Consejero Académico de Libertad y Progreso. Investigador de anti corrupción y estafas
LA NACIÓN – Hace varios años, el conductor de un taxi en el que viajaba vio a uno de los varios controles que en ese momento se habían desplegado con el fin de multar a quienes no usaran cinturones de seguridad y simuló colocárselo, sin abrocharlo. Cuando pasó el control, le pregunté por qué, ya que se había tomado la molestia de aparentar que usaba el cinturón, no lo hacía realmente. Enojado con la situación, respondió: “¡Porque no; porque un día el Estado se va a meter en mi dormitorio y me va a decir: ‘use preservativo’!”. En el instante comprendí que el taxista acababa de darme una lección de liberalismo del bueno.
Los beneficios del cinturón de seguridad son hoy indiscutibles y no representan la mínima desventaja, pero la imagen que describió el conductor del taxi para rebelarse contra lo que aquí llamamos “Estado” lucía impecable, sobre todo porque lo que temía el taxista ya ha ocurrido.
El impuesto a la herencia, que ya aplica la provincia de Buenos Aires y que se quiere extender al país, es el Estado dentro de la casa, en medio de la familia.
El Gobierno, al que en estas latitudes llamamos generosa e incorrectamente “Estado”, es un perfecto extraño en la relación entre padres e hijos. El hecho mismo de que se esté discutiendo la conveniencia o inconveniencia de este tributo representa ya una muestra del avance que tuvieron en las mentes de los políticos y de la sociedad misma las ideas totalitarias, aun entre algunos bienintencionados.
Los fundamentos que lanzaron los funcionarios oficialistas para justificar la iniciativa del impuesto a la herencia son todavía peores que el tributo en sí mismo. Han llegado a decir que “es el impuesto más justo”, porque no hay mérito en recibir una herencia.
El argumento alude a la oposición, como diciendo: “Ustedes que hablan de meritocracia: ¡a ver cómo responden a esto, porque en este caso no pueden replicar que el Estado está robando el producto del trabajo ajeno!”.
Pero el Gobierno está robando el producto del trabajo ajeno, más que en cualquier otra situación. Está robando el fruto del trabajo que en vida acumuló una persona para dejarlo a su cónyuge, a sus hijos, a sus sobrinos o a quien le parezca. Producto por el cual, además, ya pagó sus impuestos una y mil veces. Está malversando la última voluntad de un difunto.
¿Quién es el Gobierno para juzgar el mérito de los hijos de alguien para recibir algo de los padres? ¿Y cuál es su propio mérito para pretender apropiarse de parte de eso?
Supongamos que los herederos resultasen unos haraganes que no hayan trabajado en su vida. Aun en este caso, el padre o la madre tienen derecho a dejar sus bienes a esos vagos que son sus hijos y no a los vagos que sostiene el aparato del Estado.
¿Resulta tan difícil comprender la locura de esta propuesta? Como el Gobierno presume que no hay mérito entre los herederos, llega él, el más inútil y desvergonzado de todos los parásitos, se introduce en medio del hogar y se queda con una parte de lo que representa el patrimonio familiar.
Por las dudas, quien suponga que esto va contra los ricos y eso le sirviera envidiosamente de consuelo, está equivocado. Ellos hacen sociedades, transmiten las acciones, operan y operarán cada vez más en indetectables criptomonedas.
El taxista tenía razón, el “Estado” ya está en el dormitorio, porque desde el mismo momento en que se está concibiendo un hijo, ya pesa sobre él y sobre los padres la amenaza de ese gran ladrón, que es el Gobierno, sobre lo que los padres aspiran para el futuro de su descendencia.
