EDITORIAL LA NACION – El ritmo de aumento de los precios ha subido un escalón en los últimos tres meses. Las variaciones mensuales, que oscilaban alrededor del 3% hasta fines del año pasado, se duplicaron. Un 6% mensual acumulativo lleva la inflación a un nivel de tres dígitos en 12 meses.
No es sostenible la argumentación del gobierno nacional que alega que esto es consecuencia de la situación internacional. En otros países tan expuestos como la Argentina el efecto ha sido sensiblemente menor. Además, nuestros gobernantes aplicaron medidas que desvincularon los precios internos de los externos en productos claves como el trigo y los hidrocarburos.
La inflación y su aceleración son de nuestro propio cuño y serían aún mayores si el Gobierno no hubiera puesto en juego otras diversas anclas y regulaciones. Por ejemplo: 1) el tipo de cambio oficial aplicado al comercio exterior y las finanzas se ha movido muy por debajo de la inflación; 2) las tarifas de los servicios públicos regulados no acompañaron el aumento de los costos ni del nivel general de precios; 3) la Secretaría de Comercio ha continuado disponiendo absurdos controles de precios a nivel minorista y mayorista, y 4) el Banco Central dispuso un aumento de la tasa de interés para intentar reducir la huida del dinero.
Las tres primeras medidas posiblemente hayan actuado como paliativos transitorios, pero acumulan atrasos y tensiones que sumarán inflación cuando sea imprescindible liberarlos para evitar mayores daños a la economía real. Esta es una historia conocida cuyo final es previsible. Los agentes económicos lo saben y la gente de la calle lo intuye. No debe extrañar, por lo tanto, que anticipen comportamientos previniendo los hechos. Se adelantan importaciones y se postergan exportaciones, impidiendo la acumulación de reservas. Los comercios retienen stocks de los productos con precios regulados porque no quieren perder dinero y comienzan a advertirse faltantes en las góndolas.
La situación es más comprometida cuando, al mismo tiempo que todo esto sucede, el Gobierno no corrige su déficit ni puede colocar deuda a intereses civilizados. Entonces, demanda dinero del Banco Central y este responde emitiendo. Así lo hizo en 2021 al alcanzar $1,4 billones, equivalentes a un 51% de la base monetaria. Hay quienes alegan que esa emisión se absorbe colocando Leliq, pero la realidad es que solo lo puede hacer a tasas elevadas que hacen crecer el endeudamiento como una bola de nieve.
Este juego puede durar varios meses y, en una hipótesis muy optimista, darle tiempo al Gobierno para implementar reformas estructurales que le permitan salir del círculo vicioso. De no ocurrir esto, asomará un riesgo que complicará aún más la situación; una aceleración de la velocidad de circulación del dinero o, visto desde otro ángulo, una acentuación de la huida del dinero. Esto ocurrió en 1989 y fue analizado en el libro La hiperinflación del 89, de Manuel Solanet (Editorial Lumiere, 2008). El M1 es la suma de billetes y monedas más los depósitos a la vista. La velocidad de circulación puede medirse por el número de días en que rota la totalidad del M1. Cuanto menor sea ese número, mayor será la velocidad. En junio de 1987 el M1 rotaba cada 11 días. En septiembre de 1988 lo hacía cada 6,1 días. A principios de 1989 se aceleró y en julio de ese año, en franca hiperinflación, rotaba cada 3,5 días. Si se considera que el dinero bancario necesita de 4 a 5 días para rotar, en hiperinflación los billetes no permanecían más de 48 horas en manos de la misma persona.
La duplicación de la velocidad de circulación tiene igual efecto inflacionario que una emisión que duplique la base monetaria. Cuanto mayor sea la velocidad, menor será el monto comparado de esa base frente a la economía y el déficit fiscal. Por lo tanto, mayor será la proporción y el impacto inflacionario de la emisión frente al dinero existente. En otras palabras, el efecto inflacionario de la emisión se autopotencia con el aumento de la velocidad de circulación. Esto explica la rápida espiralización de la inflación en 1989. Las mediciones recientes muestran una rotación del M1 de 17,1 días a fines de 2021 y de 13,2 días en marzo de 2022.
La tendencia prende una señal de advertencia para un gobierno al que aún le restan 18 meses de gestión. Es razón suficiente para reclamarle que encare con urgencia las reformas necesarias, incluso las que no le pide el Fondo Monetario Internacional. Se impone llevar adelante un programa creíble y sostenible, que genere inversiones y empleo privado, y haga posible reducir el gasto público y el déficit fiscal hasta suprimir la emisión. Es el único camino para ganar la lucha contra la inflación.
