Desafío Exportar – Eduardo Filgueira Lima – Doctor en Ciencia Política – El derecho de propiedad es una institución muy importante, desarrollada a partir de un proceso evolutivo en el que los individuos fueron aprendiendo que es imprescindible para la organización de una sociedad libre. Sin embargo, es probablemente el menos conocido por la gente y frecuentemente el más vulnerado por los mismos gobiernos del estado que debiera protegerlo.
Cuando decimos que es una institución adquirida evolutivamente queremos expresar que, a lo largo de muchos siglos, los humanos fuimos aprendiendo a convivir y adoptamos -después de muchos “ensayos y errores”- aquellas que nos demostraron ser útiles a nuestros fines.
Desde el neolítico -probablemente unos de los períodos más importantes de nuestra historia- se organizaron las primeras formas de vida en comunidad que conocemos, los humanos pasaron de ser cazadores-recolectores a asentarse en pequeñas comunidades y de ser nómade a sedentario.
En el neolítico el aprendió de las bondades de la vida en comunidad y juntamente con la revolución agrícola de esta era, comenzaron las primeras condiciones para el ahorro de los excedentes de producción y los intercambios.
A su vez, de este período se reconoce la división del trabajo, porque unos buscaron satisfacer necesidades de otros aun buscando su propio interés, lo que mejoró las condiciones de vida de todos. El desarrollo social se fue diseñando en torno de procesos de autointerés y cooperación. Unos fabricaron herramientas que otros necesitaron, y los hubo quienes produjeron utensilios, se fabricaron tejidos, así como se inventaron instrumentos como la rueda, el telar o el arado.
Y la moneda que facilitó las formas de intercambio hasta entonces por trueque.
También se aprendieron normas de relación que beneficiaban a todos en esas comunidades incipientes, como por ejemplo que el derecho a la vida permitía vivir sin cuidarse permanentemente de los otros, que la libertad daba paso a la iniciativa personal y se entendió que el derecho de propiedad: que cada uno fuera el dueño de aquello que produjera o lograra por el comercio legítimamente, hiciera lo que le viniera en gana; todo lo que resultaba fundamental para incentivar la producción, facilitar los intercambios de lo que cada uno fuera propietario y por lo mismo permitir una mejor vida social.
Es decir que los derechos individuales fueron producto de un laborioso aprendizaje, que deben haberse consolidado con el tiempo, dada su valoración de indispensables para el beneficio de todos en la vida común y no porque son naturales al hombre o por algún implícito contrato social.
Pero este proceso no alcanzó a todos al mismo tiempo y muchos persistieron en las formas previas de supervivencia. Los grupos cazadores-recolectores confirmaron el progreso que lograban las nuevas sociedades basadas en la agricultura y la domesticación de animales y su capacidad de ahorro, así como la multiplicación de su descendencia y la posibilidad de evitar las hambrunas, cuestión que a ellos los asolaba.
La solución fue, dado que conservaban el poder de las armas, explotar a las comunidades y exigirles compartir sus excedentes de producción: granos, frutos, o animales. La moneda de cambio fue probablemente protegerlos de otras bandas y asaltantes, calificación que a ellos mismos les cabía.
Este sería el antecedente inmediato del origen del mismo estado y sus métodos violentos de coacción.
La relación desde entonces entre “gobernantes” y “gobernados” ha sido conflictiva y permanentemente adaptativa, hasta hoy en que existe una variopinta expresión de sociedades, desde aquellas más libres y generalmente más prósperas, hasta otras oprobiosamente despóticas y cuando no tiránicas.
En las primeras los individuos son libres y buscando su propio interés benefician al conjunto. Mientras que en las segundas se propicia la creciente intervención del estado aún en las cuestiones más nimias de la vida social. Cuanto mayor es la intervención estatal tanto más se deben vulnerar los derechos individuales.
Cuanto mayor es la intención colectivista y la preferencia por “lo comunitario” más se intenta reprimir la acción individual, sin reparar que esto mismo conduce al empobrecimiento del conjunto y logra los efectos contrarios de lo que pregona querer remediar.
De los derechos individuales -tantas veces relativizados porque se desconoce su importancia y el largo proceso evolutivo por el que los humanos los internalizamos- el derecho de propiedad es el que seguramente puede ser vulnerado con mayor sutileza.
La CN es claramente explícita en su art. N°17 sobre el derecho de propiedad porque se asume que no se trata de un derecho que protege bienes inmediatos, sino que a su vez resulta uno de lo mayores incentivos al trabajo, a la creación, a la invención y a la innovación, así como nos permite la protección de nuestro futuro como individuos y por agregación el de todos los actores sociales.
Los fines de “utilidad pública” deben ser estipulados por ley y por lo mismo deben pasar por el Congreso, aunque en una sociedad impregnada de colectivismo, o por el desconocimiento de los legisladores, los limites en estos casos pueden resultar imprecisos. De cualquier manera, en todos los casos la expropiación debe ser previamente indemnizada y la confiscación queda expresamente prohibida.
Los gobiernos populistas, quienes pregonan “el estado presente”, como un karma que solucionará todos nuestros males, imponen todo tipo de controles a los libres intercambios: cepos, controles de precios, limitaciones a las importaciones y exportaciones; logrando efectos contrarios al que buscan porque la acción humana responde mejor a los incentivos correctos que a las malas restricciones de las que siempre busca escapar o no ser presa.
Por otra parte no hay forma que un grupo de iluminados gobernantes desde un estado pretenda modelar las acciones diarias y múltiples de millones gobernados, salvo que sea por la fuerza.
La pretensión estatista no se agota en regulaciones internas, sino que incorpora a su discurso ribetes nacionalistas (que bastante nos alimentan) y nos propone empresas del estado, empresas de todos, que finalmente no son de nadie y que producen ingentes pérdidas de los recursos públicos. Así es como el estado se mete a hacer lo que no debe, le sale mal y nos cuesta demasiado, mientras no hace lo que debiera o lo hace bien y eficientemente.
Porque es imposible analizar el gasto desvinculado de sus resultados: los servicios que se nos brindan.
El ”estado presente” producto de una pretensión colectivista que se nos vendió como paradigma y que nosotros compramos, nos sale caro. Seguramente al amparo del sueño de la grandeza que tuvimos y de algunos gestores interesados, vimos con beneplácito o desinterés el crecimiento elefantiásico de ese monstruo que hoy nos oprime con miles de regulaciones restrictivas y recaudatorias. Lo dejamos crecer mucho y mal porque miles de esas estructuras estatales no le sirven nada más que a quienes viven de ellas. Esto también afectan nuestro derecho de propiedad porque para su mantenimiento es necesario extremar la coerción recaudatoria impositiva.
Cuando ella es agotada, las posibilidades de financiamiento del déficit son más perversas todavía: con emisión o con endeudamiento. Ambas inevitablemente también afectan nuestro derecho de propiedad y para las que no se encuentra un límite fácil en la dinámica de los gobiernos en la que un estado voraz precisamente “por lo presente”, vulnera derechos que debieran servir al desarrollo y prosperidad de todos.
En resumen, la política debiera ser más cuidadosa con aquellas formas menos evidentes y sutiles por las que los gobiernos vulneran el derecho de propiedad, porque no solo se lesiona al visible “propietario”, sino que además como consecuencia se empobrece al conjunto, aunque el discurso redistributivo colectivista declame lo contrario.
