La Fundación Libertad y Progreso expresa su profundo rechazo ante las recientes medidas en materia de política tributaria nacional y provincial. La creación de nuevos impuestos y la suba de los ya existentes es un camino que reduce la libertad económica y sólo contribuirá a desincentivar la inversión, destruir el empleo y ahuyentar la innovación. La pobreza se profundizará indefectiblemente.
En los últimos días la Cámara de Diputados, dio media sanción al proyecto de Ley que modifica el impuesto a los Bienes Personales. Elevó el mínimo no imponible, lo que era de toda lógica, pero también aumentó las alícuotas que ya tenían niveles confiscatorios. En efecto, deben cotejarse con rendimientos reales del capital, y considerar que se aplican sobre ahorros que en su momento atravesaron el pago del impuesto a las Ganancias. Se genera una doble imposición que comprende también impuestos provinciales. Para peor se determina sobre el valor de los activos sin restar previamente los pasivos incurridos para construirlos o comprarlos. Se da por sentado la sanción en la Cámara de Senadores. El aumento de las alícuotas redundará en una caída de la inversión y consecuentemente del empleo y el nivel de salarios.
También alertamos que el “Consenso Fiscal 2022” implicará aumentos impositivos que no devolverán la autonomía a las provincias, sino que harán aún más pesada la mochila sobre el sector privado. Debería desarrollarse una reforma al sistema de coparticipación federal de impuestos que procure dar una mayor correspondencia fiscal e incentive a los gobiernos provinciales a gastar menos y más eficientemente
Llamamos a la clase dirigente a asumir su responsabilidad frente a la grave situación económica y social del país. La ciudadanía recuerda el compromiso de no aumentar impuestos asumido por los diferentes partidos para las elecciones generales del 14 de noviembre pasado. Impulsamos a que los dirigentes del oficialismo antepongan el bien del país sobre la ideología y la demagogia, y a los de la oposición evitar agrietamientos y actuaciones irresponsables y negligentes como la ocurrida en el tratamiento de las modificaciones al impuesto a los bienes personales