CATO – Natalia Motyl explica que el Estado en lugar de ajustar su gasto, deciden los políticos repartir lo que los ciudadanos han logrado acumular durante un tiempo.
Desde hace algún tiempo, en la Argentina, desde diferentes espacios, se ha instaurado el debate en torno a la propiedad privada.
Es bien sabido que, para acceder a una vivienda en nuestro país, en el mejor de los casos, ahorrando lo básico, con un salario promedio, tardarías más de 30 años, cuando en cualquier otro país de la región se reduce a un tercio.
Lamentablemente, acceder a un crédito hipotecario es casi imposible con tasas de interés tan altas. El Estado para financiar su déficit, absorbe todo el crédito interno y eleva las tasas de interés, desplazando al sector privado del mercado de capitales local.
Por esa falta de oportunidades que la genera el propio gobierno, se instaura desde la política la necesidad de “redistribuir” propiedades. Es decir, en vez de ajustarse los cinturones, la política decide que lo mejor es que se reparta lo que uno, con tanto esfuerzo, logró acumular durante un tiempo.
Es así como se repiten conceptos tales como “improductivo” u “ocioso”. Estas ideas no solo encierran un error conceptual, sino que desplazan al verdadero responsable de eliminar oportunidades en nuestro país: el Estado.
Según un grupo de presión política, hay viviendas que deberían ser usurpadas o expropiadas para dársela a otro, sólo por el hecho de que consideran que no se les da un uso apropiado. Es totalmente delirante ya que la utilidad que uno le da a un objeto depende del individuo.
Vayamos a un ejemplo bien sencillo. Supongamos que tenemos dos amigos de toda la vida: Máximo y Tomás. Máximo trabajó, sacrificó horas de ocio para tener dos o tres empleos, se privó de algunos placeres en el presente para ahorrar algunos dólares y consiguió acceder a una casa en la costa, habiendo conservado la casa que le dejaron sus padres, para descansar en las dos semanas de vacaciones que tiene. Tomás, en cambio, vendió la casa de sus padres y decidió vivir gastando todo lo que tenía en fiestas y placeres presentes. Ambas decisiones de vida son totalmente válidas. Ahora, el Estado decide que como Máximo tiene una casa de más y sólo la usa una vez al año, mientras Tomás no posee techo donde vivir, que Máximo le ceda su propiedad a Tomás. He aquí la verdadera injusticia social.
Es totalmente indignante que uno deba subsidiar las consecuencias de las decisiones de terceros. El hombre, a diferencia de lo que instaura la cirriente dominante en economía, es un ser totalmente imperfecto que puede equivocarse a la hora de tomar decisiones. En ese actuar humano, uno asume las consecuencias de las acciones que va tomando a lo largo de toda su vida. Obviamente, aprende en el proceso de ensayo y error. Sin embargo, desde la política se pretende que un grupo –cada vez más pequeño– se haga cargo no sólo de su vida sino de la de un grupo cada vez más grande que aprendió a vivir del Estado.
El político que apoya este tipo de ideas no comprende que para que una sociedad progrese es necesario de capital y este se ahorra durante mucho tiempo. El ahorro implica sacrificar consumo presente, privarse de placer en el ahora para disfrutarlo más adelante. Si en la sociedad todos fuésemos miopes y sólo nos preocupáramos por vivir el presente, jamás se invertiría en descubrir nuevas tecnologías, conocimiento o recursos. Es decir, nos estancaríamos.
Si las políticas de estado castigan el ahorro, el ahorro se reduce y, por el tanto, el capital y todo lo que se pudo descubrir o innovar en el futuro también.
Por otra parte, como el valor que uno le da a los bienes o servicios es completamente subjetivo, también la definición de “sin utilidad” es absurda. Si yo como individuo deseo gastar todo mi dinero, por el cual trabajé, en una obra de arte para que cuelgue en mi pared, el valor se lo doy yo, me es útil a mí y me da placer a mí. Quién es aquel hombre capaz de decirme como le doy utilidad a mi capital. Nadie tiene el derecho de quedarse con nada que me pertenezca.
No podemos discutir cuestiones tan básicas en pleno siglo XXI, cuando ejemplos sobran a lo largo de la historia de que cada vez que se pone en duda la propiedad privada, los perjudicados somos todos.
Si queremos un país en el que haya oportunidades para todos, garanticemos diariamente la propiedad privada de cada uno y sus libertades. Sólo y nada más que la libertad nos hará progresar.
Este artículo fue publicado originalmente en El Faro Argentino (Argentina) en la edición de noviembre de 2021.
