NET NEWS – Según el modelo económico del gobierno, el sector exportador será el motor del crecimiento y además el proveedor de los dólares que necesita la Argentina para sostenerlo en el tiempo. Sin embargo, la historia nos muestra que con las políticas que está implementando, las ventas al exterior no aumentan, sino que caen.
Es cierto, veremos una recuperación de las exportaciones debido a que el mundo desarrollado está saliendo de la pandemia y, por ende, la demanda internacional se está reanimando. También, porque los bancos centrales más relevantes están emitiendo a más no poder, depreciando sus monedas. En este contexto el dólar pierde valor; y como es la unidad de medida del comercio internacional, los precios de todo lo exportable suben; lo cual se suma a la mejora por el mayor gasto mundial. El problema es que tendremos un incremento exportador acotado. De hecho, es poco probable que en 2021 se consigan los niveles alcanzados en 2019. Es más, tampoco volverán a lograr durante el período en que duren estas políticas económicas. Luego de la recuperación, los volúmenes de exportación bajarán.
La experiencia reciente de Argentina muestra que con cepo las ventas al exterior se destruyen. De hecho, entre 2011 y 2015, cayeron más de USD26.000 millones a USD56.784 millones, más del 30%. Sólo volvieron a recuperarse cuando se levantaron las restricciones cambiarias y se eliminaron o redujeron los impuestos a las exportaciones. ¿Será casualidad?
A las altas retenciones impositivas hay que sumar la cambiaria; ya que el Banco Central paga por los dólares mucho menos de lo que éstos valen, en términos de todo lo que ha depreciado al peso por emitir de más, para financiar al gobierno. Por lo tanto, si sumamos esta quita a las retenciones tributarias, implicará que un productor de soja cobrará algo más del 40% del valor que correspondía. En otros productos comercializables la quita es menor; pero en todos lo que se queda el Estado, es superior al 35% y se amplía en la medida que la brecha cambiaria tiende a incrementarse.
Por otro lado, las restricciones a las importaciones de insumos, hacen que los productores no puedan buscar los de mejor precio y calidad para tener un bien final equivalente. Así que pagan caro y malo, perdiendo competitividad. Lo mismo pasa cuando se los obliga a comprar insumos con dólares paralelos legales que son más caros que los oficiales.
En 2019, la Argentina tenía más de 67.000 asfixiantes regulaciones, y desde que asumió este gobierno, no cesan de incrementarse. Es imposible que un empresario pueda ocuparse de ser eficiente si pasa la mayor parte del día tratando de cumplir con ellas y, además, pagando distintos impuestos. Una PyMe porteña tiene un vencimiento tributario por día hábil ¡y son menos que en gran mayoría de los otros distritos!
Si se elige a ciegas cualquier año de los últimos veinte, donde hubo períodos de fuerte crecimiento y gobiernos de todos los colores, más del 40% (posiblemente más del 50%) de los argentinos estaban desempleados; en la informalidad; con un seguro de desocupación de empleo público o plan asistencial. Es evidente que lo único constante en ese período fue la legislación laboral, que desincentiva crear empleo productivo y genera una alta ineficiencia en la organización de los recursos de la empresa.
Todos estos ingredientes que estuvieron presentes durante el período del cepo “K”, hoy vuelven a estar vigentes. Entonces no es muy difícil estimar, que el resultado va a ser el mismo. Es más, si observamos la evolución del actual control cambiario, en relación a los “parches” que se implementaron en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, para mantener un régimen que genera distorsiones, en la actualidad observamos que se dan con mayor velocidad. Es como ver la misma película; pero con avance rápido. Dada la peor situación económica al inicio de este cepo, se pone un “parche”; se generan nuevas distorsiones que hacen que el barco haga agua por otro lado; se pone otro “parche” y así sucesivamente hasta que la nave es sólo un parche que se hunde.
Por eso, la única solución es salir del control cambiario y resolver las ineficiencias que le generan las actuales políticas al sector exportador. Para ello sería bueno aprender de los aciertos y errores de la gestión de CAMBIEMOS. Previo al cepo “K”, tuvimos 23 en los 70 años anteriores y de todos se salió traumáticamente; lo cual debería hacer pensar a nuestros funcionarios sobre su perseverancia para hacer macanas. Sin embargo, el ex Presidente Macri logró eliminarlo sin pagar un enorme costo. Sólo prometió que iba a resolver los problemas de fondo de la Argentina. Ello despertó credibilidad; lo cual mermó la salida de ahorros de locales y extranjeros, permitió salir del cepo. En definitiva, éste último se usa para moderar la fuga de capitales. Lamentablemente, no se realizaron las reformas estructurales prometidas, y a partir de 2018, se entró en crisis por la imposibilidad de mantener sin resolver indefinidamente los problemas de fondo.
Por lo tanto, el gobierno deberá anunciar que avanzará en las reformas estructurales pendientes y las llevará a cabo para despertar credibilidad; poder salir del control de cambio en forma poco traumática y lograr crecer fuerte en el tiempo. ¿Cuáles son esas políticas?
a) Eliminación y reducción gradual de impuestos: Revisión integral de la estructura tributaria a fin de suprimir gravámenes de muy escasa recaudación, reducir su peso y simplificar su administración por parte de los contribuyentes. Es imposible pensar que alguien invertirá en un país que está en el puesto 21, entre 190, en un ranking de los que más exprimen a sus empresas con impuestos o, según el Banco Mundial, una PyMe que pagará todos sus tributos es altamente probable que pierda plata. Por supuesto, sería demagógico plantear esto sin aclarar que demandará hacer más eficiente el gasto público para llevarlo a niveles que sean pagables con una imposición razonable.
b) Reforma de la administración nacional: Su objetivo es reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y las erogaciones innecesarias, asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar. Comprende: i) Cambios en las normas laborales del sector público para incorporar la gestión por resultados. Continuar con la digitalización y las mejoras en la tecnología informática. ii) un Decreto con nueva estructura (hay un organigrama propuesto) en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164, de Empleo Público. Se definirán las unidades administrativas dependientes de cada uno de los ocho ministerios, hasta el nivel de direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría. iii) Designación de los ministros de la nueva estructura. En forma transitoria, por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios. En ese plazo cada nuevo ministro cubre los cargos de la nueva estructura dando prioridad al personal en disponibilidad. Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley N° 25.164 Art 11 (No cumplen tareas; pero cobran un sueldo por uno o dos años. Así se evita el costo social de que queden sin ingresos.). iv) Incentivos a las empresas que los contraten: ej: eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.
c) Desregular la economía: Armar un nuevo sistema con las normas que son realmente necesarias y derogando todas las otras, de las más de 67.000 existentes, que no estén incluidas.
d) Reforma laboral. Privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad. Ello requerirá que se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Esta reforma requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas (por DNU o por Ley). Asegurar la libertad sindical. Desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación, y de la policía laboral. Modificar mediante decreto reglamentario, el Art 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo, por DNU o Ley) compensado por un fondo y seguro de desempleo.
Además, para fomentar las exportaciones y el crecimiento, habrá que abrir la economía para incrementar su eficiencia y, por ende, su competitividad. Por supuesto, en la reducción del gasto público tiene que estar incluida la eliminación de subsidios, salvo a sectores vulnerables; y la transformación urgente y de la mayor parte posible, de los planes asistenciales en trabajo productivo y digno. (Para más detalles https://www.libertadyprogreso.org/2020/08/25/reformas-estructurales-para-salir-de-la-crisis/).
Ojalá la Argentina abandone décadas de evitar solucionar los problemas de fondo esperando que un líder “milagrero” la salve de hacer los esfuerzos necesarios. Como no hay magia en economía, eso termina en decadencia crónica mechadas de crisis, que implican hacer más sacrificios y encima sin arreglar lo que anda mal. Los países que en los últimos cuarenta años encararon estas reformas estructurales lograron avances sorprendentes: a) en los siguiente 20 años, por lo menos, duplicaron el poder adquisitivo de los sueldos de sus habitantes; b) hoy tienen porcentajes de pobreza de menores al 10%; c) Tienen inflaciones menores al 6% ANUAL; d) el desempleo normalmente está por debajo del 7%; y e) sus poblaciones tienen cada vez más oportunidades de progreso. Creo que semejante premio debería ser incentivo suficiente para animarse a exigir a nuestros políticos que hagan lo mismo que en dichas naciones.
