Analista Económico en Libertad y Progreso.
PORFOLIO PROFESIONAL – Desde hace varios meses, que la política económica se mueve en torno a las elecciones. En este sentido, es fundamental para las aspiraciones electorales del oficialismo el nivel de inflación que tengamos en los próximos meses, ya que es el principal factor que pega en el bolsillo de la gente.
Haciendo un repaso de los últimos datos, en el primer bimestre, la inflación acumuló un alza del 7,8% y para marzo, estimamos que el IPC crezca un 4,2%, por lo que acumularía un alza del 12,2% en el primer trimestre. Esto deja a la aspiración del Ministro Guzmán del 29% con una probabilidad de ocurrencia muy baja, por no decir imposible. La única forma de que esto suceda es que, a partir de abril, la inflación crezca a un ritmo del 1,55% todos los meses.
Hay varios factores que indican que los precios subirán por encima del 40% este año. Por un lado, tenemos la enorme asistencia monetaria que requirió el Tesoro para financiar su déficit el año pasado, cuyo impacto se empezó a reflejar plenamente en los últimos meses del año pasado y en el primer trimestre del 2021. En total, en el 2020, el BCRA asistió en $ 2 billones, que se suman a los $ 135 mil millones que recibió en conceptos de Adelantos Transitorios en marzo del 2021. Si bien la mayoría de esta asistencia fue financiada a través de deuda remunerada, pone presión a la credibilidad del BCRA de poder mantener la emisión controlada en el corto – mediano plazo. En definitiva, la deuda remunerada (Pases + LELIQs, ex LEBACs) no es más que emisión futura.
Por otro lado, el déficit fiscal en el 2021 luce muy difícil de bajar. Las promesas de Guzmán de avanzar con subas de tarifas de servicios públicos para mantener la cantidad de subsidios en el 1,7% del PBI era creíble hasta que se chocó con el kirchnerismo duro. De una suba del orden del 30%, se empezó a hablar de una suba de uno de un dígito. Con las nuevas restricciones por el COVID, ya se vuelve probable que no haya aumento alguno y se posterguen para fin de año. Otro rubro en el cuál Guzmán pensaba recortar, y que efectivamente recortó, es en el gasto pandémico. A fines del año pasado, había barrido el IFE y el ATP, aunque hay que ver si puede mantener estos gastos controlados a partir de las nuevas restricciones.
Recordemos que el año pasado fue un año en donde la economía se desplomó un 9,9%, lo cuál tiene un efecto deflacionario en los precios. A pesar de ello, la inflación anual fue del 36,1%. Esta “ayuda” (resalto las comillas porque no hay nada de bueno en la recesión) no la tendremos este año ya que el PBI rebotará alrededor de un 8%. Esto genera que la gente demande menos dinero, mientras que la oferta de dinero y la deuda remunerada siguen aumentando, metiendo presión en el poder adquisitivo de nuestra moneda.
De esta manera, es crucial ver la evolución del financiamiento que consigue Finanzas en el mercado local ya que, si deja de conseguir fondos por esa vía, la asistencia del BCRA necesariamente se incrementará y le pondrá más leña al fuego a los precios y al tipo de cambio paralelo. Según el objetivo del Presupuesto, el 40% del déficit fiscal del 4,5% del PBI se financiará por deuda en pesos del mercado local. Sin embargo, debido al historial negativo romper contratos que tiene el estado argentino, el mercado de capitales es raquítico, lo cual le pone un techo a los fondos que pueden levantar.
A medida que se agoten, el mercado le irá pidiendo una mayor tasa al estado para prestarle fondos. En el primer trimestre, logró financiarse por $90.550 millones, lo cual es una buena señal, pero le plantea un escenario desafiante a la hora de encontrar fondos en lo que resta del año. Si Finanzas no convalida tasas más altas en las colocaciones que vienen, no va a poder conseguir financiamiento neto y, por ende, la asistencia del BCRA será mayor, lo cual se traduce en mayor deuda remunerada o mayor emisión. En ambos casos, la inflación se acelera.
Así, el panorama inflacionario no luce muy alentador. La restricción política del Ministro Guzmán para disminuir el déficit fiscal es el centro del problema ya que, dado nuestro mercado de capitales, cualquier disminución del gasto que no se materializa, se traduce en mayor inflación. Y esto puede ser un arma de doble filo para el oficialismo ya que, por no querer ajustar tarifas en año electoral (regla número uno del manual kirchnerista en año electoral), va a tener que recurrir a más asistencia del BCRA, lo cual termina traduciéndose en inestabilidad de precios y de tipo de cambio.
Al margen de cómo se llegue a las elecciones, si miramos más allá de octubre, vemos que todos estos parches de tinte electoral no hacen más que patear las reformas que requiere la economía para adelante, generando costos enormes para nuestro país.
