INFOBAE – A algunos les llamará la atención que no haya puesto conciudadanos en el título. Es porque ello significaría que nos asumimos como ciudadanos; lo cual implicaría ser miembro activo de un Estado en el que los derechos y libertades fundamentales son garantizados por su Constitución. Para que así sea, es necesario que rija plenamente una Democracia Republicana; lo cual, no solamente implica el derecho a votar a nuestros gobernantes y legisladores, sino que los poderes que se les delegan a quienes son electos tengan límites y controles cruzados para que no sean usados para avasallar los derechos de quienes se los delegaron. Dado que esos límites están en nuestra Constitución Nacional, es obvio que nadie puede estar por encima de ella; porque implicaría tener el carácter de monarca y los monarcas tienen súbditos. Los derechos de estos últimos no derivan de su dignidad humana, sino que les son concedidos por el Soberano que los gobierna.
Desde un punto de vista formal, la Argentina es una Democracia Republicana y Constitucional. Sin embargo, no siempre las instituciones formales son las que rigen un país, sino que dominan las informales que es lo que aquí sucede. Poco a poco, los políticos que llegan a los sucesivos gobiernos o las legislaturas se han ido acostumbrado a que no existen límites para las decisiones que pueden tomar. Esto surge de una cultura en la cual, cuando se vota, se elige un líder mágico e iluminado que resolverá milagrosamente todos los problemas. De hecho, nos quejamos del Congreso y lo acusamos de “escribanía”; porque “se aprueba lo que manda el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sin discutir, con el voto favorable de su fracción y aliados y con el de la oposición en contra”. Sin embargo, cuando elegimos legisladores lo hacemos con listas sábanas de gente a la que no conocemos; pero las colocamos en la urna porque responden a un determinado líder o partido. Entonces, ¿por qué nos llama la atención que respondan a éstos, que los pusieron en la lista, y no a los intereses de quienes los votaron?Poco a poco, los políticos que llegan a los sucesivos gobiernos o las legislaturas se han ido acostumbrado a que no existen límites para las decisiones que pueden tomar
Por otro lado, es lógico que los legisladores estén siempre dispuestos a delegarles a los Presidentes facultades que, según la Constitución, no pueden cederle. En definitiva, “la gente no lo votó a él para que resuelva todos los problemas, pues hay que cederle todos los resortes del poder para que pueda hacerlo”. Como vemos, nuestros representantes y gobernantes no hacen otra cosa que actuar en base a la misma cultura “paternalista” predominante en la sociedad que los ha elegido.
Esta degradación de la calidad institucional argentina viene dándose desde hace décadas y en la medida que la gente va dejando avanzar a los gobiernos en la búsqueda de maximizar su poder. Esto puede explicarse como una infección que se expande en la medida que los anticuerpos cívicos se van debilitando y, por lo tanto, va corrompiendo gradualmente las instituciones. También, con el ejemplo de la rana que, si una la tira en una olla con agua hirviendo, salta y se escapa; pero, si el líquido está frío y luego se lo va calentando, la rana se acostumbra y termina hervida.
En el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional se establecen los derechos y garantías que tenemos los ciudadanos y que no pueden ser avasallados por los gobernantes ni los legisladores. Entre ellos, el de circular libremente que restringe el DNU presidencial recientemente emitido, que imponiendo un “toque de queda” justificado en una emergencia de salud surgida de la pandemia. Éste es un típico ejemplo de lo que se comentara en los párrafos anteriores. Si uno busca en la Carta Magna algún artículo en el que se otorgue al Presidente la facultad para suspender esos derechos y garantías por un “toque de queda” o una emergencia, no lo va a encontrar.Si los argentinos estamos dispuestos a dejar que quien elegimos Presidente esté por encima de la Constitución Nacional; lo que tendremos al final será una monarquía electoral que nos permitirá elegir a quién rija nuestros destinos a su arbitrio por un plazo determinado de tiempo
El artículo 23 de la Constitución sí permite suspender dichos derechos en el marco de la declaración de un Estado de Sitio, que es en definitiva lo que está imponiendo el DNU presidencial; pero evitando reconocerlo y haciéndolo en forma inconstitucional. En primer lugar, establece que es facultad del Congreso, que debe sancionarlo por ley, y sólo podría decretarlo el Presidente si este no estuviera en funcionamiento o por una emergencia en la que no hubiera tiempo para reunirlo. Pues tenemos un Parlamento que está funcionando y que podría sesionar rápidamente para tratar una ley en una situación de gravedad. Además, un Estado de Sitio sólo se justificaría en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella. Sin duda, es muy discutible que ese sea el caso actualmente; pero, en todo caso, debería decidirlo el Congreso.
Por lo tanto, queda claro que el DNU presidencial es inconstitucional; pero lo que más llama la atención es que el resto de nuestros representantes, que hemos votado como gobernadores o legisladores, no estén haciendo nada para que el PEN cumpla con las limitaciones a su poder que emanan de la Constitución. Sin embargo, deja claro que ellos comparten la cultura paternalista que considera que, a quien es electo Presidente, se le debe conceder la suma del poder público para que resuelva los problemas de la Argentina; lo cual está expresamente prohibido en el artículo 29 de la Carta Magna, aclarando que quien así lo haga será penado como infame traidor a la Patria.
Conclusión, si los argentinos estamos dispuestos a dejar que quien elegimos Presidente esté por encima de la Constitución Nacional; lo que tendremos al final será una monarquía electoral que nos permitirá elegir a quién rija nuestros destinos a su arbitrio por un plazo determinado de tiempo. Lamentablemente, está demostrado que, quien ostenta semejante poder, termina destruyendo la Democracia para mantenerse indefinidamente en su cargo, como sucedió en Venezuela. O sea que, si estamos dispuestos a dejar que nuestros derechos y garantías dependan de la voluntad de quien ejerce el PEN, independientemente de lo que mande la Carta Magna; por lo menos seamos honestos y asumámonos como lo que en realidad somos, súbditos.
