Diana Mondino es Directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los Master en Dirección de Empresas y Master en Finanzas de la Universidad CEMA. Tiene experiencia en temas económicos y de management.
NOTIAR – La economía argentina tiene muchos desafíos. Tenemos recesión e inflación, gran desempleo y baja productividad. Ya sea causa o consecuencia (para no pelearme con nadie) lo cierto es que tenemos déficit fiscal, serios problemas monetarios y un intercambio comercial con el mundo bajísimo. O sea, gastamos mucho, el peso se devalúa y no hay dólares.A todos estos problemas hay que agregarle un componente importantísimo: el exceso de regulaciones, que no sólo cuestan dinero, sino que no siempre son eficaces. Dicho con elegancia… no sabemos si todos los organismos públicos hacen lo que tienen que hacer, pero todas cuestan plata y tiempo. Veamos ejemplos:
Primer ejemplo: Una persona interesada en abrir una sucursal de una heladería en Córdoba publicó la lista de 31 profesionales que deben intervenir para la apertura de su local. A ello hay que agregar el costo del propio local. Todo para poder contratar 4 empleados. El costo por empleado se hace así sideral, y muy difícil generar empleo. Semejante parafernalia de profesionales surge de regulaciones que son un gigantesco costo de dudosa utilidad.
Segundo ejemplo: Recientemente se publicó el decreto N° 195/11 por medio del cual se creó “Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner” como organismo desconcentrado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. Su misión es impulsar la promoción de la integración de los pueblos latinoamericanos en términos culturales, políticos, económicos y sociales y constituir un espacio especial para la juventud”. Como es reciente no sabemos aún su efectividad, pero sí sabemos que será un costo en el presupuesto nacional.
Tercer ejemplo: Hace poco vimos por televisión el caso de una nena de 7 años, secuestrada y que fue hallada no por la policía sino por una vecina. No sólo la policía fue ineficaz, sino que también fracasaron la defensoría de menores ya que abogados privados aparentemente defienden a la madre. Tampoco habían ayudado previamente ni el Sedronar a su madre drogadicta ni las múltiples instituciones públicas o privadas que colaboran en temas de vivienda, ni el Ministerio de Salud o la Mesa del Hambre, para tratar la desnutrición de la nena, ni el Ministerio de la mujer y diversidad ni el Consejo del Menor y la familia, ni el Ministerio de educación atendiendo a la madre y sus 8 hijos. La lista de instituciones que podrían haber participado y a los cuales se les dedica presupuesto es aún mayor. Ni siquiera ayudaron las famosas organizaciones sociales o barriales, que también reciben fondos del presupuesto. Aun cuando todas estas organizaciones oficiales fueran eficaces, el mero hecho de la proliferación de instituciones hace difícil la coordinación y asignación de responsabilidades. Eso sí, en la búsqueda y captura que veíamos por televisión hubo helicópteros y personal de seguridad altamente entrenado. También el “show” cuesta dinero.
Estos ejemplos y muchos más tienen un costo fiscal importante que ha crecido notablemente. Aunque por varias décadas se mantuvo entre el 25% y 28% del PBI, durante el kirchnerismo aumentó notablemente llegando hasta superar el 48% al incluir Nación, provincias y municipios. Algo bajó durante la gestión Cambiemos, hasta 39 o 40% % pero por efecto de la cuarentena y tal vez de las medidas previas, ha vuelto a subir sustancialmente.
Obsérvese que menciono el nivel de gasto, y no solamente del déficit fiscal. Aunque mágicamente el déficit desapareciera, el costo que representa el gasto público deja sin capacidad de ahorro al sector privado. Sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay mejora de productividad ni creación de empleo.
Pero el déficit fiscal no desaparece. Desde 1983 hasta ahora hemos tenido sólo seis años de superávit fiscal -entre 2003 y 2008-. Los restantes más de 30 años el déficit se financió con emisión o deuda. No nos extrañe que ahora sea difícil afrontar ambos problemas, ya que son la acumulación de décadas.
Como todo gasto se financia con impuestos presentes o futuros (deuda), legislados o no (inflación), esto quiere decir que el sector privado debe pagar suficientes impuestos para este nivel de gasto. Si además el gasto es ineficaz, queda claro que no solamente hay que reducir el déficit fiscal sino lograr más eficiencia.
¿Qué podemos hacer para lograr una Argentina que crezca y que genere empleo? Hay varios caminos, afortunadamente pueden ser simultáneos. Se puede mejorar la eficiencia del Estado, se puede reducir el costo del Estado, se pueden reducir costos regulatorios para el sector privado, se puede reducir -o por lo menos simplificar- el costo impositivo y se puede abrir la economía al mundo para exportar más.
Sin embargo, creo que las medidas tomadas desde el 10 de diciembre, previo a la pandemia y la cuarentena, han ido en dirección contraria. Cada lector tendrá su propia experiencia.
Las instituciones de Argentina no funcionan, no tenemos adecuados checks and balances, hay corrupción e ineficiencia. Sin embargo, el sector privado logra sobrevivir y si le quitamos el yugo de tantas regulaciones y organismos podrá crecer. Por supuesto, con menos regulaciones el nivel de corrupción se reduce y las oportunidades para inspectores venales son mucho menores.
Las empresas se adaptan al contexto, y según los “palos o zanahorias” que perciban, definirán si crecen o desaparecen. Para reducir los efectos perversos de las regulaciones (costos, tiempo y kiosquitos de los inspectores) solo hace falta voluntad política. No conozco ningún censo de regulaciones, pero sí que hay más de 160 impuestos, unos 70 entes descentralizados, y más de 20 Ministerios. Las provincias y municipios tienen sus propias regulaciones y por lo tanto mucha responsabilidad en estos temas, aún más que la Nación.
Eliminemos regulaciones como las de la heladería, modifiquemos los incentivos para generar trabajo y busquemos la complementariedad con nuestros socios comerciales. No hace falta ser un genio para saber que toda actividad económica en Argentina es complicada. Eliminemos y simplifiquemos tantas restricciones. No hagamos imposible lo que de por sí es difícil.
