Subdirector de la Maestría en Economía y Ciencias Políticas en ESEADE.
www.ivancarrino.com – Los profesores Philipp Bagus (Rey Juan Carlos, Madrid), José Antonio Peña Ramos (UG, Granada), y Antono Sánchez Bayón (URJC, Madrid) publicaron un trabajo sobre cómo la respuesta gubernamental frente a la pandemia ha generado daños mayores.
Sostienen que lo que ocurrió con el COVID-19 puede asociarse a un caso de histeria masiva, fortalecida por la conexión entre los medios de comunicación y el tamaño del estado.
Algunos párrafos a destacar (las negritas son mías):
“Se podría argumentar que la infección por un virus constituiría un efecto externo tecnológico negativo [72]. Sin embargo, la única tarea de un estado mínimo es proteger los derechos de propiedad privada. No es tarea del Estado mínimo proteger a sus ciudadanos contra todos los riesgos de la vida, como contraer un resfriado o la gripe estacional [73]. En un estado mínimo, los ciudadanos son libres de decidir qué riesgos quieren asumir, ya sea conduciendo un automóvil, haciendo bungee-jumping o participando en la interacción social. De hecho, el intento del estado de reducir las tasas de infección en forma de mascarillas obligatorias, el cierre de negocios o las órdenes de refugio en el lugar viola los derechos de propiedad privada que se supone que el estado mínimo debe defender y puede producir externalidades negativas en forma de depresiones, alcoholismo o suicidios.”
Sobre los medios:
“Como se analiza en detalle a continuación, el problema en una histeria masiva es que existen razones por las que tanto los medios como el estado pueden contribuir activamente al contagio del miedo y difundir información sesgada.
(…) Las noticias negativas venden. Los medios tienen el incentivo de retratar el peligro. La historia del gobierno como un héroe que proporciona una resolución a las amenazas es muy comercial [85].”
Y sobre los incentivos de los políticos en un ambiente más intervencionista:
“Es de interés de un gobierno enfatizar la vulnerabilidad de los ciudadanos a las amenazas externas e internas, porque la legitimidad y el poder del estado descansan en la narrativa de que protege a sus ciudadanos contra tales peligros. (…)
Los políticos interesados [119,120] se enfrentan a una recompensa asimétrica. Subestimar una amenaza y no actuar tiene un gran costo político, ya que los políticos serán responsables del desastre causado por la amenaza que subestimaron. Por el contrario, una exageración o incluso una invención de una amenaza y una intervención estatal audaz son políticamente más atractivas. Si la amenaza existencial reclamada por los políticos realmente resulta ser un peligro tan grande, pueden ser celebrados como héroes si promulgan medidas audaces. Si los costos de estas medidas resultan en última instancia excesivos en comparación con el peligro real, entonces los políticos no tienen que asumir el costo de la decisión equivocada, sino que pueden traspasarlo al resto de la población.”
Este efectivamente fue el caso en Argentina. Cuando la cuarentena funcionaba “de maravillas” y nos comparábamos con Suecia y Brasil y Chile, el éxito era todo del “profesor Fernández”. Cuando los números de infecciones y muertes comenzaron a igualarse y posteriormente a superar los de cualquier país de la región (y por lejos a los de Suecia), se terminaron las conferencias magistrales y la culpa pasó a ser de “la gente que no se cuida”.
