Jefe de economía de Libertad y Progreso. Profesor Economía Internacional en Universidad del CEMA, Profesor ayudante de Análisis Económico y Financiero en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires,Asesor en la Secretaria de Comercio Exterior la Nación yAsesor Secretaria de Comercio de la Nación.
Mg. en Economía y Lic. en Economía Universidad del CEMA
LA NACIÓN – El lunes pasado, por decreto, el gobierno nacional nos confirmó lo que ya era esperable: las restricciones a las exportaciones de carne bovina seguirán en vigor. En una muestra de que, tal vez, la creatividad regulatoria está llegando a su fin, lo que eran cupos porcentuales según los niveles de exportación previos, ahora se transformó lisa y llanamente en suspensión de exportaciones.
Más allá del detalle, vale la pena preguntarse si esta política tiene algún tipo de sentido económico (el sentido político debería analizarse en otra nota). Más dentro de la coyuntura que enfrenta la Argentina. Un breve análisis costo-beneficio, algo que debería hacerse con todas las políticas públicas antes de su implementación, está a la orden del día.
En términos de exportaciones se ponen en riesgo unos US$ 3000 millones anuales. Esto debido a que la suspensión tiene un impacto directo sobre los flujos comerciales e indirecto sobre los flujos de inversión en el sector. Además, se ponen en riesgo mercados internacionales, a medida que los demandantes deben buscar sustitutos a la oferta argentina. Si los plazos del decreto se cumplen, la Argentina estaría fuera de los mercados de exportación de determinados cortes de carne por más de dos años.
Vinculado a esta situación viene el impacto sobre el trabajo. La cadena bovina genera, en toda su extensión, unos 400.000 empleos. Menor exportación equivale a menor rentabilidad y menor producción. No deberá sorprendernos si se repiten las imágenes de frigoríficos cerrando en los próximos meses.
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Además, debemos ver el impacto federal. Las restricciones a las exportaciones actúan como un impuesto implícito a las regiones más alejadas de la zona núcleo. Provincias donde la exportación de carne es incipiente y la rentabilidad es más baja serán las más afectadas, recibirán menos inversiones y tendrán menor creación de empleo registrado.
Por otro lado, el argumento central de este tipo de medidas es que tendría un impacto positivo en los precios relativos. La lógica es que la mayor oferta en el mercado doméstico promovería una mejora en las posibilidades de los consumidores, que más que compensaría el impacto negativo sobre los productores. Sin embargo, en la realidad esto no se verifica. Los experimentos pasados de restricción de exportaciones generaron una contracción de la oferta de carne bovina tal que hubo caída en la producción con subas de precios.
En definitiva, ni productor ni consumidor se verán beneficiados. Tampoco el Estado, que perderá recaudación vía derechos de exportación, impuesto a las ganancias e IVA, entre otros impuestos. Además, tampoco parece ser una medida que contribuya a estabilizar el mercado cambiario, especialmente en el marco de escasez de divisas del BCRA.
No por nada casi no hay países en el mundo que prohíban exportar. Es más, los conflictos más usuales se dan por los subsidios que dan los Estados para mejorar el posicionamiento internacional de los productos.
El camino que debe seguir la Argentina es el de la normalidad de su política comercial. Eliminar derechos de exportación, trabas cuantitativas y otras regulaciones que lo único que hacen es golpear al sector privado. Esta es la ruta para que el país apalanque su crecimiento en los mercados internacionales, una receta que ya siguieron con éxito otras economías.
