Emilio Apud es ingeniero industrial, director de YPF y ex Secretario de Energía y Minería de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.
CLARÍN – Al igual que sus tres predecesores kirchneristas, el actual gobierno ostenta una manifiesta preferencia por los congelamientos tarifarios y por la intervención en los precios de los productos desregulados, manteniéndose fiel a sus preceptos populistas e intervencionistas.
El gobierno del Frente de Todos se aferra a medidas transitorias porque le proveen de un confort político ficticio y circunstancial y se ilusiona con que puedan mejorar su performance electoral. Esa transitoriedad tiene un plazo, octubre 2021, en el que “todo vale “. Claro que con prescindencia de las graves consecuencias que le producirá al país el día después, gane o pierda las elecciones de medio término.
El manejo discrecional de las tarifas y los precios energéticos guarda una analogía interesante con el utilizado por la actual administración en el sistema sanitario ante la pandemia COVID 19; es interminable, empeora los servicios, causa estragos a la economía y por ende, a la calidad de vida de la población
El desplazamiento de Guillermo Nielsen de la presidencia “virtual “de YPF, hubiese resultado ocioso de no mediar la intención del Gobierno de sumar la compañía al plan electoral, transformándola en un ente regulador de facto del precio de los combustibles, en un promotor de beneficios provinciales y en un difusor de propaganda gubernamental.
Ahora, otra vez el Gobierno se aferra al cortoplacismo, le interesa el hoy, el ir tirando y luego veremos, cuando ese “luego” es inminente por más que haga lo imposible para que no ocurra antes de octubre.
Aunque las consecuencias son harto conocidas después de la frustrante experiencia energética de doce años de kirchnerismo aplicando similar política, buena parte de la ciudadanía parecería haberlas olvidado luego de las mejoras introducidas por el gobierno de Cambiemos.
El sacrificio que significó a la sociedad el inevitable sinceramiento tarifario aplicado por la anterior administración y el inmenso costo político que pagó, fueron en vano. La mejora sustancial de los servicios, la reducción del déficit fiscal de 4 puntos del PBI a 1,5 producida por la baja de los subsidios energéticos, el equilibrio en las cuentas del comercio exterior, la mejora ambiental introducida por el uso eficiente del consumo ante las señales de precio de tarifas económicas y las ingentes inversiones en energías renovables, retornan aceleradamente a los valores paupérrimos de finales de 2015.
La gente había comenzado a tomar conciencia de lo que cuesta producir energía y estaba aceptando pagar su costo como en cualquier país del mundo y no hacerlo compulsivamente vía subsidio por la que no usa.
Hasta 2002 no había subsidio a la energía, no faltaba luz, y se exportaba gas. Las tarifas eran las más bajas de la región y fluían las inversiones privadas al sector. El Estado intervenía en el segmento de los servicios regulados de gas y electricidad mediante los Entes Reguladores, y se concentraba en recaudar impuestos estables respetando las leyes que rigen al sector, generando así un clima propicio para la inversión privada.
A su vez, el segmento no regulado, es decir con precios libres, como la producción de electricidad, gas, petróleo y sus derivados, se manejaba bajo las reglas de mercado dentro del marco legal vigente y de valores de referencia internacional.
Pero, con la vuelta del kirchnerismo en su versión K4 recargada en vísperas electorales, retornan las prácticas paralizantes para el sector como congelamiento tarifario indefinido, intervención en los precios no regulados y ruptura de contratos.
Las secuelas de este deja vu ya se están manifestando. Vuelve el capitalismo de amigos, las fantasías estatizantes, la demonización de las empresas concesionarias, los barcos regasificadores, la discrecionalidad en subsidios y las condonaciones de deuda.
Mientras, la inversión se ha paralizado en una industria dinámica que requiere de un flujo constante de fondos. La producción de gas cayó a valores históricos, motivando un nuevo plan de asistencia del Estado a las empresas imposibilitadas de producir al precio congelado de la demanda, aumentando así la presión de los subsidios energéticos que en 2020 alcanzaron los USD 8.000 millones.
Paradójicamente, lo que nos costará de manera indirecta a los usuarios ese nuevo subsidio será mucho más oneroso que pagar la tarifa plena, pero no lo notarán en el corto plazo y es lo que le interesa al Gobierno antes de las elecciones. Sí, lo va a notar Economía ante la falta de divisas para importar gas cuya cantidad y precio serán muy superiores a los ligeramente estimados.
Los volúmenes de GNL, gas en barco, a importar este invierno aumentarán debido a que la producción será menor a la prevista por los retrasos en la implementación del plan gas y por la merma en el suministro de gas de Bolivia al caer su producción. En cuanto al precio original, ingenuamente calculado en base a los bajos valores internacionales de pandemia en unos 3 dólares el millón de BTU, no creo que se pueda conseguir este invierno a menos de 10 dólares.
Recientemente en Corea se ha llegado a pagar hasta 20 dólares. Entonces, este año el país necesitará una cantidad de divisas para la energía, que tenemos y no producimos, de tal magnitud que ni el insólito precio de las commodities del campo compensará. Mientras tanto sigamos disfrutando de la ficción de tarifas y precios “baratos”, no puede durar mucho.
