DATA CLAVE – Desde que trascendió que avanzaba la negociación del acuerdo con el FMI, los inversores que operan con activos argentinos han mostrado algún optimismo. Es cierto que si no se cierra una refinanciación de los pasivos con el organismo internacional será imposible pagar los más de USD5.000 millones que vencen en marzo, mayormente con la misma entidad y con el Club de París; por lo que a Argentina y al gobierno se le cortaría el poco acceso al crédito externo con el que aún cuentan. Por lo tanto, entraríamos en una crisis y queda clara la relevancia de que haya una refinanciación de dichos pasivos.
Sin embargo, algunos piensan que una vez resuelto lo del Fondo, los problemas de la Argentina desaparecerán y, a partir de allí, tendremos un futuro promisorio. Eso no es así y ya se demostró con la reestructuración de la deuda privada, que el gobierno afirmaba que permitiría recuperar la credibilidad y flexibilizar el cepo; pero que al poco tiempo de finalizada en forma exitosa terminó en un “Supercepo” que por poco no nos lleva a una crisis cambiaria. Hoy los precios a los que les entregamos los papeles a los acreedores reestructurados, que incluía una quita, cotizan a valores que señalan que quienes los compran y venden piensan que serán reestructurados en no más de 4 años. O sea, asumen que la Argentina no tiene chances de crecer sostenidamente, ni de recuperar la credibilidad en el tiempo como para enfrentar los vencimientos de sus pasivos.
Durante todo el año advertimos que el acuerdo con el FMI era un hecho y que no se cerraba antes de las elecciones porque para el gobierno eso significaba asumir un costo político. Prefería extender la negociación hasta después de los comicios para ir armando un relato épico de lucha contra este organismo “goloso” que pretende sojuzgar al país. Sin embargo, la actual gestión es consciente de que no sobrevive sin acuerdo; pero para bailar un tango se necesitan dos.
Al FMI tampoco le conviene una cesación de pagos de quien le debe un tercio de todos los créditos que tiene otorgados. Así que habrá un acuerdo a 10 años, con unos cuatro de gracia para el pago de capital, y alguna quita de tasas de interés. Lo relevante es que las condiciones serán mínimas y no habrá ningún pedido de reformas estructurales; que los funcionarios del Fondo saben son inaceptables para el gobierno.
Así que se les presentará un Excel mostrando todo lo que crecerá la Argentina hacia adelante, aumentando los ingresos tributarios como para poder bajar el exceso de gasto ajustando poco las erogaciones. También, proyectarán un enorme aumento de las exportaciones que permitirá al Banco Central comprar reservas internacionales e ir flexibilizando el cepo cambiario.
Por último, en el marco del crecimiento, bajando el déficit, y del aumento de credibilidad, mayor financiamiento voluntario, se comprometerán a ir bajando el uso de recursos del Banco Central (BCRA). Quizás pongan algunos otros irrelevantes objetivos, como los de tasas, y poco más.
La mala noticia es que, sin resolver los problemas de fondo del país, lo que se acordará es sólo una nueva muestra de voluntarismo, con ninguna posibilidad de ocurrencia. Lo cual no es raro en un gobierno que piensa que el crecimiento se gesta desde el Estado, con más gasto público y con funcionarios iluminados que saben ordenarles a trabajadores y emprendedores cómo hacer su tarea y organizar la economía mejor que ellos. Todo lo cual no es real; ya que no son dioses con mayores conocimientos que los demás y, mucho menos, que el conjunto de sus conciudadanos, a quienes tratan como súbditos.
El gobierno sigue resistiendo una reforma del Estado que baje las erogaciones que no son útiles a los argentinos; por lo que terminará disminuyéndolas poco y en las que sí les sirven a los ciudadanos. Por otro lado, en 2020 y según el Banco Mundial, la Argentina estaba en puesto número 21, de 191 países, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas.
Aclaremos que en 2021 volvió a aumentar la presión tributaria y que estamos viendo nuevos intentos en ese sentido. O sea, nos acercaremos más al podio en las futuras ediciones. Lo peor es que, ni así les alcanza y terminan absorbiendo la mayor parte del crédito disponible. Por lo tanto, la asfixia del sector privado productivo es por partida doble. Además, hay más de 67.000 regulaciones que les ordenan a trabajadores y emprendedores cómo hacer las cosas, agobiándolos y volviendo su tarea más ineficiente. Por último, hay una legislación laboral que, en los últimos 20 años, determinó que más de 40%, e incluso más del 50%, de los trabajadores estén desempleados o en la informalidad o tengan un seguro de desocupación disfrazado de empleo público o de plan asistencial. Hoy ese porcentaje debe superar el 60%.
Dado por hecho un acuerdo con el FMI, si alguien piensa que este gobierno hará gran parte de las reformas estructurales para resolver los problemas comentados anteriormente, debería estar comprando cuanto activo argentino esté dando vueltas. Si considera que no los solucionará, lo que debería esperar es lo mismo que ha sucedido hasta ahora. Algún optimismo se generará una vez que dicho trato se firme; pero que se desvanecerá en poco tiempo.
Luego, primará la realidad de un sector productivo que ya no da más de cargar el peso de un Estado omnipresente en lo inútil y ausente en cumplir sus verdaderas funciones. Las expectativas de crecimiento se diluirán y empezará a hacerse realidad una nueva profundización de la recesión. Por lo tanto, a la larga, se incumplirán las metas fiscales con el FMI.
La historia argentina y la de cepos en otros países muestran que estos no generan crecimiento de las exportaciones; por el contrario, las hacen caer, a menos que haya un escenario de precios internacionales espectacular como el del último año. Así que, dada las expectativas de un contexto mundial mucho más desfavorable en el mediano plazo, las ventas externas volverán a caer en término de cantidades y mucho más aún en valor.
Esto no solo no colaborará con el ajuste fiscal comprometido, sino que no permitirá sumar reservas para flexibilizar el cepo. De hecho, intentar sostenerlo sólo lleva a una crisis, como lo demuestran los 22 anteriores a los que se los trató de mantener en el tiempo. Lo único que podría lograr hacerle ganar tiempo al BCRA son acuerdos con países “amigos” que le den algún tipo de financiamiento; pero esto no impedirá que se incumplan las metas de aumento de reservas pactadas con el FONDO.
Con todo lo anterior, queda claro que no habrá tal cosa como una sustancial baja de la demanda de recursos del BCRA para el Estado, más allá de algún intento coyuntural. Peor aún, queda poco margen para obtener esos fondos con deuda remunerada de la misma entidad y, encima, están devengando intereses que superan los $100.000 millones, que van en alza; los cuales también hay que refinanciar. Conclusión: la menor emisión no será más que coyuntural y, luego, tenderá a acelerarse. Otra meta que se desbarrancará.
Por último, alguien puede estar pensando cómo puedo ser tan agorero como para presagiar el fracaso de un acuerdo que siempre dije que se iba a cerrar. Pues, no va a ser la primera vez que esto ocurra. Argentina nunca cumplió lo que firmó con el FMI y eso que tenemos una larga lista de ellos en nuestro pasado. Para qué romper tan pintoresca tradición, ¿no?
