Por Juan Manuel Agüero INFOBAE
Uno de los aspectos más preocupantes del avasallamiento a las libertades individuales ante medidas gubernamentales impuestas como método para evitar la propagación del coronavirus ha sido la cancelación unilateral de las actividades económicas.
En efecto, de un día para otro, muchos países tuvieron que cerrar de forma compulsiva las persianas de sus actividades económicas y comerciales. De la noche a la mañana se cancelaron sectores clave de actividad económica, en algunos casos inclusive de manera irracional como consecuencia del avance de los contagios en las grandes urbes.
En Argentina, el gobierno nacional decidió por Decreto de Necesidad y Urgencia imponer desde el 20 de marzo una cuarentena compulsiva –denominada “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”-, a toda la población sólo con excepciones específicas que involucren las llamadas actividades “esenciales”: salud, transporte, provisión de alimentos, servicio público (funcionarios), entre otros.
Como toda excepción y ante situaciones únicas que exijan tomar medidas drásticas que vulneren de forma temporal garantías constitucionales -como claramente lo ha sido la pandemia mundial de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud-, este tipo de medidas puede estar dentro de lo entendible o esperable por parte de las autoridades públicas, pero de ninguna manera su aceptación como política pública sostenida en el tiempo. La excepción nunca puede convertirse en regla ni mucho menos resignarse a que sea éste el único camino posible. Siempre el cercenamiento a las libertades individuales en un Estado de Derecho debe ser evitado o acotado en el tiempo.
Lamentablemente en Argentina la cuarentena excepcional que canceló el normal funcionamiento de la vida individual y colectiva lleva medio año, o más de 180 días de los 10 originalmente propuestos por el gobierno nacional al momento de dictar la medida. Una prórroga casi infinita del estado de excepcionalidad, apelando a la tramposa dicotomía de vida o muerte, hizo que estemos claramente ante una grave situación de violación de los derechos humanos entendidos éstos no sólo como derecho a la existencia física sino como posibilidad de desarrollo integral de la vida humana en todos sus aspectos laborales, sociales y culturales.
La mirada integral del concepto de derechos humanos es una verdad que no puede desconocerse, como tampoco tiene sentido la exclusividad ideológica en su acepción ante la evolución política y democrática de las sociedades occidentales.
Y es en este punto donde quisiéramos pararnos, toda vez que la posibilidad de trabajar libremente o de hacer lo que un individuo desee dentro de lo que la ley permite, ha sido compulsivamente cancelada por una medida de excepción que se convirtió en política pública. El derecho a trabajar o emprender -que no es lo mismo que el “derecho al trabajo” que obligue a un individuo a darle trabajo a otro individuo- implica que ningún Estado debe cercenar la libertad de realizar actividades lícitas que un individuo elige para procurar su progreso personal. La posibilidad de trabajar en aquello que un individuo desea, debe ser garantizada por cualquier gobierno que respeta los derechos humanos.
No solamente la compulsiva cuarentena en Argentina atentó contra este aspecto de los Derechos Humanos, sino que generó mayor empobrecimiento de la población local, atento la caída de la actividad económica prevista en un PBI para el año 2020 de -12,1%. Al respecto, en tan solo los dos primeros meses -abril y mayo-, de los seis que lleva la cuarentena extendida, se cerraron casi 20 mil empresas según un informe de la Fundación Libertad y Progreso. Esto implica que aproximadamente 300 mil personas perdieron su empleo como consecuencia de esta vulneración al progreso material de una población entera. Miles de individuos se verán en la calle luego de pasada esta cuarentena, y de esta manera sin la posibilidad de continuar desarrollando sus proyectos de vida por una decisión compulsiva de una autoridad gubernamental.
Los argumentos del poder de turno para relativizar esta triste realidad social siempre es anteponer el cuidado de la vida física al progreso individual, es decir, los ciudadanos deben sacrificar su trabajo para “mantenerse con vida”. Imposible no escapar al cinismo de este argumento que pone en términos falsamente morales la discusión. La dicotomía que desde el Gobierno se intentó imponer entre economía o salud es violatoria a la dignidad humana y a toda racionalidad posible.
En lugar de promover las enormes posibilidades de desarrollo humano que implica dejar que los individuos desplieguen toda su creatividad, la cuarentena infinita hizo que se cancele la vida en favor de una mirada simplemente biologista de la vida. Un peligroso cientificismo infalible se impuso por sobre la integralidad de la vida humana. Esto es lo que el liberalismo denuncia, sin caer en el negacionismo sino respetando las libertades y dignidad humanas.
La innovación y el porvenir, que sólo pueden desarrollarse en sociedades abiertas, han sido cancelados por decreto en Argentina. La cultura del esfuerzo individual ha sido reemplazada por la asistencia estatal como medio de subsistencia luego de la batería de anuncios de ayuda social que acompañaron el ASPO.
No sólo una política pública que cercena libertades se instaló como normalidad en el país, sino además un modelo social y económico basado en la tutela permanente del Estado como proveedor de la mitad de los salarios que el sector privado dejó de brindar, y subsidios públicos como medio de vida para una gran vasta porción de la población.
Modelo insostenible en el tiempo tanto desde el punto de vista fiscal como social –este año se espera el déficit de las cuentas públicas más alto después de 30 años-, toda vez que implica el sometimiento de casi toda la población del país a las dádivas de los gobiernos de turno.
El sector privado argentino es el más afectado por las medidas tomadas desde que se declaró la emergencia sanitaria en el país. Miles de trabajadores, tanto empresarios como empleados, y que no hayan sido declarados por el gobierno como “esenciales”, se vieron así impedidos de realizar su actividad o directamente de ir al lugar de trabajo, aunque sea tomando los recaudos de higiene recomendados por los especialistas médicos.
La arbitraria decisión gubernamental de distinguir entre aquellos individuos que sí pueden trabajar, los llamados “esenciales”, y los que no, también implica una vulneración a la dignidad humana. El gobierno cae en una discriminación preocupante al hacer esta distinción, haciendo que un trabajador de un supermercado minorista proveedor de insumos básicos como alimentos o higiene tenga más derechos que uno que se desempeñe en el sector turístico o gastronómico. ¿Cuál es el argumento para aceptar esta clara discriminación? Tanto uno como otro pueden estar expuestos al contagio del virus si no toman medidas de prevención ya conocidas por la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo.
La situación entonces en Argentina, una vez más, es preocupante en materia económica, pero sobre todo agravada por la instalación de un modelo sociopolítico que tiene como base la vulneración de los derechos humanos en materia laboral dejando sin posibilidades reales tanto a empresarios como a empleados de trabajar libremente, como debe ser en cualquier país que asegure un auténtico progreso material para todos sus ciudadanos.
El autor es coordinador de Proyecto Argentina de la Fundación Friedrich Naumann
