Por Emilio Andrés Bottini y Egon Iván Rost
El Gobierno Argentino inició tratativas con el de China para que inversiones de ese país se dediquen a hacer en Argentina lo que ellos mismos aparentemente ya no quieren hacer en su propio territorio, esto es, asumir los riesgos ambientales y sanitarios que implican la producción industrial a gran escala de ganado porcino. Si bien el primer contacto público se conoce desde julio de 2020; luego de estallar una epidemia de gripe porcina a finales de 2018 en las granjas y fábricas del gigante asiático, una reconocida multinacional con actividad en Argentina ya venía seduciendo al Ejecutivo desde inicios de este año motivo de la faltante de oferta de carne de cerdo en el mercado mundial.
En la última década, el sistema intensivo de producción porcina, basado en “mega-granjas”, ha crecido rápidamente hasta incluir al 60% de la población de cerdos en China. En este modelo, los insumos derivados de la industria química reemplazan a los procesos naturales, a contramano hoy en día de las tendencias en cuanto a la producción de alimentos sanos por medio de prácticas ambientalmente amigables.
La mega-granja consiste en una unidad organizativa similar a albergues para cerdos, que pueden ser horizontales o verticales. En cada compartimiento o piso, equipado con sistemas complejos de ventilación y movilidad, pueden criarse unos 1000 cerdos. A pesar de esto, al estar muy concentrados los animales por unidad de superficie, crea condiciones para que la aparición espontánea de algún patógeno provoque una infección difícil de controlar. En consecuencia, la epidemia de la gripe porcina ha podido expandirse rápidamente desde África hacia los focos concentrados de cerdos en China.
En caso de acuerdo con el Gobierno Argentino, el país asiático logra la provisión de carne de cerdo a un costo conveniente, mientras que relocaliza su producción a una zona en buenas condiciones ambientales, y más importante aún, libre de enfermedades. Cada mega-granja necesita provisión abundante de agua potable y comida (cereales y porotos de soja), además de una zona “crítica” donde puedan tratarse y/o depositarse las toneladas de residuos que se generan como externalidad del proceso productivo. Estas variables en nuestro país resultan sumamente atractivas para los impulsores de este tipo de emprendimientos, más teniendo en cuenta que pueden asumirse los riesgos en otro territorio que no es el propio.
El continuar en este camino nos lleva al cierre gradual de un destino importante de la producción rural argentina, nos aleja de los mercados exigentes que premian los procesos productivos de calidad, y nos deja expuestos al condicionamiento de un país potencia como China. No se trata de limitar la producción porcina, ni el comercio internacional, sino de cuestionar modelos que potencialmente atentan contra los recursos naturales y promuevan una responsabilidad desigual entre las partes involucradas. Además, no podemos ser ingenuos en desconocer que la capacidad de presión del gobierno chino amenazando con cierres comerciales en perjuicio de Argentina, puedan influir para erosionar la rigurosidad al momento de velar el cumplimiento estricto de exigencias ambientales.
En este contexto crítico que nos toca atravesar, es momento propicio para pensar un capitalismo que promueva la producción de alimentos sanos, con respeto al medio ambiente dentro de las buenas prácticas sostenibles en el tiempo, y de gran capacidad productiva como ya está demostrado dada nuestra ventaja comparativa producto de los procesos ecológicos que definen nuestro ambiente natural. En contrapartida, el acuerdo chino-argentino en los términos hoy regidos no aporta ninguna solución estructural para el progreso de nuestro país.