Abogado. Asesor laboral de empresas y cámaras empresarias. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CRONISTA – Todos coinciden en los graves e irreparables daños que ha producido la pandemia del Covid 19 sobre el empleo y el trabajo humano potenciada por la crisis preexistente y aumentada por el ASPO y el aislamiento dispuesto a partir del 20 de marzo por todo el año 2020, que a pesar de la DISPO aún no dejó de tener efectos nefastos.
El crecimiento de la desigualdad y de la pobreza es una consecuencia directa de este proceso, con un aumento considerable de las personas subsidiadas por plenes sociales, y un caída singular de los puestos de trabajo registrados, y no registrados.
En este escenario los planteos de posibles soluciones han llegado por doquier, sin saber cómo llegar, o sin tener idea de si lo que se propone tiene viabilidad, y lo peor de todo, si lo que se propicia es posible que se logre desde el Parlamento sin la anuencia o el apoyo del Poder Ejecutivo.
Esta psicosis colectiva está asociada al llamado pensamiento mágico, que tiene la característica de colocar el carro delante de los caballos, y consiste en una manera de llegar a conclusiones, basada en supuestos informales, erróneos o no justificados o en falacias, que genera opiniones o ideas carentes de fundamentación empírica robusta.
A menudo se basan en atribuir un efecto a un suceso determinado, sin existir una relación de causalidad probable entre los mismos. Lo que en otras épocas era atribuido a la superstición, a la religión o a las leyendas populares, hoy invade la política en plena campaña poblada de promesas incumplidas por la mayoría de los que la propician.
En los relatos de los candidatos se fijan objetivos que para los beneficiarios pueden ser atractivos, pero no se sabe cómo alcanzarlos, y se carece de mínimos conocimientos en materia constitucional, debiendo destacarles a los futuros legisladores, que nuestra Carta Magna es la que rige las atribuciones y procedimientos que se deben observar tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados de la Nación.
Basta con citar un ejemplo, todos hablan de revalorizar las jubilaciones, y sistemáticamente se ha contribuido en los últimos diez años a actualizarlas por debajo de la inflación, y de hecho en los últimos quince años solo la Corte Suprema defendió el valor real de las jubilaciones, porque las leyes que se dictaron por iniciativa de los poderes ejecutivos de turno, sistemáticamente defraudaron a los jubilados.
Otro tanto ocurre con los salarios, se promete elevar el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil a $100.000, cuando la canasta familiar a la que se debería adscribir asciende a $62.000, y el valor actual está en torno del 50% de dicho valor. Se sostiene que los convenios colectivos deben ser superiores al Salario Mínimo Vital y Móvil, e ignoran que todos los convenios superar el monto del valor actual que asciende a $27.000 vigente para septiembre. A esto se agregan falacias como la necesidad decreto de emergencia de aumento general de salarios, que resulta ajeno al Parlamento, o la participación en las paritarias de las agrupaciones sociales, que no tienen salarios sino subsidios que paga el Poder Ejecutivo.
Pero la imaginación no tiene límites. En lo que hace a la justicia del trabajo se enuncian comentarios tales como que hay que derogar el fuero laboral o que hay que desterrar la industria del juicio, y aún cuando se trata de un tema relevante que requiere de cambios sustantivos, nuestra Constitución garantiza la justicia independiente, el derecho de defensa en juicio, el juez natural y la accesibilidad a la misma de cualquier ciudadano o extranjero que quiera habitar el suelo argentino.
La reducción de la jornada es otro enunciado gratuito basado en el desconocimiento, y se olvidaron de que fracasó como herramienta contra el desempleo (en Francia creció el pluriempleo), y cuando se redujeron las horas de 8 diarias a siete diarias, se rebajaron los salarios en proporción. Las empresas perdieron competitividad, y la economía en general se resintió.
En cambio, nadie piensa en la necesidad de un fondo nacional de desempleo y despido que garantice a los que pierdan su trabajo el acceso a las indemnizaciones legales, financiado con el Fondo Nacional de Empleo y parte de las contribuciones al régimen de asignaciones familiares, y por ende no tendría costo adicional al actual. No se piensa tampoco en los llamados “puentes” que le permitan al desocupado crear o preservar su empleabilidad con el fin de recuperar su dignidad a través de un nuevo empleo de calidad. Se olvidaron de que el empleo crece si hay inversiones y crecimiento económico.
Se olvidaron de la lucha contra el trabajo clandestino, el empleo infantil, las actividades esclavizantes, el abuso de los extranjeros indocumentados, que forman parte de un sistema perverso que cuenta a menudo con la complicidad de los actores sociales y hasta de las mismas autoridades locales.
Es imprescindible volver a la cultura histórica del trabajo. Para ello, los planes sociales deberían transformarse en motores de la educación obligatoria pendiente y en subsistemas de capacitación y entrenamiento en artes y oficios con salida laboral inmediata. Dentro de los deberes de los subsidiados debería estar incluida la vacunación.
Todos estos proyectos deberían contar con acuerdos con el sistema dual de educación, y con las escuelas taller con pasantías y prácticas dentro de los establecimientos demandantes. En los convenios de empresa se deberían fijar las reglas de inclusión con prácticas rentadas coordinadas con las escuelas técnicas, o con los cursos intensivos de artes y oficios. El Estado deberá adicionar incentivos para fomentar la incorporación de estos nuevos trabajadores. Nuestros futuros legisladores siguen prometiendo fantasías después de que sus partidos no han podido cumplir con lo que en cada campaña prometieron.
