Abogado. Asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CRONISTA – La catástrofe del Covid-19 fue y sigue siendo similar a la de una guerra, con un enemigo invisible y con un ejército sanitario que tuvo muy pocas herramientas para enfrentar y para tratar de doblegar la pandemia. Daños irreparables en vidas, en la salud pública en general, en los ámbitos social, político y económico, provocaron desasosiego e incertidumbre por lo que vendrá.
Se han naturalizado en ese contexto acontecimientos que otrora eran excepcionales como el aislamiento social obligatorio, el cepo laboral con prohibiciones y duplicaciones, la división de poderes con los DNU del Poder Ejecutivo y la Justicia en receso, la prohibición de trabajar, el pago de salarios o de subsidios no remuneratorios a los que no trabajaban, que se traducen finalmente en conductas destructivas y a veces antidemocráticas.
La indiferencia de algunos sectores, el riesgo, la angustia y el peligro generado por la pandemia pasan a ser la amenaza concreta a la salud y a la supervivencia en el plano vital y en el contexto de la economía individual y general. La ilusión de una salida rápida y exclusiva es una especie del pensamiento mágico que la sociedad experimenta con gran frustración y que se transforma en demandas, exigencias, deseos y necesidades.
En todos los sectores se exigen transformaciones sin promesas y respaldados por hechos concretos frente a la evidencia de la pobreza y la indigencia en la que hemos caído y la necesidad que el Estado no puede suplir sin creación de valor, sin el crecimiento auténtico de la actividad privada.
La política de diversos países, incluyéndonos, que fracasaron en sus objetivos primarios, y se escudaron en la pandemia como chivo expiatorio; que, por otra parte, puso en clara evidencia realidades encubiertas, y develó todas las miserias humanas en su peor expresión.
El virus no reconoció latitudes, razas, culturas ni religiones, y curiosamente castigó en mayor medida a los países más desarrollados y mejor equipados del planeta. Se perdieron 1500 millones de puestos de trabajo y se triplicó el desempleo mundial. Frente al fracaso de las medidas preventivas, los países centrales y la OMS confían en revertir el proceso de avance de la pandemia en su segunda y tercera oleada, y en las cepas modificadas con la vacunación masiva, que ya está en marcha.
Ahora se impone mirar el presente y el futuro. Resulta claro que es imprescindible retomar el camino del crecimiento y del desarrollo de la actividad privada, que es la única que genera valor agregado, capitalización, y sobre todo empleo genuino y sustentable.
Tenemos tres prioridades, a saber: la reactivación del mercado interno, las exportaciones con la atención en los nuevos mercados y la reformulación del escenario interno reestructurando el marco regulatorio de los impuestos tasas y contribuciones, de cargas sociales y de impuestos al trabajo.
En el plano laboral, es importante destacar que no habrá una reacción favorable genuina y duradera, si no se vuelve a la normalidad en la actividad económica, que por ahora siguen con numerosas restricciones locales, provinciales y nacionales. El turismo, con la ventaja de la mano de obra intensiva, está bajo la lupa de las autoridades, observando la evolución de los contagios, frente a las medidas preventivas que se están adoptando en cada zona del país.
Lo cierto es que la pandemia sigue teniendo efectos en todos los planos, sobre todo teniendo en cuenta que existen nuevas oleadas. La vacunación masiva en nuestro país está prevista en forma gradual con dosis eficientes que recién llegarán en marzo o abril, la reactivación se podrá visualizar en el segundo semestre.
Por ende, los planes sociales, la ATP, el REPRO II, los créditos a tasa “cero” o con tasas preferenciales y las suspensiones subsidiadas del artículo 223 bis (Ley de Contrato de Trabajo) seguirán siendo necesarias en un camino gradual hacia la actividad normal.
Reformas estructurales esenciales serán una imposición de la competitividad, dado que el costo laboral argentino está sobrecargado por el nivel de los impuestos al trabajo, la incidencia de las restricciones a las suspensiones y a los despidos, la duplicación de la indemnización legal, y la imprevisibilidad que generan los resultados desproporcionados e imprevistos de los reclamos laborales resueltos en sede judicial.
El Poder Ejecutivo tendrá que dictar las normas de salida del cepo laboral, deberá rever los impuestos al trabajo, que si no se reducen se pueden reestructurar para crear, por ejemplo un fondo de despido y desempleo que cubra a todos los trabajadores frente al pago de las indemnizaciones laborales por la extinción del vínculo.
La promoción de los nuevos empleos, seguramente con incentivos fiscales o de la seguridad social, se pueden aprobar por un DNU del Poder Ejecutivo, y debería premiar los trabajadores contratados en exceso de los niveles normales y habituales, para ayudar a la generación de nuevos puestos de trabajo. Durante los últimos 12 años ningún gobierno pudo superar los 6,2 millones de puestos de trabajo en el sector privado, lo que demuestra que aún en etapas de crecimiento, no se dieron las condiciones para generar trabajo genuino.
Por último, es esencial una reforma de fondo del sistema educativo, impactado por la crisis de la pandemia, lo que brinda una gran oportunidad para establecer una reforma de fondo, que incorpore la alfabetización en base a las nuevas tecnologías y la salida laboral desde los primeros niveles, a través de la informática y los dispositivos telemáticos, además del conocimiento de un segundo idioma.
El futuro es hoy, siempre y cuando lo sepamos aprovechar. No basta el discurso, no es confiable el relato, sólo importarán los hechos, las realizaciones, la reformas que contribuyan al bien común y al bienestar general que aseguren los beneficios de la libertad como lo dispone el preámbulo de la Constitución Nacional.
