DATA CLAVE – Por Natalia Motyl, economista de LyP – Vamos a analizar los distintos escenarios. En primer lugar, hay que entender que nosotros compramos gas del resto del mundo para abastecer nuestra demanda local. Esa compra la realizamos a Bolivia, que hasta el 2021 representaba el 55% de nuestras importaciones totales de gas, y por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) de buques de Estados Unidos, Qatar y Trinidad y Tobago, representando el 45% de nuestras importaciones totales el año pasado.
Lamentablemente, este año Bolivia experimentó una menor producción de gas y vamos a tener que comprar más buques de GNL. Se estima que un 25% más de los 56 buques totales que adquirimos en 2021. En total, gastamos US$1.100 millones en su adquisición, a US$8,3 el millón de BTU. Si el precio se hubiese mantenido, habríamos tenido que pagar, con el incremento de cantidad, un total de US$1.379 millones, que hubiese sido suficiente con la quita del 20% de subsidios económicos para compensar.
No obstante, a raíz de una menor oferta, siendo Rusia uno de los mayores exportadores de gas natural, los precios se dispararon hasta superar los US$100 por millón de BTU. Esto es hasta un 1.000% más de precio de lo que pagábamos hasta el año pasado.
Si los precios se estabilizan en un promedio de US$40 el millón de BTU, sin el incremento del 25% de la cantidad que necesitamos comprar de GNL, nuestro país tendría que pagar US$5.301 millones en un año, 5 veces más de lo que venía pagando hasta ahora.
Al agregar el 25% de incremento en cantidad de GNL, por la menor producción de Bolivia, nuestro país deberá hacer frente a un total de US$6.626 millones. Es decir, 6 veces más de lo que veníamos pagando hasta ahora. Esto en el mejor de los escenarios.
Ahora bien, si los precios siguen subiendo y promedian los US$100 por millón de BTU, nos costaría US$13.253 millones en un año y US$16.566 millones con el aumento del 25% en cantidades. Es decir, un incremento del costo que iría del 1.100% al 1.400%. Sería el peor de los escenarios y es lo que más preocupa a nuestro país.
La pregunta es ¿cómo vamos a financiar estos mayores costos? Obviamente, las tensiones geopolíticas favorecieron la suba de precios de los productos básicos que nosotros vendemos al exterior como el trigo, el maíz y la soja. Sin embargo, va a ser insuficiente para compensar toda la pérdida de dólares que vamos a tener por la suba de los precios energéticos. Es muy probable que tengamos problemas en la balanza comercial en los próximos meses.
Por otra parte, esto va a generar un rojo fiscal que deberá ser absorbido con nuevas subas tarifarias en un contexto en el cual el nivel de vida de los argentinos se ha corrosionado fuertemente. Más allá de eso, en el mejor de los escenarios estamos hablando de un déficit de entre el 3 y el 4% del PBI. Un rojo fiscal que será financiado, muy probablemente, con más deuda o impuestos. O sea, más ajuste al privado.
Así que nos queda decidir cuál es el camino que va a escoger el gobierno. Sólo le quedan dos: producir más electricidad o, llegado el invierno, cortes de suministros. Muy probablemente, sea la segunda opción.
En ese caso, observaremos una paralización de la actividad industrial a partir de mediados del segundo trimestre que sumado a la falta de dólares para importar insumos básicos afectará soberanamente al sector.
Nos vuelve a suceder lo mismo que en el 2020, un shock exógeno nos encuentra mal parados y a falta de reformas estructurales de fondo nos enfrentamos a un escenario adverso.
La última pregunta es ¿hasta cuándo? Hasta qué punto estamos dispuestos a soportar nuevos choques externos ante un país que exige mínimas reformas.
