Emilio Apud es ingeniero industrial, director de YPF y ex Secretario de Energía y Minería de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.
CLARÍN – Quince de los últimos veinte años con el kirchnerismo en el poder bastaron para que el sector energético colapsara. Fueron en vano las medidas rectificatorias que introdujo parcialmente el gobierno de Macri durante sus tres años y medio previos al terremoto político que produjo las PASO.
Lo primero que hizo el kirchnerismo al asumir su cuarto mandato presidencial, fue retomar el camino que dejó sin energía al país luego de 12 años.
El leitmotiv de la gestión K en energía es la intervención en los precios de los servicios y productos para transferir recursos de la energía hacia el consumo con fines políticos. Populismo energético puro. También, la inseguridad jurídica por no respetar los marcos regulatorios, la estatización de las inversiones, la expropiación de activos y el capitalismo de amigos. Todo en un marco de gestión poco transparente e inepta.
Hay que recordar que Néstor Kirchner fue quien introdujo los subsidios crónicos en el sector sin necesidad alguna, debido a la bonanza que produjo en 2003 el salto espectacular de las commodities del campo. También contó con la capitalización del sector heredada de los 90, y con la pax económica y social luego del caos de la salida de la convertibilidad con las cruentas medidas de ajuste llevadas a cabo por la dupla Lenicov-Lavagna.
Hasta ese entonces, el sector se desempeñaba adecuadamente sin subsidios, el usuario pagaba lo que costaban el metro cúbico de gas, el KWh y el litro de combustible.
Los subsidios, que son medidas excepcionales de aplicación puntual en el tiempo en dosis homeopáticas, el kirchnerismo los utilizó en forma permanente e indiscriminada en un contexto inflacionario creciente.
Esa decisión populista además de onerosa fue injusta. Le costó al país USD150.000 millones hasta 2015, y el 20% de la población más rica recibió cuatro veces más subsidios que el 20% más pobre. Eso sí, los usuarios residenciales llegamos a pagar gustosos solo el 15% del costo de la energía que consumíamos, pero sin advertir las consecuencias: inflación, escasez y baja calidad de los servicios.
Así, se derrumbó la inversión, se descapitalizo el sector, nos endeudamos y empezamos a depender en forma creciente de importaciones de gas y combustibles.
Las inversiones que encaró y encara el kirchnerismo en el sector ameritan algunas precisiones. Son inversiones que las hace el Estado promovidas por intereses ajenos a la energía y en las que participan siempre empresarios amigos del poder. Es decir, no son obras prioritarias ni las mas convenientes y que dejan pasivos importantes a futuras generaciones de argentinos. Prescinden de los estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental, ya que con ellos se evidenciaría la inviabilidad de la mayoría.
Algunos ejemplos de inversiones K: “Central de generación eléctrica a carbón en Río Turbio”, sin tener el carbón para alimentarla. Se gastaron – no se invirtieron – más de USD 1.600 millones en una central carbonera que requería de 1,2 millones de tonelada de carbón anuales de la mina de Río Turbio que produce solo 0,2 millones. La “terminación de la central nuclear Atucha II”, con un presupuesto inicial de USD 900 millones, se concluyó con USD 4.100 millones.
La “Estatización parcial de las acciones de YPF”. En 2012 confiscan las acciones de la española Repsol en YPF, paradójicamente con el épico relato de la entonces presidente Cristina Kirchner de la “recuperación de YPF” cuando en los 90 había sido la principal promotora de su privatización para que su marido, gobernador de Santa Cruz, se hiciera de USD 600 millones de eventuales regalías adeudadas a la provincia cuyo destino nunca se pudo aclarar.
El responsable de esta aventura expropiatoria fue Kicillof, quien supuso mal que la recién nacida Vaca Muerta era una caja descomunal. Evidentemente no tenía idea de las inversiones ni del aprendizaje que se necesitaría antes de contar con una caja con fines políticos.
“Gracias” a esa intervención Kicillof pagó más de USD 6.000 millones por el 51%, no cumplió con los estatutos de YPF, lo que generó una demanda en los tribunales de Nueva York que nos costará entre USD3.000 y 6.000 millones y pagó al Club de París más de lo que correspondía para destrabar el acuerdo con Chevron, la única petrolera internacional que se animó a asociarse con la YPF de Galuccio.
En 2014, acuciados por la falta de reservas el gobierno, siguiendo las recomendaciones de Kicillof, le entrega a China un paquete de obras por cerca de USD 20.000 millones, que deberemos pagar todos los ciudadanos. Ninguna de esas obras era prioritaria y algunas innecesarias, pero permitían a cambio yuanes para swaps. Me refiero a las dos centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz, y otras dos nucleares que el sector eléctrico no necesita ni puede pagar.
Es necesario destacar entonces que la gestión de Kicillof endeudó innecesaria e irresponsablemente al país en alrededor de USD 30.000 millones, solo por su intervención en energía.
Ahora, anuncian con la épica de siempre la construcción del gasoducto para evacuar gas de Vaca Muerta. Esta obra ya la había licitado Macri con inversión privada a la que se habían presentado tres oferentes. Pero el Gobierno decide anularla para cambiarla tardíamente por otra que no cumple con los requisitos establecidos por el marco regulatorio, con inversión estatal y capitalismo de amigos. Se presentó un solo oferente.
Conclusión: el kirchnerismo ha usado al sector energético para su populismo energético, para sus negocios con empresarios amigos, para emparchar reservas del Banco Central que no alcanzan ni para importar la energía que tenemos pero que no producimos y, porque no también, para mejorar sus relaciones con países poco respetuosos del sistema democrático.
