LA NACIÓN – Editorial (27/01/21)
Si por cuestiones de campaña política no se cambia el relato y se les habla a los ciudadanos con franqueza, será imposible atacar los problemas de fondo del país.
“La emisión monetaria no es la causa de la inflación”, afirmó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. Se apoyaba en la observación del hecho de que la inflación exponía índices porcentuales inferiores a los de la relación entre la emisión y la cantidad de moneda existente. En 2020, el Banco Central finalmente debió emitir 2,29 billones de pesos para el Tesoro, equivalentes a un 136% de la base monetaria, mientras que la inflación fue del 36,1%. En el año anterior, último de la gestión de Mauricio Macri, la emisión monetaria había sido sustancialmente menor, pero la inflación, mayor (52,9%).
La afirmación de Todesca se desmorona cuando se incorporan otros elementos que mucho han tenido que ver con esta cuestión. En primer lugar, durante 2020, el Banco Central, al mismo tiempo que emitía, absorbía colocando letras y títulos nominados en pesos. La cantidad de Leliq en circulación se incrementó en 1,55 billones de pesos, absorbiendo un 67% de la emisión. La tasa de interés que se pagó por ellas fue en promedio del 38% anual. En definitiva, es como si el fisco hubiera financiado su déficit con deuda a altas tasas de interés. La crítica a Macri por su endeudamiento sería también aplicable a los actuales gobernantes, aunque en la comparación de los déficits fiscales debe tenerse en cuenta el fenómeno de la pandemia. Esa fuerte absorción monetaria mediante las letras es una de las explicaciones de la falta de proporcionalidad entre la emisión y la inflación. Pero este artificio no es gratis. El stock de Leliq emitidas por el Banco Central alcanzaba al 31 de diciembre de 2020 a 2,8 billones de pesos y el pago anual de intereses por ellas, a 1,06 billones. Se presenta el caso como una bola de nieve. Es un instrumento que ya llegó a su límite.
Otro elemento que jugó de amortiguador entre emisión e inflación fue un fenómeno peculiar observado en la cuarentena. La gente retuvo más pesos en su casa o en cuentas bancarias a la vista. En lenguaje económico fue una suba de la demanda de dinero, o también una disminución de su velocidad de circulación. A fines de 2019 el conjunto de billetes, monedas y dinero en cuentas a la vista (M1) rotaba cada 12,3 días. En julio de 2020 lo hacía cada 19,6 días. Ese cambio produjo el mismo efecto que una absorción del dinero emitido. La velocidad de circulación está aumentando, pero todavía no ha alcanzado los valores prepandemia. Pero de lo que se está seguro es de que no volverá a jugar a favor. En todo caso, si la inflación se acelera, la gente se desprenderá más rápidamente de los pesos y este comportamiento será proinflacionario.
Varios manejos intervencionistas logran mantener artificialmente bajos los índices inflacionarios, entre ellos, controles de precios, alquileres congelados, retraso de tarifas y aumento de subsidios.
Uno de los destinos de ese exceso de liquidez ha sido y es el dólar. La consecuencia, habiendo cepo, ha sido una amplia brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal o blue. Aparecen así los atajos para quedarse con los dólares baratos de las reservas y emergen diariamente nuevas medidas del Banco Central para preservarlas. Por ejemplo, la negación de permisos para importar y la obligación de reestructurar deudas, entre otras. El último y costoso artificio para restar demanda sobre el dólar fue la emisión de títulos en pesos, pero indexados a la cotización del dólar oficial. Serán una ganancia segura para el ahorrista y una costosa hipoteca adicional para el Gobierno. Pero, para alegría de este, se pagará el costo después de los comicios. Fue otra de las deformaciones de una política económica que trabaja para las elecciones y se enfoca en las consecuencias y no en las causas.
Hubo otro manejo intervencionista que hizo posible lograr artificialmente menores índices de inflación. Son los controles de precios y los congelamientos. Los alquileres para vivienda están congelados. Sigue Precios Cuidados y el Gobierno retrasó aumentos en servicios públicos y también en privados. La consecuencia es faltantes de productos y mayores presiones para recuperar los retrasos. En energía, con cortes a la orden del día, y transporte vuelven a aumentar los subsidios, que impactan sobre el déficit fiscal.
Si la intención es llegar a las elecciones de octubre, parece demasiado tiempo. La pandemia no afloja y no hay esfuerzos por compensar esos costos con otras reformas. El déficit fiscal sigue muy elevado y la emisión monetaria será inevitablemente la forma de financiarlo. Los instrumentos que fueron empleados para compensarla y mostrar menos inflación están prácticamente agotados. Quedan los estructurales, siempre posibles, y que son los que necesita nuestro país, más allá de que los pida el FMI. Pero que están fuera o más bien contra el “relato”. Si erróneamente por razones electorales no se cambia este relato y no se les habla a los ciudadanos con franqueza y claridad, será imposible atacar genuinamente la inflación.
