Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
LA NACIÓN – Hay justificadas quejas por la politización y el consiguiente adoctrinamiento en instituciones de enseñanza y, sin embargo, se acepta que los aparatos estatales impongan criterios curriculares en esos centros, sean estatales o privados, que en este último caso están privados de independencia.
La característica medular de la educación estriba en un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo. Nadie debiera tener la facultad de imponer estructuras curriculares puesto que de ese modo se cierran las puertas y ventanas de un sistema que requiere el máximo oxígeno en un proceso competitivo en el que se establecen auditorías cruzadas para lograr los mayores niveles de excelencia. Uno de los pilares de cualquier educación que se precie de tal consiste en fomentar el pensamiento independiente y en la capacidad de cuestionar el statu quo y despejar telarañas mentales, lo cual pretendemos hacer en esta nota periodística. Los aparatos de la fuerza debieran ser ajenos a la educación. No resulta posible enseñar libertad sobre la base de la compulsión.
Entonces no solo no tienen sentido los llamados ministerios de educación y de cultura, sino que la educación estatal resulta un contrasentido igual que literatura estatal, periodismo estatal, arte estatal y demás dislates. Y no digo “educación pública” puesto que se trata de un disfraz ya que la educación privada es también para el público.
No se trata de sostener en modo alguno que en las instituciones estatales no hay excelentes profesores y profesoras. Por otra parte, no sería consistente con mi propia trayectoria fuera de ámbitos universitarios privados si pensara que toda la enseñanza estatal es deficiente ya que también me he desempeñado en universidades estatales. No se trata de refutar el hecho de lo mucho y bueno aprendido en entidades gubernamentales de enseñanza merced a las esforzadas y meritorias tareas de maestras y maestros. Salvando las distancias, tampoco es el caso de discutir en nuestro medio la faena formidable de Sarmiento en un territorio virgen, aun con las críticas por haber desplazado la enseñanza privada debido a la “gratuidad” de su propuesta (recordemos al pasar que nada es gratis).
A esta altura de los acontecimientos, se trata de revisar el fondo del asunto y no para circunscribirlo al caso argentino, sino para formular un análisis global que cabe a todas las instituciones estatales de educación en todas las latitudes. No es un asunto de mala voluntad, sino de independencia y de incentivos puesto que no es lo mismo cuando uno paga las cuentas que cuando fuerza a otros a pagarlas.
Las acreditaciones, en los casos en que se requieren, serían realizadas, tal como sucedía originalmente, a través de academias e instituciones privadas que, en el proceso, además, sirven también de auditorías cruzadas y en competencia por la calidad de los programas.
Por otra parte, es menester contemplar las características únicas de cada uno de los que aplican para la educación formal, que incluso lo son de un modo multidimensional en la misma persona, por lo que se requiere un proceso dinámico y cambiante.
Debe comprenderse que todos pagamos impuestos, especialmente los más pobres, que pueden no haber visto nunca un formulario fiscal. Esto es así porque aquellos que son contribuyentes de jure reducen sus inversiones, lo cual, a su turno, disminuye salarios e ingresos en términos reales, una secuencia que tiene lugar debido a que las tasas de capitalización constituyen la única explicación por la que se eleva el nivel de vida.
Más aún, si tomamos en cuenta el concepto de utilidad marginal resulta claro que una unidad monetaria -a pesar de que no son posibles las comparaciones intersubjetivas de utilidad ni tampoco pueden referirse a números cardinales- en general no es lo mismo para una persona pobre que para una persona rica. En el primer caso, manteniendo los demás factores constantes, el efecto negativo del tributo será mayor, lo cual hace que el impacto impositivo recaiga en definitiva con mayor peso en los más pobres como consecuencia de la antedicha contracción en las inversiones.
Desde otra perspectiva, los costos por estudiante en las entidades estatales de educación son habitualmente más elevados que en instituciones privadas, por la misma razón que opera “la tragedia de los comunes” en cuanto a incentivos que hacen que las mal llamadas “empresas estatales” sean ineficientes. Por ende, debieran venderse las instituciones estatales de enseñanza, por ejemplo, a los mismos encargados de los respectivos claustros con todas las facilidades del caso. Y en la transición, para financiar a los que no cuentan con ingresos suficientes, pero tienen condiciones para aplicar a las ofertas educativas existentes, se ha sugerido el sistema de vouchers en repetidas ocasiones. Este sistema exhibe un non sequitr: esto significa que de la premisa de que otras personas debieran ser forzadas a financiar la educación de terceros no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que el voucher (subsidios a la demanda) permite que el candidato en cuestión elija la entidad privada que prefiera.
Se ha dicho repetidamente que la educación es un bien público, pero esta afirmación no resiste un análisis técnico ya que no calza en los principios de no rivalidad y no exclusión propios de los bienes públicos.
También se ha dicho una y otra vez que la educación estatal debe incorporarse porque le da sustento a la idea de la “igualdad de oportunidades”. Esta figura, prima facie parece atractiva pero es del todo incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. El liberalismo y la sociedad abierta promueven que la gente disponga de mayores oportunidades no iguales debido a que las personas son distintas. La igualdad es ante la ley, no mediante ella.
Se argumenta que los niños debieran contar con un minimum de enseñanza tal como el aprendizaje de la lectura y la escritura, pero si los padres de familia consideran que eso es importante, es eso a lo que se le otorgará prioridad tal como ha ocurrido a través de la historia por medio de pagos directos o por medio de becas. Es muy cierto que la educación es fundamental, pero más importante aún es el estar bien alimentado y ninguna persona de sentido común, a esta altura, propondrá que la producción de alimentos esté en manos del Estado, porque la hambruna es segura.
Si prestamos atención a los escritos de historiadores, comprobaremos que, comenzando con Atenas, la Roma de la República antes del Imperio, el mundo árabe en España y en el comienzo de las colonias estadounidenses no había interferencia estatal en materia educativa. Cualquiera podía instalar un colegio y competir para atraer alumnos a muy diferentes precios y condiciones, lo cual produjo como resultado la mejor educación del mundo de entonces. Debido a que el control gubernamental poco a poco se fue apropiando de la educación, desde el siglo XVII se instaló el primer sistema estatal en Alemania y en Francia. Ya en el siglo XVIII la mayor parte de Europa estuvo bajo la influencia de este sistema (excepto Bélgica, que lo impuso en 1920).
Por último, destaco que, en una sociedad abierta, cuando se estima que padres lesionan derechos de sus hijos sea en materia educativa, alimentaria o física, quienes detectan esas conductas pueden actuar como subrogantes ante la Justicia.
