NET NEWS – Como muestra el Índice de Pobreza de los Trabajadores, que elabora la Fundación “Libertad y Progreso”, los trabajadores argentinos están en una etapa de empobrecimiento; ya que sus salarios están acortando su distancia con la Canasta Básica Total (CBT), que determina si alguien es pobre. Pues bien, cuanto más bajo es este índice y más serán los trabajadores que caerán en la pobreza. O sea, más cantidad de ellos tendrán problemas para comprar los productos que necesitan, porque no les alcanza su sueldo.
Sin embargo, el gobierno le echa la culpa a los productores de que las cosas estén “caras”, en especial los alimentos. Por ello, un “chivo expiatorio” fue el campo, ya que los precios internacionales de sus productos están subiendo. Pero pronto quedó demostrado que la participación de ellos en el bien final puesto en la góndola era muy pequeño, incluso menor al de las tasas municipales y los impuestos nacionales y provinciales que los gravan. Dado que estos últimos, aún en el mejor de los casos, son más del 20%, queda claro que los políticos no deberían mirar tanto la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio.
Luego, hablaron de la “Maldición de exportar alimentos”. Si a cualquiera se le pregunta a quién le sale más barata la lechuga, ¿al que la produce o al que se la compra? Nadie dudaría en responder que al que la produce. Dado que en el país que exporta un alimento, su productor opta entre venderlo a los consumidores locales o al exterior; el precio interno deberá ser similar al que él cobraría poniéndolo en la frontera o puerto a disposición de compradores de otros países. Estos a su vez, deberán llevarlos hasta sus propios consumidores; lo cual sumará los gastos de comercialización, logística y flete. Por ello, los que los adquieren en las góndolas de los importadores deberán pagar todos esos costos que no abonan los que los compran en el país exportador. En conclusión, es una bendición poder producir alimentos; porque eso abarata el precio de los mismos. Podemos hacer una comparación tomando a dos países vecinos Chile (que importa muchos de sus alimentos) y Uruguay (exportador), que muestra que la comida suele ser más barata acá. Por ejemplo, el litro de leche en Argentina cuesta USD 0,88; USD 1,12 y USD 0,78 para Chile y Uruguay respectivamente. El kilo de carne USD 5,71 (ARG); USD 9,4(CL) y USD 8,04 (UY). Una docena de huevos de USD 1,69 (ARG); USD 2,86 (CL) y USD 2,32 (UY). Aquí hay que hacer una salvedad, en la Argentina, la presión fiscal sobre el precio dichos productos es más alta que en estos países, lo que debería jugarle a favor.
La pregunta es: ¿por qué hay países que importan sus alimentos, su gente los puede pagarlos más caro y tienen acceso suficiente a ellos; mientras que en algunos que los producen hay parte de su población que no tiene lo suficiente para comer, como en Argentina? Volvamos al ejemplo de una persona. Sólo una minoría se dedica a producir alimentos; pero eso no significa que el resto no pueda comprarlos. Eso dependerá de que, haciendo otra cosa, puedan generar los ingresos para adquirirlos. Con los países pasa lo mismo, los que prosperan tienen una buena alimentación, produzcan o no alimentos; ya que lo relevante es producir los recursos como para que sus habitantes puedan comprarlos porque tiene buenos ingresos. Volviendo a nuestro anterior ejemplo, un trabajador argentino percibe (al tipo de cambio oficial) USD 506; un trabajador chileno, US D645; y, un uruguayo, USD 514.
En Argentina, algunos economistas y políticos nos han hecho creer que somos ricos porque tenemos muchos recursos naturales. Nada más errado. Una manzana en un árbol puede saciar el hambre; pero sólo si alguien se toma el trabajo de cosecharla. Si no, jamás alimentará a ninguna persona. Por lo tanto, queda claro que es necesario promover la inversión de argentinos y extranjeros en el país para poder prosperar y brindarle a su gente mayores posibilidades de progreso permitiéndoles dejar la pobreza o alejarse cada vez más de ella. Para eso hay que avanzar en las reformas estructurales que están pendientes desde hace décadas, que son el motivo de nuestra decadencia económica mechada de crisis, y que los distintos gobiernos se niegan a encarar, ya sea por convicción ideológica, como el actual, o por su costo político, como la anterior gestión.
Más allá de la recuperación económica que tendremos durante 2021, simplemente por dejar trabajar a personas y empresas a los que lo tenían prohibido durante una larga y restrictiva cuarentena, sumado un muy favorable escenario internacional, la clave para evitar una nueva crisis en los próximos años es resolver los problemas de fondo del país. Aquí va un resumen de lo que hay que hacer.
a) Eliminación y reducción gradual de impuestos: Revisión integral de la estructura tributaria a fin de suprimir gravámenes de muy escasa recaudación, reducir su peso y simplificar su administración por parte de los contribuyentes. Es imposible pensar que alguien invertirá en un país que está en el puesto 21, entre 190, en un ranking de los que más exprimen a sus empresas con impuestos o, según el Banco Mundial, una PyMe que pagará todos sus tributos es altamente probable que pierda plata. Por supuesto, sería demagógico plantear esto se puede hacer de un día para el otro y no aclarar que demandará hacer más eficiente el gasto público para llevarlo a niveles que sean pagables con una imposición razonable. Sin embargo, es posible aprobar un proyecto de ley que diga cómo se irán bajando los impuestos en el tiempo, en la medida que se reforme el Estado.
b) Reforma de la administración nacional: Su objetivo es reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y las erogaciones innecesarias, asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar. Comprende: i) Cambios en las normas laborales del sector público para incorporar la gestión por resultados. Continuar con la digitalización y las mejoras en la tecnología informática. ii) un Decreto con nueva estructura (hay un organigrama propuesto) en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164, de Empleo Público. Se definirán las unidades administrativas dependientes de cada uno de los ocho ministerios, hasta el nivel de direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría. iii) Designación de los ministros de la nueva estructura. En forma transitoria, por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios. En ese plazo cada nuevo ministro cubre los cargos de la nueva estructura dando prioridad al personal en disponibilidad. Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley N° 25.164 Art 11 (No cumplen tareas; pero cobran un sueldo por uno o dos años. Así se evita el costo social de que queden sin ingresos.). iv) Incentivos a las empresas que los contraten: ej: eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.
c) Desregular la economía: Armar un nuevo sistema con las normas que son realmente necesarias y derogando todas las otras, de las más de 67.000 existentes, que no estén incluidas. Es increíble, pero con la mayoría de ellas, los distintos funcionarios que pasaron por el Estado intentaron ordenarles a los trabajadores y a los empresarios como hacer las cosas mejor de lo que ellos lo hacían. Como eso es imposible, las regulaciones han obligado a todos a ser más ineficientes; lo que hace que generen menos producción y bienestar para el conjunto de los argentinos.
d) Reforma laboral. Privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad. Ello requerirá que se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Esta reforma requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas (por DNU o por Ley). Asegurar la libertad sindical. Desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación, y de la policía laboral. Modificar mediante decreto reglamentario, el Art 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo, por DNU o Ley) compensado por un fondo y seguro de desempleo.
(Para más detalles https://www.libertadyprogreso.org/2020/08/25/reformas-estructurales-para-salir-de-la-crisis/).
Hay que convencer al gobierno de que no persevere en el diagnóstico errado y aprenda del pasado. Así no repetirá los mismos errores. Como sucedió con CAMBIEMOS, que se confió en una inicial recuperación económica y pensó que se podía postergar en el tiempo curar los graves males de la Argentina, terminando con una crisis en 2018. Si lo logramos y se lanza un plan de reformas estructurales detallado, la Argentina tiene un gran potencial de crecimiento y de brindarles mayores oportunidades de progreso a sus habitantes.
