Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
EL ECONOMISTA – En varias oportunidades me he referido al pasar a esta tragedia pero es hora que le dediquemos una nota especial dada su trascendencia y la manía por repetir el fenómeno.
Descuento que quienes caen en este problema lo hacen con la mejor de las intenciones pero eso no modifica los resultados adversos. Veamos el asunto por partes. En primer lugar, la asignación de derechos de propiedad se hace imprescindible al efecto de usar los siempre escasos recursos del modo más eficiente posible. Si viviéramos en Jauja y hubiera de todo para todos todo el tiempo no habría que proceder en esa dirección. Pero, como no es el caso, es indispensable crear incentivos para que cada cual al efecto de mejorar su posición se vea obligado a mejorar la de su prójimo, sea vendiendo papas, computadores, medicamentos o lo que fuera. En este contexto, el que acierta obtiene beneficios y el que yerra incurre en quebrantos. Desde luego que en este proceso no hay cabida para los llamados empresarios prebendarios que se alían con el poder político para explotar a sus semejantes en base al privilegio.
En segundo término, es muy relevante tener en cuenta que en la medida en que los aparatos estatales se inmiscuyen en los precios inexorablemente lesionan la institución de la propiedad, ya que toda transacción implica trasferencias de derechos de propiedad. Al distorsionar precios se está naturalmente desfigurando las únicas señales que tiene el mercado para operar, es decir, para saber donde invertir y donde no hacerlo según las demandas de la gente. En el extremo -la abolición de la propiedad como pretenden los comunistas- los precios desaparecen por completo y por tanto también desaparece la posibilidad de la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general. Como tantas veces he ilustrado el tema, en esta situación no se sabe si conviene construir caminos con oro o con asfalto y si alguien dijera que con el metal aurífero sería un derroche es porque recordó los precios relativos antes de la expropiación de marras.
En tercer lugar, y aquí viene la tragedia de los comunes, lo que es de todos no es de nadie y los incentivos para cuidar lo propio no son los mismos si se dice que el bien en cuestión pertenece a todos. El comportamiento no es igual cuando uno debe hacerse cargo de las cuentas respecto a lo que ocurre cuando se obliga a otros a pagarlas con el fruto de sus trabajos. Incluso la manera en que se encienden las luces y se toma café no resulta igual cuando uno debe abonar el servicio respecto a la situación en la que terceros se ven forzados a hacerlo.
A contramano de lo que consignamos, hay una muy lamentable tendencia a endiosar lo colectivo y a repudiar lo individual con los resultados que están a la vista, especialmente negativos para los más vulnerables que sufren en mayor grado el embate del despilfarro. Nadie mejor que Jorge Luis Borges para ilustrar el punto: cuando se despedía de sus audiencias solía decir “me despido de cada uno y no digo todos porque todos es una abstracción, mientras que cada uno es una realidad.”
Contemporáneamente, Garret Hardin bautizó lo dicho en la revista Science como la tragedia de los comunes pero el desarrollo inicial se remonta a Aristóteles cuando refutó el comunismo de Platón. Hoy en día se extienden por doquier las políticas de lo colectivo en detrimento de lo individual, con lo que el empobrecimiento se incrementa a pasos agigantados en las diversas áreas. Hay un debate paralelo en cuanto a los denominados “bienes públicos” que se circunscriben a ciertos campos, en esta oportunidad no es el caso comentarlos solo remito a recientes argumentos sobre externalidades, asimetría de la información, el dilema del prisionero y lo que se conoce como el teorema Kaldor-Hicks.
Pero en todo caso, más allá de estos temas se hace necesario revisar la malsana insistencia de colectivizar todo lo que los políticos pueden echar mano comenzando por las tristemente célebres empresas estatales, en realidad una contradicción en los términos puesto que un emprendimiento empresario se traduce en poner en riesgo recursos propios y no de otros por la fuerza. Estas actividades estatales en el momento de su constitución alteran las prioridades de la gente puesto que en libertad le hubieran dado otro destino y si hicieran lo mismo que la gente prefiere no tiene sentido la intervención, sin perjuicio de los conocidos déficit, calidad de servicios y trabas explícitas o implícitas a la competencia.
La tragedia de los comunes se presenta como si fueran actos de solidaridad, sin percatarse que esa virtud solo tiene sentido cuando se lleva a cabo con recursos propios y de modo voluntario.
