Lic. en Administración de Empresas. Magister en Economía Aplicada de la UCA. Doctorando en Economía en la UCA.
Analista Económico en Libertad y Progreso.
DATA CLAVE – Albert Einstein decía “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Sin embargo, es una lección que Argentina no parece entender. El Congreso finalmente debatirá el Impuesto a las grandes fortunas, también llamado impuesto a la riqueza. Con el discurso de que los más ricos tienen que ser solidarios en este momento de crisis, el gobierno pretende salir a recaudar fondos como sea.
Lo que no tiene en cuenta el gobierno son los efectos que trae aparejado la imposición de este tipo de tributos. En un país necesitado de inversores que se animen a hundir su capital, la medida juega en contra de los intereses de los argentinos ahuyentando a cualquiera que quiera emprender en nuestro territorio. Justamente, lo que escasean en Argentina son los dólares de inversión. Además, se suma a otras medidas que ponen en duda la propiedad privada como el intento de expropiación de Vicentin, la toma de tierras de Guernica y el caso Etchevere, entre otros.
La pregunta que se tienen que hacer los que están pensando que este tipo de impuesto es beneficioso para el país, es cuántas inversiones no veremos llegar, cuántos empleos no se crearán y cuanto se reducirán nuestros salarios por culpa de esta medida. Siempre hay que ver lo que se ve, pero también lo que no se ve.
Estos puntos son importantes para entender en su totalidad por qué es conveniente que no se apruebe este “aporte solidario” (que, convengamos, de solidario no tiene nada porque es una confiscación obligatoria de recursos del sector privado). Además, presenta complicaciones en su implementación. Por ejemplo, al ser un impuesto que se cobra sobre el patrimonio, los que llegan a estar gravados probablemente no tengan el dinero líquido para pagarlo inmediatamente. Para ello, se tendrán que desprender de activos, como, por ejemplo, acciones de empresas. Al vender acciones para hacerse de dinero para pagar el impuesto, pierden participación accionaria y con eso dejan de tener el control sobre las empresas que manejan actualmente. Frente a esta situación, antes de perder el trabajo como director de la empresa que sea, seguramente se decidan por irse del país para eludir el impuesto y/o iniciar demandas legales al estado.
En caso de que se pague el impuesto, lo que va a pasar es que el dinero que estaba en manos de un privado (que ganó gracias a su trabajo) y que iba a tener un destino productivo, pasa a financiar la gran burocracia estatal, que se encuentra históricamente quebrado.
Sin embargo, lo más grave de todo es la pésima señal que se envía a los potenciales inversores y a aquellos que hoy no están gravados por este aporte es que nadie puede confirmarles que en el futuro un impuesto de este tipo no va a recaer en ellos, lo que incrementan aún más los niveles de incertidumbre.
Entonces, ¿Para qué producir y perder el tiempo en algo que probablemente se lo termine llevando otro? Los incentivos que crean son contrariamente a los que se deberían buscar ya que, al obligar a desprenderse de activos a las personas, se puede considerar un atentado contra la propiedad privada, y un país sin normas que garanticen ese derecho, es un país inviable para cualquier tipo de inversión.
Argentina tiene que cambiar. No podemos seguir combatiendo al capital porque es lo que paga los salarios a fin de mes de los trabajadores, el que permite crear más y mejores empleos y el que saca a la gente de la pobreza. Es el sector privado con sus empresas las que producen los bienes y servicios que consumimos todos los días. Si a cualquier empresa que trata de generar trabajo le cobramos impuestos porque el Estado no es eficiente en el manejo de sus cuentas fiscales, el camino continuará siendo el del empobrecimiento.
Para salir adelante, se debe crear un ambiente pro-institucional, donde las reglas de juego sean claras para que los emprendedores (tanto locales como internacionales) se sientan seguros a la hora de invertir en Argentina ofreciendo nuevas marcas, nuevos productos en nuestro país. Pero para transitar este camino, el primer paso es dejar de entorpecer y complicar a los privados con este tipo de medidas.
