Por Enrique Aguilar Consejero Académico de Libertad y Progreso – Profesor de Teoría Política
EL ECONOMISTA – El reciente episodio protagonizado por la directora del INADI, quien reveló haber hecho beneficencia con dinero ajeno al contratar a gente cercana y presuntamente necesitada porque “para eso está el Estado”, es un testimonio más de la inconexión existente entre la clase gobernante y el común de los mortales argentinos. La política, en efecto, siempre propensa a colonizar el Estado y convertida desde hace tiempo en un ámbito de movilidad social ascendente, se ha mostrado porfiadamente incapaz de dar el paso inicial, revisando sus propias cuentas antes de obligar a la sociedad a incrementar las suyas con más impuestos y restricciones de toda índole.
¿Cómo se explica, por ejemplo, que con nuestros exorbitantes niveles de pobreza tengamos veinte ministerios, con el tendal de dependencias que ello supone? ¿Cuántas oportunidades ofrece este exceso de organismos para la generación de contratos de los que luego algunos hacen usufructo? ¿Cómo se explican las remuneraciones que se perciben en muchos de esos ámbitos que, como señaló la revista “Criterio” en un editorial titulado “¿Cuánto Estado puede sostener el sector productivo?”, “alimentan el deseo cargos públicos en profesionales jóvenes conscientes de lo difícil que les resultaría alcanzar esos ingresos en ámbitos privados”? ¿Qué decir de las exenciones impositivas, los regímenes especiales y demás privilegios enquistados en los poderes del Estado que, por lo pronto, resultan incompatibles con el principio de igualdad “como base del impuesto y de las cargas públicas” consagrado por nuestra Constitución?
El recurso a una mayor presión fiscal, en un país que ha perdido el sentido del límite en este como en tantos otros terrenos, no puede sino consternar todavía más a una clase media que viene siendo esquilmada indisimuladamente por gobiernos tan faltos de voluntad como de imaginación para recortar gastos. Un ejemplo reciente nos sirve de ilustración. Me refiero a la alícuota del 1,2 % en concepto de Impuesto a los Sellos que se aplica desde ahora sobre las compras y débitos por tarjetas de crédito de ciudadanos residentes en CABA. Se trata, como siempre, de la solución más fácil y al alcance de la mano para quienes prefieren no pagar el precio de revocar una regla no escrita de nuestra vida política, a saber: la que estipula que los ajustes siempre deben recaer sobre el sector privado.
Las críticas se han hecho oír prontamente con respecto a este nuevo gravamen al consumo: por el contrasentido que supone su imposición al mismo tiempo que se pretende alentar la recuperación de la actividad económica (“quieren estimular la economía agobiando al que la pone en marcha”, adujo el presidente de la CAME, Gerardo Díaz-Beltrán); porque desalienta la bancarización y aumenta la informalidad, e incluso por sus vicios de legalidad al vulnerar –según se ha advertido también– normativas vigentes que impiden gravar con dicho impuesto instrumentos que no revisten los caracteres exteriores de un título jurídico válido, como ocurre con los resúmenes de tarjeta de crédito que obran meramente como una liquidación de gastos.
Por su parte, el Gobierno de CABA (cuya estructura y plantilla de empleados parecen fuera de toda proporción) defendió el nuevo tributo aludiendo a la necesidad de compensar la pérdida originada en la decisión del gobierno nacional de redirigir un porcentaje de la coparticipación que percibía la ciudad. Asimismo, se respaldó en la necesaria “armonización” con otras jurisdicciones que ya aplican este impuesto, argumento cuando menos absurdo para los que creemos que un buen gobierno debería caracterizarse por “armonizar” para mejor, pero nunca para peor.
Manso rebaño de sus sucesivos pastores, el sector productivo parece indefectiblemente condenado a obedecer y pagar, aceptando un sacrificio nunca compartido por el Estado en sus distintas jurisdicciones. ¿Por qué habría de ocurrir lo contrario? ¿Qué incentivos tiene la dirigencia política para cambiar sus viejas mañas? ¿Acaso cabe pensar que un individuo, habituado a maximizar sus intereses, habría de relegarlos a un segundo plano por el solo hecho de acceder a una función pública? Antes de crear nuevos impuestos, sería más que revelador para la opinión pública conocer con exactitud algunos detalles de un gasto público descomunal que, en un mano a mano con los contribuyentes, ningún funcionario se animaría en su sano juicio a defender y cuya prolija revisión, sea que redunde o no en un ahorro verdaderamente significativo, se impone por sí misma, como gesto no solo político sino primariamente moral.
Decía Benjamin Constant que, “en determinadas épocas, hay que recorrer todo el círculo de las locuras para volver a la razón”. ¿Habremos recorrido los argentinos todo ese círculo? Es un interrogante que nos invade a estas horas.
