Consejero Académico de Libertad y Progreso. Investigador de anti corrupción y estafas
LA NACIÓN – La expresión lawfare, tan de moda y tan cercana a los alegatos políticos del kirchnerismo, no es nueva ni surgió de esos sectores, que más bien son los que usan esa herramienta en contra de sus adversarios. El término, una contracción de law y warfare (derecho y guerra), aunque tuvo una mención en los 70, fue fundamentalmente un desarrollo del mayor general Charles Dunlap Jr, juez adjunto y abogado general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con motivo de la guerra con Afganistán, después del atentado contra las Torres Gemelas, en 2001.
Durante aquella confrontación, los talibanes construían sus unidades militares cerca de escuelas, lugares religiosos y hospitales. Era una forma de abuso sobre la moral del adversario. Si el ataque de cualquier modo se producía, los terroristas acusaban a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN de masacrar inocentes.
Ante esa situación, la OTAN se impuso a sí misma protocolos de protección de civiles más estrictos que las propias leyes internacionales. Por eso Dunlap escribió que los talibanes no necesitaban emplazar defensas antiaéreas, ya que utilizaban el Derecho de Guerra para protegerse en medio de civiles como si fuera un arma más.
La organización criminal Estado Islámico levantó siete edificios de operaciones militares en el centro de la ciudad de Raqa, en Siria, con lo cual consiguió que las fuerzas estadounidenses no los tocaran durante los diez meses de confrontación, a pesar de que sus servicios de inteligencia los habían detectado como lo que eran. Mientras tanto, Estado Islámico seguía masacrando civiles en las ciudades sobre las que avanzaban.
En Holanda, una ONG palestina inició una causa penal contra la compañía Riwal, de ese país, por haber alquilado a Israel, por dieciséis días, equipamiento para construir el muro defensivo que la separa de la franja de Cisjordania. La investigación representó tal hostigamiento contra la compañía, incluyendo allanamientos, que concluyó en el retiro de la empresa de cualquier negocio con Israel.
Por eso Dunlap definió el lawfare como la estrategia de “utilizar la ley como un sustituto de los medios militares a fin de alcanzar un objetivo operacional”.
La mayor parte de las acciones consideradas lawfare son llevadas a cabo por Estados patrocinadores del terrorismo o de organizaciones que funcionan bajo la máscara de la defensa de los derechos humanos.
La apelación a la moral superior del adversario resulta repugnante cuando quienes la invocan no tienen la menor intención de sujetarse a esos parámetros éticos.
En la Argentina, esa estrategia es adoptada precisamente por una organización terrorista, la Resistencia Ancestral Mapuche. Los miembros de ese grupo desconocen la soberanía argentina sobre territorios que reclaman sin fundamentos, repudian la bandera y las leyes argentinas, incendian bosques, destruyen viviendas y vehículos, asesinan a civiles y queman iglesias; pero no dudan en acudir a los tribunales nacionales para obtener una condena contra quienes los persiguen con la ley, como se vio claramente en el “caso Maldonado”. Igual que en la guerra internacional, usan las leyes e instituciones de los Estados a los que atacan, como un arma de combate.
El kirchnerismo, que se ha presentado siempre como un aliado o un amigo de esos grupos, así como de Estados patrocinadores del terrorismo, usó reiteradamente el lawfare. Lo hizo desde el primer momento, cuando barrió con una Corte Suprema ante una aprobación extrañamente generalizada que no advirtió el peligro que significaba semejante precedente.
Hoy los miembros de ese mismo partido político, de nuevo en el gobierno, buscan reemplazar o neutralizar a la Corte que ellos mismos designaron. Volvieron a utilizar el lawfare con la firma del memorando con Irán, los avances sobre el Consejo de la Magistratura, el “operativo puf” y los actuales intentos de desmantelamiento del actual Poder Judicial para su reemplazo por otro totalmente sujeto al gobierno.
Ante esas circunstancias, el derecho sigue siendo una exigencia ineludible pero no suficiente para evitar el lawfare que practican quienes se quejan de él. El dominio del lenguaje, la comunicación, las alianzas y la interacción con el pueblo y con las instituciones democráticas, por parte de la oposición y de todos los sectores independientes, resultan herramientas ineludibles para defender la ley de quienes la conciben exclusivamente como una herramienta bélica que puede desecharse después de su uso y reemplazarse por un ordenamiento opresivo.
