto de provincias que no altere y que empalme con la que resulta del régimen de Coparticipación vigente.
¿Qué se lograría con esto?
Se avanzaría en un mecanismo de mayor correspondencia fiscal. Pero con una salvedad: como el sistema actual es redistributivo, ese sistema exigiría como segundo paso un mecanismo de redistribución horizontal entre provincias para que se produzca un empalme con la legislación vigente.
¿Cuáles serían las ventajas de un cambio así?
Una vez establecido el mecanismo, si un gobernador quiere aumentar su gasto, debería aumentar sus propios impuestos. Habrá un salto de calidad en la responsabilidad de cada administrador a la hora de tomar una decisión.
¿Pero esto no generaría un riesgo de que se ensanche la brecha económica entre provincias pujantes y otras que son estructuralmente más pobres?
No, por eso debería haber un mecanismo de redistribución horizontal. Esto es para que el punto de partida del nuevo régimen empalme con el actual, de manera que no exista motivo para que las provincias de menor capacidad contributiva se opongan al cambio. A partir de ahí, debería operar el sistema de premios y castigos, de incentivos orientados correctamente.
¿Premios y castigos?
Lo que ha ocurrido en las últimas décadas es que muchas provincias tienen un porcentaje muy alto de sus recursos provenientes de impuestos nacionales en comparación con lo que aportan. Es como si gastaran con billetera ajena. Tienen le beneficio de gastar más pero no el perjuicio de aplicarles mayores impuestos a sus comprovincianos. Y esto es determinante de una tendencia a gastar más y mal y también a proteger la evasión dentro de una jurisdicción. Estas son las posibilidades que da el actual sistema de coparticipación.
¿Por qué los gobernadores estarían protegiendo la evasión?
Si un impuesto se evade dentro de una provincia, queda el 100% dentro de ella. El dinero se mueve allí. Pero si se paga, retorna solo un porcentaje por el actual mecanismo de coparticipación federal. Si los impuestos fueron potestad de las provincias, los gobernadores tendrían que trabajar más y mejor para combatir la evasión porque eso les daría más recursos.
¿Usted ve margen político para que se avance en un debate real para cambiar el sistema de coparticipación?
Sí, lo hay. Porque esto no es en perjuicio de ninguna provincia en particular sino en beneficio de todas. Es un beneficio general para el país. Lo que ocurre en la Argentina es que se ha ido incrementando el gasto público en todos los niveles de gobierno. Y ese gasto es insostenible: no hay posibilidades de cubrir con impuestos genuinos un gasto del 45% del Producto Bruto Interno. Entonces, hay que buscar mecanismos que alineen los incentivos para gastar menos y mejor.
¿Si se cambia en este sentido, Nación no se vería debilitada?
Una mayor horizontalidad en la distribución de los recursos reduciría la capacidad del Gobierno nacional de actuar centralizadamente y abusar de su poder. Habría una mayor independencia respecto de los recursos nacionales. Ahora, el Gobierno además tiene arbitrios para otorgar fondos por fuera del mecanismo automático de la coparticipación, utiliza ese poder para obtener beneficios en objetivos partidarios.
¿Tendría que haber cambios en el sistema político para que acompañen ese cambio en la coparticipación, como por ejemplo pasar de un sistema presidencialista a uno parlamentario?
No, en absoluto. La coparticipación federal de impuestos nació en la Argentina en 1934. Es decir, la Nación vivió más de 120 años sin un sistema de coparticipación federal. Hasta ese momento, la Nación tenía determinados por Constitución qué impuestos le correspondían cobrar y cuáles les tocaba a las provincias. Es perfectamente aplicable al sistema presidencialista.
Por Javier Álvarez, corresponsalía Buenos Aires
