Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
PERFIL – Hace exactamente un año publiqué en este mismo espacio una nota, luego de cuatro meses de cuarentena, la cual centraba su atención en un tema al cual no se le había dado entidad alguna: la crisis económica, que ya se hacía sentir, había forzado a muchas familias a dejar de pagar sus cuotas en escuelas de gestión privada y, muy probablemente, considerar emigrar a escuelas de gestión pública. Por cierto, un éxodo similar sucedió luego de la crisis de 2001, pero en esta ocasión, advertía en aquella nota, el efecto podría llegar a ser exponencial, dada la magnitud de la crisis que se estaba engendrando.
Hoy, luego de un año más de una política caracterizada por numerosas restricciones a la actividad productiva, la crisis económica ha alcanzado tamaña magnitud que es de esperarse, para el inicio del ciclo lectivo 2022, una emigración masiva hacia escuelas de gestión pública.
Frente a esta realidad muchas escuelas privadas corren el riesgo de verse obligadas a cerrar sus puertas y el sistema público tendrá serias dificultades para absorber a este flujo de potenciales alumnos, sobre todo en distritos escolares como la Ciudad de Buenos Aires, donde una significativa proporción de los estudiantes concurre a escuelas de gestión privada.
Si a ello le sumamos las restricciones a la capacidad de las aulas que probablemente aún se deberán mantener, para prevenir el riesgo de contagio de alumnos y docentes, la foto es por demás preocupante, es necesario comenzar a preverlo, aún estamos a tiempo.
Una obvia alternativa consiste en evaluar generar un esquema de subsidios a las escuelas de gestión privada para que puedan seguir operando sin incrementar sus matrículas o bien becar a un gran número de alumnos, reduciendo de tal forma la emigración. Esta nota propone otro curso de acción, el cual evitaría el potencial colapso del sistema público y no implicaría un subsidio a las escuelas de gestión privada, sin que su factibilidad económica se vea afectada por ello.
La misma consiste en crear, por parte del Estado, una sencilla cuenta de ahorro sólo para gastos educativos de aquellos alumnos afectados, una herramienta que les otorgaría a las familias que enfrentan hoy tiempos muy difíciles, absolutamente imprevisibles cuando sus hijos comenzaron su educación ya sea primaria o secundaria, la posibilidad de continuar decidiendo sobre la escolaridad de sus hijos. Esta cuenta sería administrada por los padres, de tal forma que sus hijos podrían seguir asistiendo a la escuela que la familia ha elegido en su momento y no a la que, por consecuencia directa de la crisis económica generada por las políticas llevadas a cabo para enfrentar la pandemia, deberán concurrir.
La propuesta es presupuestariamente equivalente a subsidiar a las escuelas de gestión privada que hoy ven en riesgo su misma existencia, pero marcaría un cambio de paradigma en la educación argentina pues serían los padres, que califiquen para el subsidio en virtud de la nueva situación económica que enfrentan y por el tiempo que la misma lo amerite, y no las escuelas, quienes reciban el apoyo del Estado.
La diferencia no es menor, pues serían las familias destrozadas por un evento del cual, obviamente, no son culpables, y no las escuelas, quienes recibirían el apoyo de un Estado presente en el momento que más lo requieren, el sistema de gestión privada podría seguir operando y el sistema público no colapsaría en virtud de la masiva afluencia de nuevos alumnos.
Es claro que nada es gratis, subsidiar a las escuelas o a las familias tampoco. Pero no debemos hacer como el avestruz y esperar a marzo próximo para lamentarnos de un evento por completo previsible: de no tomarse medidas a tiempo, la emigración hacia el sistema de gestión pública será masiva y, el mismo, será incapaz de enfrentarla. No lo lamentemos en ese entonces, comencemos a preverlo desde ahora.
